Los crímenes de lesa humanidad de Daniel Ortega

I. Richard Pavón. 17 años. Asesinado por disparos de escopeta

La vida de Richard Eduardo Pavón, de 17 años, fue segada el 19 de abril entre las 6:00 de la tarde y las 7:30 de la noche, cuando recibió varios disparos a pocos metros de la Alcaldía de Tipitapa. El joven, estudiante de secundaria en el colegio Gaspar García Laviana, amaba el deporte y formaba parte de una comparsa. Su sueño era hallar un trabajo para continuar sus estudios. No lo logró: el dictamen médico forense estableció que los proyectiles ingresaron por la espalda, producto de una escopeta disparada a pocos metros de la Alcaldía Municipal.

Richard Pavón Bermúdez, estudiante de 17 años, muerto en Tipitapa. Confidencial | Facebook

Richard Eduardo Pavón fue una de las primeras víctimas de una brutal respuesta del régimen de Daniel Ortega a las manifestaciones que se extendían por todo el país exigiendo el fin de su mandato. Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el asesinato del adolescente es un crimen de lesa humanidad que no debe quedar en la impunidad.

El GIEI presentó sus conclusiones tras seis meses de trabajo el jueves pasado en Washington, después de que la dictadura de Ortega ordenara la expulsión de los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y de los expertos del GIEI, cuyo mandato debía terminar en enero. Estos expertos, que se conformaron como una especie de comisión de la verdad para esclarecer los hechos ocurridos entre el 18 de abril –cuando comenzaron las protestas– y el 30 de mayo –cuando se perpetuó la denominada “Masacre del Día de las Madres”– determinaron que hubo un uso desproporcionado de la fuerza para ahogar las manifestaciones.

“El ejercicio de violencia por parte del Estado no consistió en actos aislados, sino que fue llevado a cabo de manera organizada y en distintos momentos y lugares del país. No se trató de eventos que se expliquen por la decisión individual de uno o más agentes policiales, sino que se trató de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado”, señala el informe. Para el GIEI “se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”.

En el caso de Richard, el informe del GIEI –que se basa en el análisis del dictamen médico forense, entrevistas con testigos y el análisis de videos e información disponible en redes sociales– señala al personal del Cuerpo de Protección Física (CPF) de la Alcaldía de Tipitapa como los posibles responsables del asesinato del joven.

El país entero se conmovió al conocer su muerte violenta, mientras decenas de miles de nicaragüenses iniciaban una rebelión que más tarde costaría más de 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Tras recibir los disparos, el adolescente fue trasladado por personas del lugar a la sucursal de un banco nacional para que el personal de los bomberos lo asistiera, pero Richard murió antes de ingresar al Hospital Yolanda Mayorga, de esa ciudad.

“Inicialmente la Policía Nacional y diversos medios de prensa reportaron a Richard como un joven militante sandinista y atribuyeron la autoría del disparo a 'grupos de vándalos que pretendían llegar hasta la Alcaldía'. Incluso la propia vicepresidenta Rosario Murillo mencionó el caso en un discurso. No obstante, su familia desmintió públicamente tales afirmaciones y no aceptó el dinero que le ofrecieron desde el Gobierno”, se lee en el informe del GIEI.

Una serie de correos electrónicos a los que tuvo acceso CONFIDENCIAL muestran que la respuesta inicial a la crisis la dirigió Murillo. En esos primeros días fue notoria la ausencia del presidente Ortega. Fue ella quien el 19 de abril ordenó a los secretarios políticos del FSLN que se reunieran en Managua para planificar la estrategia a seguir frente a las manifestaciones. Esa reunión se realizó en el Parque Japonés de en horas del mediodía y en ella participó Fidel Moreno, secretario de la alcaldía capitalina y leal operador de Murillo.

Ligia Gómez, exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Nicaragua y secretaria política del FSLN en esa institución, dijo en una entrevista exclusiva con el periodista Carlos Fernando Chamorro que la orden de la vicepresidenta fue: “Vamos con todo”, en relación a reventar las protestas. “La orientación que recibimos de él (Fidel Moreno) en la reunión fue ‘vamos con todo, no vamos a dejar que nos roben la revolución’”, explicó Gómez.

II. Hilton Mazanares. 33 años. Disparos en el tórax y la cabeza

Hilton Manzanares, suboficial de la DOEP, muerto el 19 de abril, en una foto tomada de su perfil Facebook. Confidencial

Hilton Rafael Manzanares dejó a tres hijos en la orfandad, después de ser asesinado por disparos que le impactaron en la cabeza y el tórax. Era subinspector de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP) y aunque fue trasladado al Hospital Alemán Nicaragüense ingresó sin vida. Es uno de los 22 policías asesinados en el marco de la represión contras las manifestaciones. El Gobierno de Ortega ha hecho desde un inicio hincapié en estos asesinatos, desatando una cacería contra el liderazgo de las protestas para hallar culpables de las muertes de estos oficiales. El Ejecutivo, sin embargo, no accedió a las gestiones hechas por el GIEI para reunirse con los familiares de los policías fallecidos.

Los expertos recogieron en su informe que el asesinato de Manzanares fue atribuido por la Policía Nacional a “grupos vándalos que salieron de la Universidad Politécnica (UPOLI)”, una versión que coincidía con las acusaciones que Murillo ya había comenzado a hacer en los medios oficiales, desde los que llamaba vandálicos a los manifestantes. La misma Murillo –recoge el GIEI– mantuvo la versión policial sobre el caso de Manzanares y dijo que su asesinato fue perpetrado por “almas mezquinas”.

El 19 de abril, el diario “El 19 Digital” –caja de resonancia de Murillo– citó un informe de la Policía y dijo que “grupos destabilizadores que se oponen a las reformas para dar estabilidad a la Seguridad Social y atentan contra la paz, asesinaron al miembro de la Policía Nacional Hilton Rafael Manzanares, de 33 años”. Por este crimen la justicia controlada por Ortega impuso 90 años de cárcel a Carlos Alberto Bonilla López (alías “El Conejo”).  El asesinato del Policía, sin embargo, no ha sido esclarecido a cabalidad y “surgen elementos que sugieren hipótesis diversas a la planteada en la condena”, advierte el GIEI. Los expertos recomiendan “una investigación seria, imparcial y efectiva” para determinar con precisión lo ocurrido.

III. Darwin Urbina. Impactos en el cuello y tórax

Familiares de Darwin Urbina desmienten versión oficial de su muerte en el sector de la UPOLI. Confidencial | Wilfredo Miranda

El 19 de abril, cuando Darwin Urbina Urbina regresaba a su casa después de su jornada de trabajo en un supermercado de la capital, se unió a las manifestaciones que se mantenían en el sector de la Universidad Politécnica (UPOLI), declarado como el bastión de la rebelión universitaria que exigía el fin de la dictadura.

Esa universidad fue una de las primeras en ser tomadas por los estudiantes como forma de protesta y se convirtió en el centro de la atención nacional. Al inicio de las protestas unos 150 estudiantes se mantenían atrincherados y dentro del recinto –cuya entrada era restringida– los universitarios reunían medicinas, alimentos y agua que la población de forma solidaria les enviaba. Estaban acosados día y noche por las huestes sandinistas, a tal punto que uno de los médicos voluntarios que trabajaba en el centro de atención improvisado en unas aulas del campus dijo que había atendido a decenas de heridos y dos muertos. Culpó al Gobierno de Ortega de la represión contra la población. "Estamos intentando salvar vidas. El sábado atendimos 38 heridos. Todos los heridos que tuvimos eran por armas de fuego. Todas las heridas eran del abdomen a la cabeza, porque están apuntando a matar", afirmó el médico en esa ocasión.

Darwin, de 29 años, murió la tarde del 19 de abril producto de las graves lesiones que sufrió tras la represión desatada por antimotines de la Policía en la zona de la UPOLI. El informe del GIEI cita el dictamen médico hecho postmortem, en el que se establece que un artefacto explosivo le impactó en el cuello y tórax, “destruyéndole la laringe y la tráquea y lacerándole una arteria”.

“Si bien la vicepresidenta Rosario Murillo, invocando como fuente a la Policía, atribuyó la responsabilidad por el hecho a “balas que salieron de una escopeta (…) disparada desde la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)”, la información disponible indica que las heridas habrían sido provocadas por una bomba de luz y sonido utilizada por la Policía Nacional”, se lee en el informe del grupo de expertos.

El GIEI también reporta –basado en varios testimonios– que la Policía habría amenazado a los familiares del joven con no entregar su cadáver “si no firmaban un acta de defunción que consignaba que la muerte había ocurrido por machetazos de los estudiantes”. Fue la presencia de un médico forense la que impidió que se realizara este hecho. El grupo de expertos también relata que “los hostigamientos continuaron durante el velorio, donde integrantes de la Policía Nacional amenazaron a la familia y tiraron bombas lacrimógenas. También recibieron amenazas a través de miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC)”.

IV. Erik Cubillo. 36 años. Pulmones perforados

Erick Cubillo Solís, trabajador de Enatrel y estudiante de la UNI. Confidencial | Facebook

El 20 de abril se cumplían tres días de protestas que ya se habían extendido a todo el territorio. Ese día la violencia ya sumaba 19 muertos y la orden de Rosario Murillo fue exigir a los secretarios políticos del Frente Sandinista el control de al capital, según se desprende de los correos en poder de CONFIDENCIAL. El Estado ya no controlaba las calles frente a las protestas que se habían convertido en masivas demostraciones de rechazo contra la dictadura.

"Debemos garantizar la presencia inmediata de toda nuestra militancia institucional en 61 puntos emblemáticos de nuestra ciudad, así como toda la logística requerida, en coordinación con nuestros Secretari@s Polític@s Distritales (sic), estaremos en posesión de estos puntos por tiempo indefinido”, detalla la orden. La toma de Managua, sin embargo, fracasó y Murillo, incansable, dio nuevas órdenes a los secretarios del partido.

Ese día fue uno de los más duros de la represión. A las 14 horas fue asesinad Erik Andrés Cubillo, de 36 años, ingeniero industrial y padre de dos niños, de siete y dos años respectivamente. Egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, el hombre trabajaba en la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (ENATREL). Se encontraba en el predio que divide la UNI y el Estadio Nacional de Beisbol.

“Mientras la Policía Nacional reprimía a las personas que se manifestaban, recibió múltiples impactos de arma de fuego, que le perforaron uno de sus pulmones. Luego de recibir los disparos, cayó al piso agonizando y golpeó fuertemente su cabeza contra suelo. Diversos elementos indican que fue la Policía quien realizó el disparo”, señala el informe del GIEI.

El hombre fue asistido por estudiantes universitarios, muchos de ellos estudiantes de medicina que se trasladaron a la UNI para ayudar a los jóvenes atrincherados en ese recinto. Ellos practicaron primeros auxilios a Erik, quien luego sería trasladado al Centro de Salud Roberto Herrera por oficiales de la Policía. “Llegó sin vida al establecimiento médico. De acuerdo al Dictamen médico legal, en su cuerpo se registraron tres orificios de entrada de proyectiles y le fueron extraídos dos perdigones”, establece el informe del grupo de expertos.

V. Marlon Manases. 20 años. Disparo en la cabeza

Marlon Manases, en una foto de su perfil de Facebook, publicada a mediados de abril. | Confidencial

El Chino le decían de cariño. Era un joven que apenas había terminado el quinto año de secundaria, militante del Frente Sandinista que tras el ataque a los pensionados en Camino de Oriente, decidió apoyar a los estudiantes en su repentina rebelión. Marlon Manases Martínez fue asesinado el 20 de abril a las cinco de la tarde. Recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza.

El joven había dicho que “los ancianos no tienen fuerza, vamos a luchar por ellos” y decidió unirse a las manifestaciones en las cercanías de la UNI, en plena represión de la policía contra ese recinto, que además contaban con el apoyo de grupos de choque leales al Frente Sandinista.

El informe del GIEI, que hace referencia al dictamen médico forense, afirma que “la víctima registraba golpes previos a su muerte en la cabeza, uno de ellos en la boca que le arranco tres dientes”.

“La información disponible indica que fue herido por esa acción realizada por la Policía Nacional y grupos de choque. Herido de muerte, Marlon Manases fue trasladado al Hospital Vélez Paiz, desde donde lo derivaron al Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca. Allí se lo declaró fallecido a las 20:20 horas”, señala el informe.

Brutalidad y uso excesivo de la fuerza

Escultura en honor a las víctimas de la masacre de abril, colocada en mayo en la Rotonda Jean Paul Genie. Confidencial/ Cortesía Mauricio Balladares.

El GIEI preparó un informe de 485 páginas con su investigación y conclusiones. Además, construyó un sitio web donde detalla cada uno de los casos estudiados durante su mandato, en el que se explica quiénes eran y como fallecieron las víctimas en el marco de la represión contra las manifestaciones antigubernamentales. El informe denuncia el uso excesivo de la fuerza y la brutalidad contra los manifestantes. La mayoría de las víctimas del periodo investigado son hombres jóvenes, asesinados por balas encontradas en cuellos, tórax, pulmones, cabeza. Solo el 20 de abril, uno de los días más duros de la represión, se registraron 25 asesinatos en el marco de las protestas. El informe del GIEI señala principalmente a la Policía y huestes de Ortega como los responsables de la matanza. Estas son algunas de las víctimas de aquel fatídico día.

Gerardo Castillo, de 42 años, asesinado por un disparo de arma de fuego que le impactó en el tórax

Jonathan López, 20 años, murió por un disparo en el cuello y también sufrió otro en su pierna derecha

Moroni López, 19 años, recibió un proyectil en el abdomen

Moroni Jacob López en una foto de su perfil de Facebook. | Confidencial

Harlinton López, de 18 años, recibió disparos de escopeta en el tórax y en una pierna

Alvis Molina, 35 años, recibió impactos de arma de fuego en el hemitórax izquierdo.

Carlos Alberto Bonilla, 17 años, disparos de arma de fuego en la cabeza

Carlos Bonilla López, de 17 años, en una foto de su perfil de Facebook. | Confidencial

Nelson Téllez Huete, 35 años, impacto de bala que le causó un edema cerebral severo

Hammer García, 19 años, impactos de arma de fuego en la espalda

Orlando Francisco Pérez, 23 años, impacto de bala en el tórax

Los jóvenes Orlando Pérez y Franco Valdivia. Uno amaba al Barcelona y el otro era un rapero de conciencia social. Cortesía

Cristhian Cadenas, 23 años, murió calcinado. Su cuerpo fue hallado desmembrado en la sede del CUUN, en León.

Jairo Hernández, 23 años, falleció de un impacto de bala en la cabeza

Jimmy Paiz, 53 años, y Apolonio Díaz, de 44 años, ambos fallecieron calcinados tras participar en el incendio de Radio Darío, en León.

Juan Carlos López, 24 años, impacto de arma de fuego en el pecho

Franco Valdivia, 24 años, impacto de arma de fuego en la cabeza

César Castillo, 42 años, impacto de arma de fuego en el tórax

José Amador, 17 años, disparo en el tórax

Francisco Sobalvarro, 24 años impacto de arma de fuego en pulmones y riñones.

Leé todas las entregas sobre este especial: 

• I Entrega: Los crímenes de lesa humanidad de Daniel Ortega
• II Entrega: Negación de justicia y una maquinaria de impunidad
• III Entrega: Policía comanda estructura represiva del régimen
• IV Entrega: GIEI: “Reparación a las víctimas de la represión”
• IV Entrega: Redes sociales fueron clave para informe del GIEI