9 de octubre 2020
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Por estos días en que cada vez es más fuerte el campanazo de alerta en todo el mundo para atender la crisis del cambio climático, la activista y abogada miskito Lottie Cunningham ha ganado el Premio Right Livelihood, conocido como el Nobel Alternativo, por su vasta trayectoria y dedicado trabajo en la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.
Para ella la razón por la que ha sido escogida es sencilla: en medio de ese llamado internacional para salvar el planeta, hay cada vez más consciencia y reconocimiento de que la lucha de los pueblos indígenas debe ser la lucha de la sociedad entera, ya que han sido los primeros en entender y practicar una vida en equilibrio con la naturaleza para garantizar la supervivencia de la humanidad.
El Right Livelihood tiene como propósito "honrar y apoyar a organizaciones y personas valientes que proponen soluciones visionarias y ejemplares a las causas profundas de los problemas globales”. Este año el jurado escogió a cuatro ganadores de casi 200 nominados de todo el mundo, entre ellos a Cunningham “por su incesante dedicación a la protección de las tierras y comunidades indígenas de la explotación y el saqueo”.
Incansable en su rol de denunciante de los atropellos que sufren las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, Cunningham reitera que el Estado no solamente las ha dejado solas, sino que permite sean ultrajadas e, inclusive, irrespeta y usurpa a las autoridades para su beneficio. “Vivimos una discriminación institucionalizada”, asegura.
Gobiernos paralelos a los autoridades indígenas
En entrevista en el programa Esta Noche la defensora nicaragüense galardonada habló sobre los momentos más duros y satisfactorios en su trayectoria como activista.
También reveló que funcionarios del actual Gobierno crean Gobiernos territoriales paralelos a los electos por las comunidades para lograr autorizaciones y permisos para empresas transnacionales, u obtener firmas de documentos que les permitan acceder a financiamiento internacional con entidades que usualmente cuentan con cláusulas de consultas y previa aprobación de los pueblos indígenas como requisito para acceder a préstamos o cooperación.
La situación ha llegado a ser más grave cuando las autoridades legítimamente electas han sido víctimas de denuncias, juicios y condenas por "usurpación de funciones", advierte Cunningham.
"Para nosotros es muy importante el premio en este contexto en el pueblo de Nicaragua está sufriendo una crisis de derechos humanos que yo he identificado como la más profunda de su historia y por supuesto que esto tiene una consecuencia en los pueblos indígenas y afrodescendientes", sostiene.
¿Cómo es un día de trabajo para usted? ¿Qué significa ser activista por los derechos humanos de las comunidades indígenas en un país como Nicaragua?
No podemos pensar en trabajar en un horario de ocho horas, como un abogado desde su oficina, sino que tenemos que trabajar 24 horas si es posible, particularmente en todos estos años. No es a partir de 2018, sino que fue desde 2015 que se incrementó la violencia y los asesinatos en las comunidades, que ha sido la forma en que hemos venido trabajando para luchar por la justicia social y ambiental que tanto anhela el pueblo.
Han venido agravándose los patrones de criminalización hacia nosotros y tenemos que redoblar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra estrategia, porque cuando uno lucha contra corporaciones transnacionales y el propio Estado, que con su anuencia ha permitido la invasión masiva de los colonos, requiere de mucho, mucho trabajo y mucha convicción, mucha dedicación.
¿Cuál es la memoria más dura, más difícil, que usted conserva en toda su trayectoria como defensora de derechos humanos de las comunidades en la Costa Caribe?
Una de las memorias más duras ha sido revivir en 2015 los asesinatos que sufrieron las comunidades, los ataques masivos a las comunidades, revivir la memoria de la Navidad Roja, para mí fue muy complejo, muy difícil, porque nosotros en 1981 fuimos desplazados de nuestros territorios. Más de 200 comunidades fueron quemadas, desplazadas a un asentamiento.
No es igual que yo lo cuente, que escuchés el testimonio de las madres, que por esos desplazamientos forzosos no han podido darle tres tiempos de comida a sus hijos. Muchas de ellas han dicho que solo pueden darle un plato de comida y que esa comida es un banano con sal. Esos testimonios son los más difíciles para mí, son los que me dan energía.
Habrá también momentos de alegría o de celebración, ¿cuál es el que más atesora?
Los buenos tiempos es cuando hay aquella esperanza de continuar esa lucha ante el mecanismo internacional, donde se visibiliza la situación precaria de los pueblos indígenas y afrodescendientes ante el mecanismo internacional y nacional.
Que Nicaragua entera escuche que, aun con la exclusión social por muchos años, hemos podido lograr ante los mecanismos del Sistema Interamericano, por ejemplo, contar con 12 medidas de protección para las comunidades. Esos son los momentos que te dan una alegría, porque te da esperanza de que vamos a llegar a lograr la justicia social.
Hay también amenazas de muerte hacia usted. En 2017 denunció amenazas de parte de grupos afines al Gobierno. ¿Han vuelto a ocurrir? ¿Tiene miedo?
Nosotros vivimos bajo amenaza, diferentes tipos de amenaza. Las autoridades del Estado han venido implementando sistemáticamente diferentes patrones de criminalización, no estoy excluida de eso. Vivimos bajo intimidaciones, bajo hostigamiento, por ejemplo, incluso con estas nuevas legislaciones que se han propuesto, tanto la de (regulación de) agentes extranjeros como la de ciberdelitos, eso viene a concretizar lo que nosotros ya hemos venido viviendo.
Pero cuando uno está claro de que está diciendo la verdad, cuando uno está claro de que aquellas mujeres indígenas de más de 200 comunidades que viven tan aisladas, que viven día a día para luchar por su vida y por su territorio y por su autonomía, no pueden alzar la voz, eso te da una energía, eso te impulsa a continuar esa lucha.
En una entrevista en este mismo espacio, usted explicaba en 2019 sobre la invasión y la desprotección de los pueblos miskitos en la zona norte del Caribe y nos decía que “la Policía continúa la impunidad que existe y que el Ejército ha dicho que no tienen ninguna orden de nivel superior para proteger a las comunidades”. Es una situación que también ocurre en la zona sur del Caribe, así lo denunció el Gobierno Territorial Rama Kriol, que incluso fue tratado de manera incriminatoria y asediado por miembros del Ejército. ¿Por qué cree usted que hay ese desprecio hacia las autoridades y las poblaciones indígenas y afrodescendientes desde el Ejército y la policía, en el Caribe de nuestro país?
Nosotros, como pueblos indígenas y afrodescendientes, vivimos una discriminación institucionalizada y la vemos con la omisión o las acciones de los funcionarios del Estado, incluso de la Policía Nacional y el Ejército. En ningún momento las autoridades han querido cumplir con acciones concretas para proteger la vida, el territorio y la identidad cultural de los pueblos.
Eso es lo que estamos viendo ahorita, con lo que acaba de pasar con los hermanos y hermanas indígenas Rama Kriol. Nosotros en el norte lo vivimos a diario.
Los funcionarios del Estado en Nicaragua han venido a inmiscuirse, incluso, en la forma de elecciones tradicionales de los pueblos indígenas y han creado gobiernos paralelos. ¿Por qué han creado estos gobiernos paralelos? Porque ellos necesitan de estos gobiernos paralelos para que les den las autorizaciones y permisos a las corporaciones transnacionales, incluso que les firmen documentos, por ejemplo, para que el Banco Mundial le pueda facilitar o hacer préstamos.
Quiere decir, entonces, que este desprecio por parte de las autoridades del Gobierno central hacia las autoridades indígenas, ¿es para usurpar el poder o la potestad que tienen en los territorios?
Los nuevos patrones de criminalización por parte de los funcionarios del Estado lo han venido haciendo por medio del sistema de justicia penal, donde han violado el debido proceso, acusaciones sin fundamento.
Han sido tan criminalizadas las autoridades electas por las comunidades indígenas, que hemos llegado al punto que están sufriendo condenas. Irónicamente, el Estado les ha puesto el delito y la condena por “usurpación de funciones”.
¿Qué propone ante esta negligencia gubernamental sobre lo que sucede en la Costa Caribe?
Nosotros vamos a continuar y a través de este premio vamos a continuar con nuestro mecanismo internacional. Vamos a hacer una campaña en la que toda Europa también tenga mayor conocimiento de cómo el Gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas.
A raíz de la rebelión de abril de 2018 se ha hablado de la construcción de una nueva Nicaragua. ¿Participan las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en esa visión de la nueva Nicaragua o están excluidas?
Por supuesto que hay una participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes a través de la Alianza Cívica y a través de la Unidad Nacional (Azul y Blanco), (los representantes) están ahí tratando de incidir para que en la agenda nacional queden las demandas más sentidas de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes han estado en una lucha mucho antes que la crisis de 2018 y continúa con su agenda en torno al Sistema Interamericano, para lograr que el Estado cree una comisión de diálogo con los pueblos indígenas. Sin embargo, continuamos articulando esfuerzos, para que la demanda de los pueblos indígenas quede en la agenda nacional para el proceso de transición.
