21 de junio 2023
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La represión en las cárceles de Nicaragua ha dependido de un esquema de lealtad a Daniel Ortega y Rosario Murillo de parte de los mandos penitenciarios. “La subordinación de los oficiales del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y El Chipote ha sido mortal”, afirma Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nunca +.
Bajo Ortega y Murillo, Nicaragua vive un totalitarismo que subordina a todas las instituciones como la Fiscalía, la Policía, los jueces, los forenses, la Defensoría Pública y el Sistema Penitenciario, agrega.
Un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló en 2020 que 1614 personas fueron privadas de libertad en el contexto de la crisis nicaragüense. Una parte fueron conducidos a El Chipote, otros a delegaciones policiales en Managua y al Sistema Penitenciario de Nicaragua.
La jefatura de El Chipote
El Chipote es la oficina de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), que se hace cargo de los delitos más peligrosos como el narcotráfico y el terrorismo, este último un delito fabricado para encarcelar y condenar a presos políticos. La DAJ está bajo el mando del comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, quien fue sancionado por Estados Unidos el 5 de marzo de 2020 por considerarlo responsable de graves abusos de derechos humanos. Dos meses después, también lo castigó la Unión Europea.
La segunda jefa de la DAJ es la comisionada Belking Jaoska Trujillo nombrada este año, según la nota de prensa 006-2023, en una serie de ascensos de policías mujeres, en las que busca fomentar a lo interno la lealtad al proyecto político de Ortega.
La cúpula policial depende directamente de la jefatura presidida por el primer comisionado Francisco Díaz, actual director, pero las órdenes de Ortega y Murillo son canalizadas a través de los asesores de seguridad: Néstor Moncada Lau y el comisionado general en retiro, Horacio Rocha.
El pilar esencial de cada una de estas estructuras es la impunidad. En el caso del Sistema Penitenciario son cinco funcionarios los de la cúpula de la institución penitenciaria del país: El director, dos subdirectores y un inspector general. El sistema es cuestionado también por la subordinación política al régimen de Ortega y las agresiones contra los presos políticos. El esquema es controlado por el Ejecutivo, a través del viceministro Luis Cañas, un expolicía cercano a la pareja gobernante, según fuentes consultadas.
Los oficiales del Sistema Penitenciario
Tras una investigación documental, el testimonio de tres exreos de conciencia y un informe reciente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, CONFIDENCIAL enlista a varios de los funcionarios penitenciarios señalados por abusos o por su servilismo a Ortega:
- Prefecto Julio Guillermo Orozco, director general del Sistema Penitenciario Nacional: Es la máxima autoridad bajo cuya responsabilidad descansa todo el sistema. Lleva al menos nueve años en ese cargo, fiel a Ortega. Según un informe de un organismo de derechos humanos, amenazó a los reos con matarlos si se portaban mal.
- Subprefecto Venancio Miguel Alaniz Ulloa, subdirector general administrativo. Apareció sorpresivamente en la visita que realizaron en marzo de 2023 familiares al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Ha sido señalado como torturador y fiel cumplidor de las órdenes del FSLN. Fue ascendido al rango de subprefecto el 31 de octubre de 2018.
- Subprefecto Enrique Leonel Velásquez, subdirector general operativo. Por su cargo, tiene responsabilidad en todos los ámbitos de la institución. Fue ascendido por orden de Ortega al rango de subprefecto el 31 de octubre de 2018.
- Subprefecto José Luis Gómez Suazo, inspector general. Ascendido a su actual grado en un acto presidido por Ortega y la ministra de Gobernación el 19 de octubre de 2020.
- Alcaide Dionisio Palacios, director de Seguridad Penitenciaria Nacional. Ocupó en mayo de 2023 una cuadrangular de softbol, organizada por el Ministerio de Gobernación, para elogiar a Ortega y Murillo, de quienes dijo están “dirigiendo de manera sabia y haciendo las cosas que verdaderamente van componiendo el país”.
- Alcaide José René Vargas Artola, director de Educación Penal. Fue ascendido el 19 de octubre de 2020. Ha participado en actividades donde los reos ofrecen declaraciones alabando a Ortega como ocurrió el 9 de diciembre de 2021, cuando el recluso Álvaro Domingo Torres dijo que había aprendido a leer “gracias a Dios y el comandante”.
- Ronald José Moya Guevara, subdirector del penal Jorge Navarro. Otro propagandista. En el aniversario 41 de la Cruzada Nacional de Alfabetización dijo que era un gusto darle continuidad como institución al “programa de Carlos Fonseca Amador y del buen Gobierno”, en referencia a Ortega.
- Primer alguacil Vladimir Chávez Chávez, asignado al penal Jorge Navarro, en Tipitapa. Es señalado directamente por la comisión de torturas y por los actos intimidatorios en general contra los presos políticos. A ellos les orientaba que nunca debían alzar la cabeza frente a los funcionarios del SPN, según los testimonios.
- Roberto Clemente Guevara Gómez, director de Máxima Seguridad conocida como "la 300". Está a cargo de esta sección, donde se ha ensañado contra los reos de conciencia. Ha dirigido golpizas personalmente y es quien autoriza directamente las torturas.
- William Trujillo, subdirector de “la 300”. Denunciado por golpizas.
- Ignacio Matus, conocido como “El Gato”, oficial de la Dirección de Máxima Seguridad. Era el jefe de las requisas en las celdas, célebre por su saña contra los reos de conciencia.
- Byron Castro, jefe de la Dirección de Investigación Penitenciaria de “la 300”.
- Alcaide Evenor Centeno, exdirector de Establecimiento de Máxima Seguridad.
- Alcaide Denis Evelio Muñoz, Centro Penitenciario de Chinandega. Es un conocido propagandista de Ortega. En diciembre de 2020, explicó que el otorgamiento del beneficio de convivencia familiar a reos comunes se daba por la “buena voluntad de nuestro comandante y la compañera Rosario”.
- Alcaide Rodrigo García, Centro Penitenciario de Granada. En un acto de liberación de 194 presos a finales de 2022, el funcionario dijo que se trataba de “un evento que simbolizaba la unión familiar, promovida por nuestro Gobierno”.
- Alcaide Janeth Pérez, exdirectora de Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres. Señalada públicamente por expresas políticas por tortura psicológica.
- Iván Ruiz Ruiz, señalado como torturador de presos políticos. Fue ascendido al grado de alcaide el 19 de octubre de 2020.
- Rodolfo Pérez, alias “Tropicón”: Estuvo en La Modelo y “la 300”. Participó en el operativo de represión contra los reos de conciencia el 31 de diciembre de 2018, cuando los presos fueron agredidos, tras un culto en honor de las personas asesinadas, que fue dirigido por Eddy Montes Praslin, asesinado en 2019.
- Darling Iván Morales Duarte, alcalde del Sistema Penitenciario de Waswalí. Uno de los reos aseguró que este señor se identifica abiertamente con el orteguismo. Lo amenazó con que le daría veneno y así le haría “un favor a la patria”.
Las preguntas que Naciones Unidas hizo al DGSPN
El Grupo de Expertos de derechos Humanos de Naciones Unidas (GHREN), presidido por el alemán Jan-Michael Simon, documentó la participación de las autoridades penitenciarias en actos de tortura y otros tratos crueles.
“Las violaciones, abusos y crímenes investigados por el GHREN y descritos en el presente informe dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países”, sostuvo el informe.
Simon, quien describió a Nicaragua como una verdadera “escena del crimen”, envió una carta el 28 de diciembre a la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, y al director del DGSPN, el prefecto Julio Guillermo Orozco sobre el personal de las penitenciarías y las denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos (incluidas las de presunta violencia sexual) ante el Ministerio Público. Sin embargo, no recibieron respuesta.
