29 de septiembre 2022
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Guillermo Blandón, párroco de la iglesia Santa Lucía en Boaco, se encontraba en la ciudad de Jerusalén, un patrimonio cargado de significado para judíos, cristianos y musulmanes, cuando le avisaron que su madre Velia Gómez había fallecido.
Era su segunda pérdida en una semana. Blandón lloró la muerte del sacerdote jesuita Raúl Solórzano, importante en su vocación sacerdotal, ocurrida cinco días antes. La tercera mala noticia le llegó cuando se encontraba en Miami, Florida, ya dispuesto a volver a Nicaragua y se enteró de que no podría hacerlo.
La línea aérea le comunicó el 26 de septiembre pasado que el régimen de Daniel Ortega le prohibió regresar. “Subí a Jerusalén y ahora me están crucificando los de mi propia patria, negándome la entrada a mi país. Estoy viviendo la pasión (de Cristo) de esta manera. Dios me fortalece, me ha dado mucha paz y tranquilidad”, dijo vía telefónica Blandón, quien niega que los sacerdotes estén cometiendo delitos en Nicaragua como señala el régimen, “ni falta a la soberanía ni nada”.
Para el religioso, la Iglesia católica, los sacerdotes en el exilio, o quienes se encuentran recluidos a la fuerza como el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, están viviendo también la pasión de Jesucristo, quien subió a Jerusalén “para morir por toda la redención de los hombres”.
“Me asombró, me cayó de sorpresa y me tambaleó. Ese cambio de vida que debo tener ahora. Dejar mi tierra, mi familia, mi gente, mi pueblo, mi parroquia, mi calorcito, todo eso a vivir en un país que no es el mío”, reconoció el religioso, quien informó a su obispo y se encuentra a la espera de que la Iglesia decida cuál será ahora su destino.
Según el sacerdote, el viaje a Tierra Santa fue un regalo de su familia que tiene un significado especial para él, porque debió hacerlo en 2018, en ocasión de sus 25 años de vida sacerdotal, un tiempo para meditar y reafirmar su fe. En ese año, sin embargo, estallaron las protestas ciudadanas contra el régimen de Daniel Ortega, luego siguió la pandemia y hasta ahora pudo viajar.
“Hasta ahorita que estaba un poquito más tranquilo del covid-19, porque en Nicaragua no hemos tenido tranquilidad desde 2018, entonces decidí hacer mi viaje. Entonces, como hay familiares aquí en Miami, me vine para acá y de aquí viajé a Tierra Santa”, relató.
Más de una docena de nicaragüenses desterrados por Ortega y Murillo
En los últimos meses, una docena de nicaragüenses han sido víctimas de destierro como Blandón. También hay miembros de la sociedad civil y la comunidad universitaria como el vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), Jorge Huete, a quien le prohibieron el retorno después de un viaje de trabajo a Argentina.
El exrector jesuita José Alberto Idiáquez tampoco pudo regresar a Nicaragua en julio pasado, cuando se encontraba en México atendiendo problemas de salud, porque las autoridades no le renovaron su pasaporte.
Se trata de una represalia, porque la UCA abrió sus instalaciones a los estudiantes que fueron perseguidos por policías y paramilitares en las protestas de 2018. Una factura que también incluye su exclusión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la cancelación de su porcentaje del 6% constitucional, con el cual financiaba becas para estudiantes.
El destierro de nicaragüenses por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo también incluye a intelectuales, activistas y ciudadanos en general, sin ninguna explicación oficial.
La socióloga feminista María Teresa Blandón recibió la noticia el primero de julio pasado. Ella venía de participar en una conferencia sobre población y desarrollo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuando hizo escala en la capital de El Salvador. Ahí le informaron sobre su nueva situación.
“La vida se ve trastocada: desde buscar dónde vivir, por cuánto tiempo, además de indignación, hay una carga de incertidumbre, de no saber cómo vas a reorganizarte”, explica Blandón, fundadora del ilegalizado programa centroamericano La Corriente y crítica del régimen Ortega Murillo.
El mismo día que desterraron a María Teresa Blandón, la dictadura hizo lo mismo con el sacerdote Juan de Dios García, vicario de la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, ubicada en la segunda entrada de residencial Las Colinas en Managua. Ahí se resguardó, a finales de mayo, el mismo obispo Álvarez cuando fue asediado durante cinco días por la Policía que siguió persiguiéndolo, lo cercó en la diócesis de Matagalpa entre el 4 y el 19 de agosto hasta que asaltó la Curia Episcopal y lo encerraron a la fuerza en la residencia donde también viven sus padres, en Managua.
“Se invierte muchas energías en procurarte un espacio mínimamente seguro para colocarte en un nuevo escenario; recurrir a redes de apoyo que no todo mundo tiene. Si las tenés, probablemente se vuelva menos traumático y reorganizás tu vida. Pero, evidentemente, eso no es lo que pasa con la mayoría de personas que se han visto obligadas a salir del país o que no les han permitido entrar”, agregó la socióloga Blandón.
HRW: Nicaragua no es propiedad privada de Ortega
Para Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) y quien ha dado seguimiento a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, Ortega sigue violando las libertades de los nicaragüenses.
“Toda persona tiene un derecho humano a regresar a su país de origen. Es hora de que Ortega entienda que Nicaragua no es su propiedad privada, sino el país de los nicaragüenses”, afirmó a través de un mensaje de WhatsApp.
Según el portal de HRW, la excesiva concentración de poder en el Ejecutivo ha permitido que se cometan abusos contra críticos con absoluta impunidad.
Entre los nicaragüenses desterrados están: Anexa Alfred Cunningham, miembro de un mecanismo de expertos sobre derechos de pueblos indígenas de la ONU; el abogado Francisco Omar Gutiérrez, delegado como defensor del sacerdote Leonardo Urbina, condenado por la justicia orteguista; el médico Joaquín Solís Piura y su esposa y el escritor Mario Urtecho.
Tampoco se les ha permitido entrar al país a los nicaragüenses residentes en el extranjero: Rosalía Miller, Felicia Medina, Tifani Roberts y Lester Alemán, este último padre del joven preso político del mismo nombre.
Destierro violenta derechos constitucionales
Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), sostiene que la medida gubernamental violenta la Constitución Política de Nicaragua, en lo referido al derecho de los ciudadanos a movilizarse en cualquier parte del país.
Núñez afirma que también se abusa del derecho consagrado en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, instrumentos reconocidos por el Estado de Nicaragua como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derecho y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, incluidos otros instrumentos internacionales.
🔴 ALERTA URGENTE| Régimen Ortega Murillo niega la entrada de nicaragüenses a su propio país, es un violador expreso de este derecho y se coloca al margen de la ley internacional. Se impone el deber de protección de los Estados democráticos del mundo. #SOSNicaragua pic.twitter.com/n0LFNOPfWx
— Cenidh (@cenidh) September 28, 2022
La presidenta del Cenidh indica que la situación legal en la que queda cada desterrado, al conocer la decisión del Estado, depende del lugar dónde quedan varados y la relación migratoria de ese país con los nicaragüenses.
Por ejemplo, mencionó que si quedan en Estados Unidos —donde dependiendo de la visa tendrían cierta movilidad y la posibilidad de pedir refugio— o si logran avanzar a Centroamérica donde en tres países—El Salvador, Honduras y Guatemala—pueden movilizarse con la cédula de identidad nicaragüense.
“No se puede decir que quedan indocumentados. No les han quitado el pasaporte. Ellos tienen su documento vigente, entonces no se les ha quitado su identidad. Lo que hay que darse cuenta es que esa situación (la decisión del Estado) a qué los expone en el país donde les pasó eso (el destierro). Su caso dependerá de la política de los países donde queden varados, por la crueldad sin límites de este Gobierno”, explicó Núñez.
Para la defensora de derechos humanos, es cuestionable el papel de las autoridades nicaragüenses a todos sus niveles, tanto de la Dirección General de Migración y Extranjería como del Ministerio de Gobernación, institución a la que atribuyen las medidas en los correos de notificaciones enviadas por las aerolíneas.
Núñez afirma que se trata de decisiones emanadas desde el reparto El Carmen, en referencia a la residencia de la familia presidencial. Tanto al padre Guillermo Blandón, como a la socióloga feminista y las otras víctimas del Estado, la decisión estatal les plantea el desafío de seguir con sus trabajos y su vida, a pesar de que fueron separados a la fuerza de Nicaragua.
