3 de junio 2019
Aquellos que al frente de las protestas de la Rebelión de Abril incomodaron más al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, o se han convertido en símbolo de la resistencia ciudadana, son quienes permanecen como los últimos presos políticos en las cárceles de la dictadura. Ellos son el núcleo de rehenes que Ortega pretende preservar como carta de negociación hasta el último minuto, mientras se agota el plazo para la liberación plena de todos, este 18 de junio.
Las cifras de la cacería política
La cacería política de la dictadura ha llevado a cientos de nicaragüenses a la cárcel. A trece meses de la rebelión ciudadana, más de 700 son presos políticos o rehenes que el orteguismo utiliza como fichas de cambio.
182 presos políticos continúan en las cárceles de la dictadura. Más de una decena de ellos están recluidos en celdas de aislamiento o máxima seguridad.
521 reos de conciencia han sido excarcelados. Pero sin recibir libertad plena, permanecen como rehenes del orteguismo, según lista de la Alianza Cívica.
92 nicaragüenses reportados como perseguidos políticos o secuestrados por la dictadura no están en las cárceles del país y se consideran desaparecidos.
Desde el restablecimiento del segundo intento de un diálogo nacional, con la instalación de la mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la dictadura de Ortega y Murillo, el 27 de febrero en el INCAE, unos 500 presos políticos han sido excarcelados, pero ninguno ha sido liberado plenamente. Bajo régimen de convivencia familiar o casa por cárcel, todos los reos de conciencia excarcelados permanecen como rehenes políticos, sin su liberación absoluta y sobreseimiento de los delitos que la dictadura les imputa, como demandan el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, organismos de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional.
En las cárceles de la dictadura, permanece, sin embargo, un grupo selecto de presos políticos integrado por líderes campesinos que se han ganado el reconocimiento nacional por plantarle la cara al régimen desde hace más de un lustro; dirigentes estudiantiles que se colocaron al frente de protestas o las trincheras de los recintos universitarios; representantes de las expresiones locales del Movimiento 19 de Abril, que enarbolaron el reclamo de verdad, justicia y libertad tras la masacre orteguista; periodistas encarcelados ilegalmente por ejercer su profesión, denunciando las violaciones de la dictadura; exmilitares o combatientes históricos que rompieron con el orteguismo, y ciudadanos que elevaron su voz contra la represión a las protestas ciudadanas a las que Ortega respondió dejando un saldo de 325 muertos, miles de heridos, decenas de desaparecidos, cientos de presos políticos y decenas de miles exiliados por la persecución política.
Dictadura los niega
A mediados de marzo, la dictadura se comprometió a liberar a todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días, que vence el 18 de junio. A quince días de que el plazo se agote, al menos 182 presos políticos continúan en las cárceles de la dictadura.
Entre esos 182 presos políticos que siguen encarcelados, el Gobierno no reconoce a más de 90 de ellos, calificándolos como delincuentes comunes por supuestos asesinatos, terrorismo, crimen organizado y otros delitos, en su mayoría fabricados a la medida de los intereses del régimen.
CONFIDENCIAL analizó las listas de excarcelación publicadas por el Ministerio de Gobernación y las bases de datos de los presos políticos. Además, tuvo acceso a la lista conciliada por la Alianza Cívica y la dictadura en la mesa de negociación.
"Rehenes de la impunidad"
El análisis permitió verificar que al menos 78 de los presos políticos encarcelados corresponden a ese núcleo selecto de rehenes de la dictadura.
Además de los líderes de las protestas, la lista incluye presos políticos a quienes se les atribuyen delitos comunes en casos emblemáticos de crímenes que realmente continúan en la impunidad, a la espera de una investigación independiente y creíble.
Dos de ellos son los jóvenes creole Brandon Lovo y Glen Slate, condenados a más de 23 años y más de 12 años de cárcel, respectivamente, por el asesinato del periodista Ángel Gahona, mientras transmitía en vivo el desenlace de una protesta en Bluefields, el 21 de abril de 2018. Lovo y Slate fueron los primeros presos políticos condenados por la justicia orteguista, y este domingo cumplen 383 días en prisión.
De este grupo de 78 presos políticos hay al menos 35 que ya han sido condenados, con penas que van desde los cinco hasta los 216 años de cárcel.
Otros presos políticos de casos emblemáticos para la dictadura son los jóvenes Juan López, Michael Peña, Fernando Ortega y Rommel Guillén, procesados y condenados —sin pruebas y a pesar de la contradicción de los testigos oficialistas—, por el asesinato de Roberto Carlos García Paladino, hijo de crianza de Francisco “Chico” López, tesorero del Frente Sandinista y vicepresidente de Albanisa.
O el polémico Cristhian Josué Mendoza Fernández, alias “el Víper”, preso desde el 31 de mayo de 2018 y condenado a 59 años de prisión por delitos de asesinato y terrorismo, con los que la dictadura ha intentado vincular también al académico exiliado Félix Maradiaga, director del cancelado y confiscado Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Los más incómodos
Entre los presos políticos que la dictadura Ortega y Murillo se rehúsa a liberar, están aquellos que más le incomodan por su liderazgo y arraigo en diferentes sectores del país y de la protesta. La mayoría de ellos se ha convertido en rostro de la rebelión autoconvocada que estalló en abril de 2018. La lucha, que surgió sin ningún rostro visible, ha encontrado en ellos un nuevo liderazgo nacional, forjado en su resistencia y fortaleza moral a pesar de la cárcel, el aislamiento, los maltratos y torturas.
La mayoría de ellos, incluso, llevan entre 87 y 337 días en prisión, a pesar de no tienen una condena firme y sus audiencias han sido reprogramadas en reiteradas ocasiones de forma injustificada.
Son los casos de los líderes del Movimiento 19 de Abril de Masaya, Yubrank Suazo (236 días) y Christian Fajardo (315 días), encarcelados además en las celdas de máxima seguridad de El Infiernillo, donde tienen acceso limitado a alimentos, agua, luz natural o artificial y reciben torturas físicas y sicológicas permanentes.
En las mismas celdas de castigo, y también sin ninguna condena firme, están los exmilitares Carlos Brenes (278 días), Tomás Maldonado (304 días) y el profesor Ricardo Baltodano (260 días), hermano de la comandante guerrillera Mónica Baltodano.
Los líderes universitarios Byron Corea Estrada, Victoria Obando (mujer trans) y Nahiroby Olivas también llevan 281 días de cárcel ilegal. Igualmente, los también dirigentes universitarios Amaya Coppens y Edwin Carcache, llevan 236 y 271 días en prisión, respectivamente.
Otros líderes estudiantiles han sido condenados bajo el argumento de delitos comunes, como los jóvenes Kevin Rodrigo Espinoza y Hansel Vázquez, condenados a 17 años y medio de cárcel. Espinoza, además, está confinado a las celdas de El Infiernillo, por mostrar su resistencia en la prisión.
Los periodistas también han resultado incómodos para el régimen. El director de 100% Noticias, Miguel Mora, y su jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, ya suman 163 días de prisión, la mayoría de esos días en celdas de aislamiento en El Chipote y La Modelo o La Esperanza.
El disparate como norma
Contra los presos políticos, la justicia orteguista ha impuesto el disparate como norma. Los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas y Lener Fonseca han sido objeto de torturas y maltratos por liderar las luchas anticanal contra Ortega desde 2014 y sumarse al frente de las protestas de la Rebelión de Abril.
Mairena, encarcelado desde hace 324 días permanece encarcelado y aislado en El Infiernillo, condenado a 216 años de prisión. Mientras Mena, en las mismas condiciones, está condenado a 210 años de cárcel.
La líder de los comerciantes del Mercado Oriental, Irlanda Jerez, quien convocó a la desobediencia civil, está condenada, por su parte, a cinco años de cárcel por supuesto estelionato. Jerez, sin embargo, ha sufrido varias palizas en prisión, intentos de abuso sexual y de asesinato.
Otros presos políticos también sufren la saña por ser rostros representativos de las protestas locales, como el exdiputado liberal de Acoyapa, Nardo Sequeira, que suma 312 días en prisión y permanece en El Infiernillo; o el excandidato a alcalde liberal de Diriá, Rogerio Ortega, encarcelado hace 322 días y el último de los presos políticos del pequeño poblado de 10 000 habitantes que alzó más de 30 barricadas contra la dictadura orteguista.
En el plazo que se agota, Ortega está obligado a garantizar la libertad plena de los presos políticos excarcelados y en prisión, y también a suspender el Estado de excepción de facto impuesto a finales de septiembre de 2018, cuando ordenó la prohibición de las movilizaciones cívicas. Aunque Ortega se mantiene inamovible, su matanza y represión le han costado el rechazo masivo de la población y la mirada atenta de la comunidad internacional, que este 18 de junio espera la liberación plena de todos los excarcelados y los últimos rehenes que su dictadura mantiene en prisión.
Cronología de las excarcelaciones
Entre el 27 de febrero y el 30 de mayo de 2019, el Ministerio de Gobernación ha confirmado la excarcelación de 387 presos políticos, a quienes describe como “personas que cometieron delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública”. Otros han salido a cuenta gotas. Ninguno ha sido liberado plenamente, como demanda la Alianza Cívica, el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, la comunidad internacional y organismos de derechos humanos.
- Febrero, 27
100 presos políticos son excarcelados, horas antes de la instalación de la mesa de negociación entre las delegaciones de la Alianza Cívica y la dictadura de Ortega-Murillo. Entre las excarceladas están Brenda Muñoz (Diriá) y Ruth Matute (Masaya), ambas delicadas de salud por enfermedades crónicas.
- Marzo, 15
50 reos de conciencia, entre ellos los universitarios Yaritza Rostrán, Nelly Roque, Solange Centeno y Levi Artola, son excarcelados. El Gobierno incumple sus acuerdos con la Alianza Cívica. La Unidad Nacional protesta el 16 de marzo y unas 160 personas son detenidas por más de diez horas.
- Abril, 5
50 reos políticos son excarcelados, entre ellos Fredrych Castillo, atrincherado en la UNAN-Managua y sobreviviente del ataque paramilitar contra el recinto y la parroquia Divina Misericordia. Es el primero en salir de El Infiernillo. Detalla que los presos políticos sufren aislamiento, torturas y palizas.
- Abril, 16
636 presos son excarcelados en víspera de Semana Santa. El Ministerio de Gobernación asegura que 36 son reconocidos en la lista de la Mesa de Negociación y la CIDH. La Alianza Cívica reclama que solo 18 de los 36 corresponden a la lista de presos políticos y denuncia manipulación oficial.
- Mayo, 20
100 reos de conciencia de la dictadura son excarcelados “por decisión unilateral del Gobierno”, tras la suspensión de la Mesa de Negociación, según el Ministerio de Gobernación. La excarcelación ocurre en víspera de otra reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Entre los excarcelados está María Adilia Peralta, esposa del dirigente del Movimiento 19 de Abril de Masaya, Cristian Fajardo, quien sigue en prisión. También el universitario y exmiembro de UNEN, Dilon Zeledón; dos de los tres hermanos músicos y presos políticos de Jinotepe, Jean Carlos y Luis Miguel Esteban Lesage, y la niquinohomeña Tania Muñoz, hermana de la tenor Olesia Muñoz, quien también continúa en prisión.
- Mayo, 30
50 presos políticos son excarcelados, en el aniversario de la masacre orteguista contra la “madre de las marchas” de 2018, que dejó 19 muertos en Managua, Chinandega, Estelí, La Trinidad y Masaya. Entre los excarcelados está el exmilitar sandinista Alfonso Morazán, de Matagalpa, y varios presos políticos de Jinotega y Sébaco. Gobernación también excarcela a 207 reas comunes, entre quienes estaba una presa política procesada como rea común.