3 de febrero 2020
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De lunes a sábado, de ocho de la mañana a seis de la tarde, nueve oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), se apostan frente al edificio Lafise, en la carretera hacia a Masaya, con el único objetivo de evitar cualquier acto de reunión pública. Ni el incremento en el número de robos ni el aumento de otras actividades delictivas en la capital ha alterado la ejecución de esta rutina represiva. Al contrario, se replica en las principales rotondas, centros financieros, plazas comerciales y en todo espacio público, que haya sido utilizado para convocar a una protesta en contra del régimen orteguista.
Después de la matanza de abril y la “operación limpieza”, Ortega instaló el estado de excepción en septiembre de 2018, cuando la Policía anuló el derecho de reunión y movilización pacífica, al prohibir la celebración de marchas de protesta cívica. Durante un año y cuatro meses la dictadura ha intentado implantar el orden y la “normalidad” al imponer, por las vías de hecho, un estado policial.
Para fortalecer el brazo ejecutor de este estado de sitio de facto, en 2019 se aumentó considerablemente el número de efectivos policiales, apuntalado en un incremento en el presupuesto de la Policía Nacional.
En 2014, la Policía Nacional contaba con 13 549 efectivos, de acuerdo al anuario estadístico de ese año. Para 2017 la cifra aumentó hasta 15 479 hombres y mujeres, sin embargo, en 2018 descendió hasta 14 946. En lugar de continuar con la tendencia de incremento tuvo un déficit de 533 oficiales que hasta la fecha la institución no ha aclarado si corresponden a bajas o deserciones a raíz de la Rebelión de Abril.
Agentes de la Policía Nacional apostados frente a la iglesia San Antonio, en Jinotepe, Carazo, en julio de 2019. Foto: Carlos Herrera / Confidencial
En 2019, la institución realizó cinco graduaciones de nuevos policías (marzo, dos en junio, octubre y diciembre) y el resultado final de dichas promociones fue de 1920 nuevos agentes. Si sumamos esta cifra con el número global presentado en el anuario estadístico de 2018, a inicios de 2020 se proyectan 16 866 oficiales.
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“La convocatoria fue para completar la unidad especial (DOEP) y un remanente para tapar los huecos. La disminución en el número de policías puede tener esa lectura, no solo deserción, sino crecimiento de plantilla, es decir, hubo movimientos internos”, explicó un analista de seguridad a CONFIDENCIAL.
El crecimiento en hombres y mujeres también se deriva de un aumento del presupuesto de la institución policial. Un análisis realizado por el economista Leonardo Labarca, indica que el presupuesto de gasto de la Policía Nacional pasó de 598.4 millones de córdobas en 2005, un año antes del retorno de Ortega al poder, a 3 836.24 millones en 2020, es decir, tuvo una variación del 541% en 15 años.
Antimotines, con escudos y bombas lacrimógenas, descansan bajo una sombra frente al edificio del Centro Pellas. Foto: Carlos Herrera | CONFIDENCIAL
Labarca basó su análisis en los datos de los libros del Presupuesto General de la República, entre 2005 y 2018. El experto refiere que la Policía Nacional tuvo un aumento promedio cada año del 15.12%. Esto significó un incremento significativo en su participación en el presupuesto de gastos del Gobierno central, al pasar del 3.79% en 2005 a un 4.23% en 2018. O sea, pasó de 1 156.5 millones en 2009 a 3 546.3 millones de córdobas en 2018.
A pesar de la aguda recesión económica que estalló en 2018, el presupuesto destinado a la Policía continuó creciendo en 2019 y 2020. En el presupuesto de 2019 se destinó un monto de gastos a la PN de 3 586.71 millones de córdobas, lo que se traduce en un aumento del 1.14% (40.3 millones) respecto a lo ejecutado en 2018.
Posteriormente, cuando el Gobierno efectuó una reforma al Presupuesto General de 2019, la Policía Nacional recibió un aumento del 2.2% (79.89 millones). Para el año 2020 el Gobierno de Nicaragua le otorgó un incremento del 4.6% (169 millones), en comparación con la reforma aprobada de 2019.
Cinco hombres de confianza
“Desde la reforma de la Policía Nacional quien manda en la institución son ellos dos, Daniel y Rosario”, asegura un analista en temas seguridad consultado por CONFIDENCIAL.
Para mantener el estado de sitio policial en la capital y todo el país, Ortega y Murillo estructuraron una red operativa dirigida por cinco hombres de su entera confianza: Néstor Moncada Lau, exoficial de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, y jefe de inteligencia y seguridad de El Carmen; Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial y jefe de la institución; Adolfo Marenco, subdirector de la Policía, jefe de inteligencia e investigación, y secretario político del Frente Sandinista de la institución policial; Ramón Avellán, también subdirector y quien estuvo a cargo de dirigir la sangrienta represión contra los manifestantes de Masaya; y Jaime Vanegas, inspector general.
Si bien Ortega y Murillo controlan la institución policial como equipo, la figura de mayor autoridad en la institución es Daniel, mientras la vicepresidenta está de frente a la operatividad “porque es la que está pendiente de todo”, afirma otro analista de seguridad consultado por este medio de comunicación.
“Ella materializa más la voluntad de ellos porque está en el contacto diario. Pero quien tiene más autoridad es Daniel. Él la puede contradecir, puede cambiar una decisión de ella. Ella no puede, no la van a respetar igual que a él. Por ejemplo: quien revirtió el decreto del INSS fue él”, imponiendo su autoridad, explica el analista.
Moncada y Díaz representan el primer escalón de mando en la estructura, por debajo de Ortega y Murillo. Mientras el jefe de la Policía maneja, administra y ejecuta operativamente las órdenes dentro de la institución, Moncada Lau está a cargo de operaciones especiales y de bajar las órdenes a otras instancias.
“Díaz lo hace basado en el mando formal que tiene sobre la Policía. Moncada lo hace por encargo de la pareja y lo hace hacia la estructura que corresponda cumplir o atender la orientación. Moncada formalmente no está al mismo nivel de “Paco” (Díaz), pero la confianza que le tiene la pareja y fidelidad mostrada, lo hace ser depositario de decisiones variadas”, refirió uno de los analistas consultados por CONFIDENCIAL.
En el siguiente escalón continúa Marenco, a cargo de investigación policial e inteligencia política, que también tiene línea directa hasta El Carmen. Es el presidente del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado y esto le permite tener información de la UAF, SIBOIF, DGI. A su cargo tiene un personal capacitado y fiel que a la postre es fundamental para cualquier nombramiento que quiera realizar Murillo. “Es Marenco quien filtra a esos candidatos que al final aprueba Rosario”, resumió uno de los analistas.
Agentes policiales y antimotines evitan a empujones que los ciudadanos marchen libremente, lo que es un derecho. Foto: Carlos Herrera.
Aunque Avellán tiene el cargo de subdirector, al igual que Marenco, la confianza que tiene Murillo hacia este último, provocó que fuera desplazado dentro de la institución policial. “Avellán les es más útil en la calle. No lo hemos visto recientemente porque no existen grandes protestas o levantamientos como en abril, pero si ocurre, regresa, ni dudarlo”, reafirma un expolicía.
Por último, pero no menos importante, está Jaime Vanegas, encargado de manejar la argumentación legal conveniente para explicar ante los medios de comunicación por qué se prohíben las marchas o se captura a un opositor.
La orden dictada por Ortega y Murillo a la estructura conformada para dirigir el estado de sitio policial fue no permitir otro levantamiento como el ocurrido en abril de 2018, es decir, “no dejarlos levantar la mano”.
“En una reunión (realizada a finales de abril de 2018) en la que participaron todos, se orientó que no debían dejar levantar cabeza a ningún manifestante. Esa fue la línea política, y como no hay asuntos internos ni medidas disciplinarias (para los oficiales que abusen de su poder), entonces tienen un aval político para hacer lo que quieran”, indicó el experto en seguridad.
Policía Nacional asedia los templos y centros comerciales de Managua. Carlos Herrera | Confidencial
“Lo que hizo Fidel Domínguez con la familia de León, lo que pasó con el periodista de Acción 10, lo que hicieron en Metrocentro, todo eso está dentro de ese contexto de no dejar que levanten la mano”, agregó el analista de seguridad.
Moncada, por ejemplo, bajó la directriz a las instituciones que tiene a cargo (Sistema Penitenciario, Aduana, Migración, Ministerio de Gobernación). Díaz se encargó de la coordinación operativa dentro de la institución policial en general.
Auxilio Judicial y los paramilitares
Marenco coordinó directamente con la Dirección de Auxilio Judicial. Esta instancia es la encargada de la investigación pública y de recibir todos los aportes que las otras áreas de la Policía deben suministrar para confeccionar los expedientes que mandan a la Fiscalía para la acusación.
“Auxilio Judicial como especialidad nacional está subordinada al subdirector general que atiende el área investigativa. Pero informa de todo proceso investigativo. Nadie entra a los calabozos si no informan. No reciben detenidos de ninguna instancia policial si no es con la autorización de la jefatura”, explicó uno de los analistas consultados por CONFIDENCIAL.
En teoría, Auxilio Judicial es un área de la Policía que depende de un subdirector que a su vez está debajo de Díaz. “Debería de depender de Avellán, pero en la práctica es de Marenco”, agregó el experto.
El analista insistió en que de la misma forma en que Auxilio Judicial tiene “independencia” pero debe actuar si recibe órdenes o no, así mismo sucede en las delegaciones departamentales. “El jefe de la delegación es el que ordena porque recibe la orden de la jefatura nacional”, indicó.
Carlos Herrera | CONFIDENCIAL
Avellán estuvo a cargo de pasar la orden a las tropas que actuaron durante la operación limpieza, coludidos con los grupos paramilitares reclutados por la misma Policía Nacional. Fue fundamental que el mensaje calara durante esta etapa de la represión, de esta forma para cuando la protesta se redujera al mínimo, los oficiales no dudaran ni un segundo en ejecutar la orden dictada por la pareja presidencial.
Si bien los paramilitares fueron una pieza clave para limpiar los tranques que los ciudadanos pusieron en protesta contra el régimen de Ortega, en la actualidad su trabajo es menos visible comparado con esos meses en los que salieron con armas de guerra a disparar a mansalva.
“Hay dos fuerzas de choque paralelas que coadyuvan al estado de sitio, la uniformada legalmente (policías) y los paramilitares, para accionar bajo la garantía de que no les va a pasar nada”, indicó otro analista en seguridad.
Paramilitares orteguistas campean a sus anchas en las calles de Monimbó, Masaya, en julio de 2018. Foto: Carlos Herrera.
La orden de mano dura se ejecuta de la misma forma que se hizo durante la operación limpieza. La diferencia es que la violencia no es la misma porque no existe una resistencia como la que se levantó en abril de 2018. Esto no significa que los oficiales no puedan usar la fuerza bruta, al contrario, esta es la premisa que impera para mantener la protesta a niveles mínimos.
“El jefe de la unidad operativa que está en el lugar es el que se encarga de tomar las decisiones (que se cumpla la mano dura). A los que levanten la mano se las bajan. Para ellos que algo salga mal sería que la gente los reduzca en las calles, pero si esto no sucede, el resto es correcto porque cumple con su principal función”, agregó el experto en seguridad.
¿Hay desgaste en la Policía Nacional?
Aunque no hay marchas y los “piquetes exprés” de los opositores al régimen son de impacto reducido, la Policía custodia en el día, la tarde y la noche, las principales avenidas de Managua y de otras ciudades del país. En zonas como Lafise Carretera hacia Masaya, Metrocentro, frente a la Universidad Centroamericana (UCA), Invercasa, y Camino de Oriente una patrulla permanece todo el día con nueve oficiales de la DOEP, armados con AK 47 y bombas lacrimógenas.
Llegan a las ocho de la mañana y se marchan a las seis de la tarde. Mientras cinco realizan una “guardia” de una hora frente a la entrada de centros comerciales o en las rotondas, los demás esperan sentados, acostados, escuchando música o chateando. Transcurridos 60 minutos, los de adentro ocupan el lugar de los de afuera, y así pasan hasta que reciben la orden de retirarse del sitio.
Agentes de la DOEP chatean y conversan durante su turno de vigilancia en Camino de Oriente. Foto: Carlos Herrera | CONFIDENCIAL
Los domingos la cantidad de efectivos es menor en estos puntos. A veces solo realizan rondas a bordo de la patrulla, pero no se estacionan en el lugar. Sin embargo, cuando la oposición anuncia una marcha o conferencia de prensa, despliegan más de 50 efectivos para cumplir con su misión.
Quienes realizan guardia son oficiales de primera línea, no mayores de 20 años, recién graduados de la institución policial. Todavía mantienen su cara y el cuerpo de adolescentes en plena culminación de su desarrollo físico. En ocasiones las armas estorban y prefieren tenerlas dentro de la camioneta. A veces las ocupan para apoyarse y soportar estar de pie viendo pasar decenas de carros por las avenidas.
Dentro de las filas de la Policía Nacional hay cansancio, no obstante, los oficiales no lo manifiestan a sus superiores. Existe mucho temor a la represión y al desempleo, asegura un expolicía consultado por este medio. Si bien es posible que en plena insurrección de abril alrededor de 500 oficiales hayan desertado, en la actualidad, no existe una razón, similar a la de 2018, que motive a los agentes a salirse de la Policía.
Un sector de Carretera a Masaya, cerca del Hotel Hilton Princess, ocupado este lunes por decenas de policías y antimotinas. // Foto: Carlos Herrera
“Si hubiese un levantamiento popular más fuerte, más parecido a las movilizaciones en mayo, junio y septiembre de 2018, eso podría empoderar a más policías a desertar. Sin embargo, para un policía no es justificable desertar con las cosas como están”, refirió el analista en seguridad.
Otro experto consultado agregó que uno de los temores de los oficiales en cuanto al tema de la deserción es que no solo se trata de buscar una alternativa para él, sino para toda su familia. Hasta ahora la oposición solo ofrece la oportunidad de un cambio, pero no ha materializado una propuesta para los agentes que están cansados de la vigilancia diaria en el país.
Carlos Herrera | CONFIDENCIAL
“Claro, estamos hablando de los policías más viejos. Los más nuevos, estos son otra historia. Son de bajo nivel académico, gente del campo, jovencitos, con fidelidad política porque son recomendados por los CLS, por gente del barrio o de la comarca. Ese oficial no está hastiado, está sediento de aventura”, aseguró el analista, quien agregó que los agentes que estaban antes de abril son los que “quisieran que el conflicto estuviera resuelto”.
El expolicía consultado para este reportaje expresó que la institución trata de paliar el cansancio policial con mejores salarios (para los DOEP), mejor alimentación, bonos para útiles escolares y descuentos en supermercados.
Los viejos versus los nuevos
Los nuevos oficiales de la DOEP son, a simple vista, jóvenes que recién cumplieron 18 años, que apenas se graduaron como oficiales en la academia de la institución. Para formar parte de esta dirección de la Policía un agente debería pasar, al menos, por otras áreas un mínimo de dos o tres años.
Para los expertos en seguridad y el exoficial consultado por CONFIDENCIAL, sorprende el hecho de que agentes recién salidos de la academia ingresen a la DOEP, pues, en definitiva, esta dirección no es la ruta de entrada de la Policía.
Carlos Herrera | CONFIDENCIAL
“Para pasar a la DOEP el agente debe reunir experiencia, condiciones físicas, esto tiene que ver con tamaño, estructura corporal, y aparte de disponibilidad y la actitud para aprender”, indicó uno de los analistas en seguridad.
Para el experto en seguridad los mandos de la institución policial no están escatimando mucha experiencia para que formen parte de la DOEP porque “para aprender a garrotear y tirar bombas, no se necesita mucho”, aunque refirió que el hecho de que no pasen mucho tiempo en la academia ni que tengan experiencia, no quiere decir que no sigan entrenando para mejorar técnicas.
En las redes sociales, pobladores han denunciado que la Policía está reclutando a pandilleros, jóvenes en riesgo o de escasos recursos para que formen parte de la institución. Sobre este punto uno de los analistas en seguridad respondió que “no solo a esos”, sino a ciudadanos con antecedentes delictivos y oficiales que fueron dados de baja deshonrosa a quienes le borraron sus antecedentes a cambio de operar con fuerza en contra de los opositores al régimen.
“No les interesa si están capacitados o no. Lo importante es que sean fieles políticamente”, insistió el experto, quien lamentó que se hayan perdido los valores que destacaron en su momento dentro de la institución policial.
Durante muchos años la dirección de la Policía Nacional trabajó en un proceso de restructuración, un marco legal adecuado, código de ética y líneas de capacitación, para impulsar la profesionalización de la institución.
Policías reprimen a ciudadanos que se manifestaban en Metrocentro, Managua. Foto: Carlos Herrera.
Los requisitos para ser policía pasaban primero por un nivel académico de hasta sexto grado para los oficiales de base, y de bachiller para cadete, además de no poseer antecedentes, tener honorabilidad, un buen comportamiento social, y “todo esto se verificaba”.
“Pero todo comenzó a cambiar con la llegada de Daniel a la presidencia. Empezaron a crearse más grados, los grados y cargos se vieron como oportunidad de ciclos de fidelidad. Ortega decía que el modelo de policía apolítica no deliberante era algo de los gringos, y que esta debía responder al gobernante de turno”, recordó el experto.
Para los analistas en seguridad, expertos en temas policiales y el exoficial consultado para este reportaje, los nuevos miembros de la Policía Nacional, incluido los altos mandos, perdieron todos estos valores que marcaron a la institución a raíz de la transición política que se inició con el triunfo de la expresidenta Violeta Barrios en 1990.
Un joven durante una protesta contra del Gobierno de Daniel Ortega en Managua. EFE | Jorge Torres | CONFIDENCIAL.
La falta de profesionalización se evidencia con la inclusión de las estructuras partidarias a la Policía Nacional. A excepción de la estructura central, en los distritos, municipios y departamentos, el jefe a cargo de la delegación es el secretario del partido de Gobierno y los encargados de las áreas de Auxilio Judicial, Drogas, Tránsito, forman el Consejo del mismo movimiento político.
“La Policía como institución ya no existe. Lo que hay es un cuerpo armado que responde a las órdenes de dos personas: Daniel y Rosario”, concluyó uno de los analistas consultados para este reportaje.
