¿Quién está detrás de los dos atentados contra Joao Maldonado en Costa Rica?

521 días después del primer atentado contra el opositor del régimen orteguista y exiliado nicaragüense, Joao Maldonado, ocurrido el 11 de septiembre de 2021 en el distrito de Escazú, en San José, Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgó un video de los sospechosos de cometer el delito que calificó como un intento de homicidio, con el objetivo de intentar encontrarlos.

La grabación mostraba al conductor de una camioneta roja Nissan Frontier alcanzando a un hombre a bordo de una motocicleta. Tras unos minutos de recorrido, un tercer hombre baja de la camioneta y se sube con el de la moto. Después, los dos hombres en la motocicleta persiguen un vehículo blanco y empiezan a disparar. A bordo del auto iba Maldonado.

“Disparan inicialmente en su lado izquierdo y, posteriormente se posicionan de frente y siguen disparando en al menos tres ocasiones, hiriéndolo en su clavícula, el abdomen y el antebrazo”, declaró Roy Ruiz, investigador del OIJ.

Maldonado estaba en los preparativos finales para una manifestación contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, convocada para el día siguiente en la capital costarricense. Herido, Maldonado logró manejar hasta un hospital cercano, donde estuvo varias semanas en estado delicado.

Con la divulgación del video, el 14 de febrero de 2023, las autoridades costarricenses esperaban que la población les ayudara a identificar a los sujetos implicados. Pero sin novedades sobre los resultados de esa búsqueda, Maldonado sufrió un nuevo atentado, 330 días después.

El 10 de enero de 2024, a las 10:55 de la mañana, Maldonado junto a su pareja, Nadia Robleto –también opositora y refugiada– fueron interceptados en las cercanías de la Universidad Latina, en San Pedro de Montes de Oca, por dos hombres a bordo de una moto. Después de recibir siete disparos en el tórax y la cabeza, el nicaragüense siguió conduciendo el vehículo Hyundai Excel hasta el cruce de la calle de La Amargura, donde logró estacionarse y él y Robleto –quien recibió un disparo en la cabeza– fueron trasladados a un centro hospitalario, donde siguen en condición delicada.

¿Quién es Joao Maldonado?

Joao Maldonado Bermúdez, de 36 años, se graduó como Ingeniero en Computación en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en Managua, y practicaba las disciplinas deportivas de sambo y judo. “Siempre fue un chavalo de pocas palabras. No se metía con nadie, pero su desgracia fue rebelarse contra la dictadura de Daniel Ortega”, dice Juana, una vecina del joven en Jinotepe, Carazo, de donde él es originario y vivía antes de exiliarse en Costa Rica.

Maldonado trabajaba para Alba Petróleos de Nicaragua y era simpatizante del gobernante Frente Sandinista. Su padre, Tomás Maldonado (q. e. p. d.), era un mayor retirado del Ejército Popular Sandinista y era secretario político departamental del FSLN en Carazo hasta poco antes de 2018, el año en que estallaron las protestas contra el régimen orteguista, en las que ambos se involucraron hasta julio de ese año, cuando su padre fue arrestado y se convirtió en uno de cientos de presos políticos, y Joao en uno de decenas de miles de exiliados por la persecución política.

“Siempre fueron sandinistas, de los que creían ciegamente en Daniel Ortega. Incluso después de que corrieran a su papá del partido, él (Joao) siguió trabajando para el Estado. Pero en 2018, (Joao) rompió totalmente con ellos (el FSLN) cuando iniciaron las protestas”, recuerda Juana.

Durante la llamada Rebelión de Abril, Maldonado participó en la organización y la defensa de los tranques en Jinotepe y se exilió en Costa Rica poco después de la “Operación Limpieza” contra los tranques de Carazo, el 8 de julio de 2018.

Juana aún recuerda con sorpresa cuando vio a Joao armado en las calles de Jinotepe. “Lo miré bastante soberbio, no miraba a los lados y andaba en una actitud de militar”, asegura.

Otros que estuvieron con él en las barricadas, lo recuerdan como un “chavalo amigable”. Eso dice Engel López, un joven atrincherado de Jinotepe ahora exiliado en Suecia, que conoció a Maldonado el 20 de abril de 2018. “Fue de los primeros en organizar marchas y plantones. Es un chavalo amigable que siempre buscó apoyar a todos los que estábamos en los tranques”, dice.

Niega haber matado a Bismarck Martínez 

En enero de 2021, Maldonado contó al diario La Prensa que dejó su trabajo para involucrarse en las protestas cuando vio cómo agredían a los adultos mayores que protestaban en León, en el occidente del país.

“Cuando miré esas imágenes, fue que tomé la decisión de involucrarme directamente en las protestas. Ya venía viendo el totalitarismo y siendo víctima de los abusos de autoridad dentro de las instituciones del Estado, como el mismo Instituto (Nicaragüense) de Deportes, en el Comité Olímpico, en Aduana y en otras instituciones en las que yo tenía que hacer gestiones. Así fue como tomé la decisión de insurreccionarme también, a como lo comenzó a hacer la población en Nicaragua”, manifestó.

Maldonado perteneció a una organización denominada Fuerza Ciudadana de Unidad Nacional (FECUN), que representó una de las corrientes más radicales dentro de la lucha cívica de la Rebelión de Abril en Jinotepe.

“Fue una organización que se caracterizó por promover una lucha armada, hay fotos de Joao con armas en las calles de Jinotepe. Incluso fueron quienes se negaron a levantar los tranques en una negociación que se estaba realizando poco antes del ataque del régimen”, admite Alberto, quien estuvo más de un mes atrincherado en Jinotepe. Él cree que “Joao hizo muchos enemigos en los tranques”, porque su dirigencia fue “bastante polémica” y “promovió el armamento dentro de la protesta que era mayormente pacífica”. Maldonado ha negado anteriormente que él anduviera armado.

A Maldonado, la dictadura lo acusa de ser uno de los autores del asesinato del militante sandinista y trabajador de ornato de la Alcaldía de Managua, Bismarck Martínez, en los tranques de Jinotepe. Su papá fue condenado a más de 30 años de prisión por los supuestos delitos de “terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento al orden público”, aunque fue liberado mediante una autoamnistía aprobada por la dictadura, en junio de 2019. 

Sin embargo, Joao Maldonado siempre ha negado todos esos señalamientos. “Eso es totalmente falso (...) son especialistas en crear mártires. Ahora a estas personas les prenden velas y las usan como excusa o estrategia del Frente Sandinista para tratar de empañar la lucha de los jóvenes nicaragüenses. Eso queda sin efecto porque ya todo mundo conoce quién es el Frente Sandinista, que es un partido terrorista, criminal y genocida”, dijo Joao a La Prensa.

Agregó que ni siquiera sabía quién era Bismarck Martínez. “Ni siquiera nos dimos cuenta y ya estando nosotros en el exilio fue que empezaron con toda una campaña para hacer mártir a una persona que ellos mismos asesinaron”, dijo.

Yefer Bravo, de la Unidad de Exiliados Nicaragüense (UEN) en Costa Rica, a la que pertenece Maldonado, asegura que ambos atentados contra el refugiado caraceño son políticos porque, dice, “somos una piedra en el zapato los dirigentes de trinchera que estamos ejerciendo una labor de protestas fuera del país”.

Bravo describe a Maldonado como un joven cristiano, a quien le gusta ayudar a las personas, aunque reconoce que tiene un “carácter fuerte”, que atribuye a que fue criado en una familia con disciplina militar.

“Es un hombre sensible que no dejó sola a su gente de Carazo. Aquí en Costa Rica consiguió apoyo con casas de refugios para más de 20 personas”, detalla.

El exilio de Joao Maldonado en Costa Rica

Un año y medio después del levantamiento de los tranques en Carazo, decenas de sobrevivientes de la “Operación Limpieza”, se reunieron en San José para crear la UEN. Maldonado ha sido uno de sus principales promotores.

“A él la gente lo seguía bastante”, comenta Marcos, un exiliado de Carazo que participó en esa reunión. De aquel encuentro  —celebrado el 1 de diciembre de 2019 en un garaje en la capital costarricense— recuerda que participaron varios líderes de la oposición nicaragüense, hubo cobertura de los medios de comunicación y ahí mismo comenzó un proceso de afiliación de miembros.

Maldonado fue elegido como coordinador general de la UEN. En un primer momento impulsó algunas “propuestas de incidencia política”, “daba entrevistas a los medios de comunicación” y “representaba a la organización en reuniones con otras plataformas opositoras”, explicó Jimmy Guevara, quien trabajó como coordinador de comunicación y divulgación de dicha organización.

Guevara conoció a Maldonado en el exilio y recuerda que, para 2020 y parte de 2021, el caraceño dividía su tiempo entre la organización política y su trabajo en una empresa de serigrafía, en donde “hacía entrega de pedidos en el sector de Escazú”, donde sufrió el primer atentando en septiembre de 2021.

“Él también trabajaba mucho en temas de informática. Se dedicaba a estos temas de reparación y mantenimiento de computadoras. Hacía mucho trabajo independiente y el último empleo que tuvo fue en esta materia de computación”, precisó Guevara. 

Alejandro también conoció a Maldonado en el exilio y confirma que el caraceño trabajaba en temas de informática, aunque agregó que en sus primeros años de exilio también realizó diferentes trabajos, incluso como conductor de Uber.

Desde la UEN, Maldonado intentó ser parte de la Coalición Nacional, pero fue rechazado porque no coincidían en la forma de gestionar la política. La Coalición apostaba por el diálogo y la diplomacia, mientras que la UEN mantenía un discurso menos tolerante.

“Siempre nos han visto como una organización de tranqueros rebeldes y radicales”, advierte Guevara. El portazo de la Coalición también se debió a que en UEN, agrega el periodista, “no nos íbamos a prestar mucho al juego político de los diálogos, de las falsas elecciones”.

Poca información de las investigaciones

Después del primer atentado, en 2021, Maldonado contó a varios de sus amigos cercanos que estaba bajo protección del Estado costarricense por nuevas amenazas de muerte. A pesar de ello, los sicarios volvieron a atentar contra su vida y las autoridades ticas no asumen ninguna protección y se limitan a informar —escuetamente— que “están investigando”.

CONFIDENCIAL consultó con la Oficina de Prensa del OIJ sobre los avances de las investigaciones de ambos atentados. Como respuesta reiteraron la información preliminar sobre cómo ocurrió el segundo atentado y compartieron las declaraciones de Omar Brenes, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, quien afirmó que no es responsabilidad del Organismo la protección de ambos nicaragüenses (Joao Maldonado y Nadia Robleto).

“Lo importante es aclarar que OIJ no tenía la responsabilidad de la protección de los ciudadanos nicaragüenses”, dijo Brenes, tras agregar que el programa de atención está bajo la tutela de la Oficina de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, que no se ha pronunciado al respecto.

“Ellos con su equipo, entre otros profesionales en Derecho, Criminología, Psicología y Sociología son los que se encargan (de) cuáles son las medidas y procesos para determinar cuál tipo de protección se le va a dar a esas personas, en este caso el OIJ no tenía la protección de estos ciudadanos nicaragüenses, sino la oficina del Ministerio Público”, subrayó.

Además, la Oficina de Prensa del OIJ insistió en que “el caso continúa en investigación y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, no se brindarán mayores detalles relacionados a este incidente”.

Yefer Bravo, de la UEN, insiste en que Maldonado le contó que recibía cierta protección de las autoridades ticas. Incluso dice que ambos denunciaron amenazas en agosto de 2023. “Falta que hable el Ministerio Público sobre la protección a Joao”, reclama.

Maldonado denunció amenazas

El 19 de septiembre de 2023, en una entrevista con el diario tico La Nación, Maldonado aseguró que una célula de Daniel Ortega que opera en Costa Rica habría sido la culpable del primer atentado.

“Esas amenazas provienen del régimen de Nicaragua y la dictadura. Las investigaciones del atentado que sufrí en 2021, según me dicen los agentes, ya descubrieron que vienen de Nicaragua. Y no soy solo yo. En Costa Rica no he sido el primero”, dijo Maldonado en la entrevista que el diario costarricense hizo pública tras el segundo atentado.

Después del primer atentado, Nadia Robleto, pareja de Maldonado, afirmó que siempre que él brindaba entrevistas recibía amenazas a través de redes sociales.

“Siempre hay gente que le comenta que lo va a matar, que ya lo tiene ubicado, pero sí, estamos claros que esto es algo político”, señaló, descartando cualquier relación del atentado con delincuencia común o de otra índole.

Estaba por viajar de Costa Rica a EE. UU.

El 15 de febrero de 2023, la dictadura orteguista despojó de su nacionalidad y derechos ciudadanos “de forma perpetua” a Maldonado y otros 93 nicaragüenses, acusados por el Ministerio Público del supuesto delito de “traición a la patria”, según resoluciones emitidas por jueces sandinistas de Distritos Penales de Audiencias de la Circunscripción Managua.

Según amigos cercanos a Maldonado, él y su familia estaban en proceso de salir de Costa Rica a finales de enero de 2024, rumbo a Estados Unidos, luego de ser seleccionados por el programa de Movilidad Segura, coordinado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Solo le faltaba solucionar problemas para sacar a dos de los hijos de su pareja. “Ya estaba listo para irse”, declaró uno de sus amigos.

¿Protegido o no en Costa Rica?

En agosto de 2023, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) supuestamente trasladó a Maldonado junto con su familia a una casa de seguridad fuera de San José, según La Nación.

El 11 de enero, la Presidencia de Costa Rica publicó un comunicado afirmando que la DIS “no tiene competencia legal para brindar resguardo y protección al señor Maldonado ni a ninguna otra persona”.

“Es totalmente falso que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional interviniera una vivienda relacionada a este caso”, indica el comunicado.

Una fuente relacionada con el Gobierno costarricense dijo a CONFIDENCIAL que, aunque la DIS no puede ofrecer programas de protección ni intervenir una vivienda, como aclaró la Presidencia, esta institución sí realiza investigaciones preventivas y que el caso de Maldonado sí fue investigado y agregó que esa información sobre amenazas se la hicieron llegar al joven exiliado. 

Además, la Presidencia indica que “no existe ningún indicio de que en Costa Rica haya alguna célula organizada y controlada por el Gobierno nicaragüense”, en referencia a la afirmación hecha por Maldonado a La Nación.

Esta no es la primera vez que se menciona la presencia de células del orteguismo operando en Costa Rica. A mediados de 2014, la DIS confirmó que una investigación de ese cuerpo policial, realizada en 2011, advirtió sobre el reclutamiento de exmiembros del Frente Sandinista, residentes en Costa Rica, con el objetivo de reactivarlos y obtener información para el Gobierno de Nicaragua, en la disputa por la isla Calero. 

El Congreso de Costa Rica aprobó el 16 de enero una moción en la que condena el atentado contra Maldonado y Robleto, y exigió a las autoridades “actuar con diligencia para esclarecer la causa de este atentado” y determinar si en el país operan “grupos criminales articulados por la dictadura nicaragüense, dedicados a perseguir y atacar en territorio nacional a refugiados nicaragüenses”.

Los diputados también exigieron al Gobierno “revisar los protocolos de protección de las personas que se encuentran en el país en condición de refugiado por razones políticas”.

Podía desplazarse libremente

La activista de origen caraceño y exiliada en Costa Rica, Dulce Porras, conoce a Maldonado desde que era niño, y asegura que él le confió —en varias ocasiones— que recibía protección del Estado costarricense. Afirma que en una ocasión, después que fue despojado de su nacionalidad nicaragüense, fue visto en la Embajada de España escoltado por dos personas armadas, quienes supuestamente se encargaron de que fuera atendido de forma expedita. 

Porras también sostiene que las autoridades costarricenses estaban conscientes de las amenazas en contra de Maldonado, tanto que —a finales de 2023— le advirtieron del peligro que corría y lo reubicaron de casa. 

“Fue reubicado en otra casa y lo estaban custodiando”, sostiene Porras, quien recibió la información del propio Maldonado. “Él, el mismo día, me dijo estoy en esta y esta condición”, por eso, continúa la activista, “andábamos pegando carreras buscando cómo apoyarlo porque se lo llevaron a otro lado con todo y familia y ¿qué iban a comer?”.

Para Jimmy Guevara, excomunicador de la Unidad de Exiliados, la protección a la que se refería Maldonado era una especie de seguimiento por parte de las autoridades costarricenses, porque él no tenía una patrulla escoltándolo todo el tiempo y sí podía desplazarse libremente.

“Lo que él nos decía es que no había un resguardo siempre de él. Más que todo era un tema como de consejos de seguridad, le decían no te movás por aquí o cambia de número de teléfono”, comenta Guevara. Agrega que Maldonado —incluso— trató de bajar su perfil político y se desligó de la Unión de Exiliados Nicaragüenses (UEN). 

Como consecuencia del primer atentado, Maldonado “sufrió muchos problemas, sobre todo traumas psicológicos”, explica Guevara. “Siempre tenía una inseguridad, un miedo, porque no estaba solo, estaba con su pareja y los niños de su pareja, Nadia, que ahora también está afectada con el segundo atentado”, agrega. 

Las preguntas que deben responder

Los dos atentados contra Joao Maldonado, el último junto a su esposa Nadia Robleto, han despertado interrogantes sobre ¿quién es Joao Maldonado? Y ¿por qué ha sido objeto de dos atentados tan graves? Pero también han expuesto la deuda del Estado costarricense sobre la investigación de los hechos. 

En sus declaraciones, Maldonado había señalado motivaciones políticas de los sicarios, debido a que él participó en el levantamiento de tranques en Carazo durante la Rebelión de Abril, y llegó a Costa Rica huyendo de la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las autoridades costarricenses no esclarecieron el primer atentado, pero su actitud “apunta a su aceptación de la naturaleza política del ataque”, señaló La Nación en un editorial del 11 de enero. “Roy Ruiz, agente encargado de las pesquisas, dijo, en febrero del año pasado, que no había ‘podido dar con el móvil exacto del hecho’, pero lejos de identificar algún otro motivo, la Policía brindó a Maldonado protección durante varios meses”, agrega el editorial.

El exiliado nicaragüense también fue seleccionado por el programa de Movilidad Segura y lo trasladarían a Estados Unidos. De hecho, el segundo atentado ocurrió cuando la pareja de nicaragüenses abandonó la casa de seguridad donde estaban para hacer un trámite migratorio de dos de sus hijos.

El último atentado ha provocado conmoción entre la comunidad nicaragüense refugiada en Costa Rica, después de la represión desatada en Nicaragua tras la protesta nacional de abril 2018, y el “boleo” entre las distintas instituciones de investigación y la Presidencia de Costa Rica, ha agravado la incertidumbre.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + recordó que Costa Rica es signataria de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos vinculantes que obligan al Estado a proteger la vida, integridad y seguridad de las personas solicitantes de refugio o refugiadas dentro del país.

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN), a la que pertenece Maldonado, exigió “el esclarecimiento de los hechos delictivos que han atentado contra su integridad física y el derecho universal a la vida”.

Ante estos hechos, sostienen, no cabe el desinterés de las autoridades. “Lo sucedido levanta todas las alarmas y merece que no sea un incidente más”, reclamó la jurista Marcia Aguiluz, presidenta del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, en entrevista con el programa Esta Semana. 

El Estado costarricense tiene “la obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señaló. Una investigación rigurosa que garantice justicia para Maldonado y Robleto, pero también, advirtió la abogada, “para la tranquilidad de las personas refugiadas y migrantes nicaragüenses en Costa Rica”.