18 de julio 2020
AA
Share
La insurrección cívica estalló sin aviso el 19 de abril. Una semana antes, grupos de estudiantes universitarios y activistas medioambientales autoconvocados en redes sociales, protestaron durante siete días consecutivos contra la negligencia del Gobierno ante el incendio de la reserva de Indio Maíz. La Policía les impidió marchar en las calles, pero la protesta representó para muchos jóvenes una formidable experiencia organizativa.
I Entrega: El itinerario de la dictadura: una década de autoritarismo
El 18 de abril, el Gobierno publicó el decreto de reformas a la seguridad social, aumentando las cotizaciones patronales y laborales y gravando las pensiones.
La medida fue rechazada por las cámaras empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), como un acto unilateral que rompía el modelo de “diálogo y consenso”, mientras un grupo de estudiantes universitarios, entre ellos los participantes en la protesta por el incendio de Indio Maíz, activistas de la sociedad civil, feministas y jubilados de la tercera edad, convocaron a protestas cívicas en Managua y León en contra de las reformas. Los protestantes fueron vapuleados por las fuerzas de choque del FSLN, protegidas por la Policía Nacional, primero en León y después en Managua en el centro comercial Camino de Oriente, donde atacaron con tubos y piedras a manifestantes y a periodistas que cubrían la protesta. Las imágenes de la represión y la resistencia que se extendió hasta la Universidad Centroamericana fueron transmitidas en vivo durante más de tres horas en la televisión por cable a través de 100% Noticias y se viralizaron a través de las redes sociales, generando un sentimiento de repudio e indignación nacional. Un día después, al continuar el reclamo el 19 de abril, el régimen desató una represión sangrienta que desencadenó una ola de protesta nacional.
La ruptura de los estudiantes en las universidades públicas
La protesta estudiantil, inicialmente focalizada en las universidades privadas, Universidad Centroamericana (UCA) y Universidad Americana (UAM), se extendió al 19 de abril a las universidades públicas: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (unan de León y Managua), Universidad de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Agraria (una) y Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Los estudiantes que se rebelaron al control político de la Unión Nacional de Estudiantes (unen), dirigida por la Juventud Sandinista del FSLN, se rehusaron a ser utilizados como fuerzas de choque para reprimir a sus compañeros, y se sumaron a la protesta contra el régimen para reclamar el restablecimiento de la autonomía universitaria en los campus.
El quiebre del sistema de control político tradicional del régimen sobre la juventud marcó un punto de inflexión en el inicio de la Rebelión de Abril, mientras la Policía reaccionó con una violencia inusitada, utilizando armas de fuego, francotiradores y paramilitares para intentar desalojar a los estudiantes de los campus universitarios tomados en la UNI, UPOLI y la UNA.
La orden “Vamos con todo”
Ante las primeras manifestaciones de la resistencia estudiantil, el 19 de abril la vicepresidenta Rosario Murillo convocó a una reunión de emergencia a las estructuras partidarias del FSLN y la Juventud Sandinista en Managua. Su lugarteniente Fidel Moreno, secretario de organización del FSLN, secretario general de la Alcaldía de Managua y jefe de los grupos paramilitares, transmitió la orden de la vicepresidenta: “vamos con todo”. Según el testimonio de Ligia Gómez, exsecretaria política del FSLN en el Banco Central, Moreno explicó que el objetivo era aplastar la protesta con todos los recursos disponibles para “defender la revolución”, e impedir que los manifestantes se tomaran las calles, para lo cual presentaron un plan para defender 61 puntos estratégicos en la ciudad de Managua, que en pocas horas fueron rebasados por una espontánea protesta que derivó en la insurrección cívica. Unas horas después, la represión armada cobró los primeros tres muertos, en una orgía de violencia represiva que no se detendrá durante al menos 100 días. En la primera semana de represión, se produjeron más de cincuenta muertos iniciando el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en tiempos de paz.
A partir de las protestas de abril, la dictadura institucional Ortega-Murillo se convirtió en una dictadura sangrienta. Si la chispa de la protesta fue la reforma a la seguridad social, el detonante que la convirtió en masiva fue el rechazo nacional a la brutalidad de la represión. Un régimen diseñado para gobernar sin oposición colapsó al enfrentar una protesta cívica masiva que fue percibida como una amenaza a su poder político. Acostumbrado a mantener el control con base en la violencia selectiva, la cooptación, el fraude electoral, la centralización de los poderes del estado y el control los espacios públicos, el régimen reaccionó con extrema violencia al perder la mayoría política y el control de las calles.
El ataque contra la prensa
En la medida en que se masifica la protesta cívica, el régimen también arrecia sus ataques contra la prensa independiente. El 19 de abril, el director del Instituto de Telecomunicaciones (Telcor), Orlando Castillo, impuso la censura televisiva por las vías de hecho a los canales 100% Noticias, 12, 23 y 51. Ocho horas después, Telcor restableció las señales televisivas, excepto la de 100% Noticias que regresa al aire hasta el 25 de abril como resultado de la presión ciudadana.
A diferencia de otras crisis más prolongadas como la de Venezuela, por ejemplo, en Nicaragua en menos de un año se concentran todos los crímenes contra la prensa: el asesinato del periodista Ángel Gahona en Bluefields, la destrucción de Radio Darío en León, la censura contra la televisión y el bloqueo aduanero contra los periódicos, las agresiones físicas y asaltos contra reporteros, las amenazas, espionaje e intimidación por parte de policías y paramilitares contra periodistas; la ocupación policial y confiscación de facto de Confidencial y 100% Noticias y la criminalización del ejercicio del periodismo con el juicio político y el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda durante seis meses.
A pesar de la persecución, el exilio de periodistas y el cierre de medios, el empoderamiento de los ciudadanos con sus teléfonos celulares y el uso de las redes sociales ha permitido documentar la represión y la resistencia, mientras el periodismo realiza una gran labor de curaduría profesional. La solidaridad entre los medios independientes y el surgimiento de nuevas prácticas de periodismo colaborativo contribuye a derrotar la censura oficial, evidenciando también la crisis de credibilidad del aparato oficial de medios de comunicación.
La insurrección cívica y el Diálogo Nacional
La nueva mayoría política que empieza a tomarse las calles el 19 de abril no está liderada por algún partido político, líder u organización, sino por fuerzas sociales autoconvocadas que demandan democracia y libertad, el cese de la represión, el fin de la dictadura y la convocatoria a elecciones libres.
El movimiento que nació en la protesta universitaria se extiende a las principales ciudades del país y le arrebata al FSLN el control de antiguos bastiones políticos en las ciudades de Masaya, León, Estelí y Matagalpa. El régimen recrudece la represión y la rebelión en las calles proclama “Ortega y Somoza son la misma cosa”, demandando la renuncia de Ortega y Murillo.
Ante la matanza y la violación masiva de derechos humanos, el sector empresarial decreta el fin de la alianza con el régimen. La ruptura no surge de un análisis autocrítico sobre el modelo corporativista, sino de un imperativo ético y de sobrevivencia política. El empresariado proclama que no puede haber negociaciones económicas con el régimen, si no hay una solución política democrática que debe surgir de un diálogo inclusivo, reconociendo la existencia de nuevos actores políticos y sociales.
Con la pérdida de su principal aliado económico y político, y bajo la presión de la protesta cívica, en mayo Ortega solicita a la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica que convoque a un Diálogo Nacional. Los obispos seleccionan como participantes a estudiantes universitarios, gremios empresariales, representantes de la sociedad civil y al movimiento campesino, que posteriormente se agrupa en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Mientras tanto, la insurrección cívica combina marchas masivas, barricadas en los barrios de las ciudades y tranques en las carreteras, para presionar por la salida de Ortega y Murillo del poder, y la negociación de elecciones anticipadas. El objetivo del diálogo es facilitar una negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica en torno a una agenda de democratización y justicia, que nunca llega a debatirse, al condicionar el Gobierno su participación al levantamiento de los tranques.
El único resultado del diálogo fue la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, posteriormente, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para investigar las violaciones de los derechos humanos. Las recomendaciones de la CIDH, que incluyen el cese de la represión y el desarme de los grupos parapoliciales, fueron aprobadas por unanimidad en la mesa del diálogo, pero el Gobierno se rehusó a cumplirlas.
La “Operación Limpieza” y la crisis de derechos humanos
Entre junio y julio del 2018, el régimen impone la ruptura del diálogo al desatar un operativo militar de gran envergadura, la llamada “Operación Limpieza”, con fuerzas paramilitares y policiales para despejar los tranques y las barricadas en la unan-Managua, Carazo, Masaya, el barrio Monimbó, Juigalpa, San Pedro de Lóvago y Jinotega. El resultado de la represión provoca decenas de muertos, persecución política y miles de personas huyen al exilio.
Según el informe de la CIDH, entre abril y julio del 2018, en Nicaragua fueron asesinadas 328 personas, sin que existiera una situación bélica o un enfrentamiento entre dos bandos armados. Para dimensionar la magnitud de esta crisis humanitaria, cabe precisar que Nicaragua es un país de seis millones de habitantes.
La proyección de esta pérdida en países con poblaciones más numerosas como México, Argentina, Colombia o Brasil equivaldría a la de miles de vidas en menos de 100 días. En diciembre, el GIEI calificó estas violaciones, que además incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y violaciones sexuales a mujeres y hombres, como crímenes de lesa humanidad. Tres informes de organismos internacionales de derechos humanos —CIDH, GIEI y OACNUDH— han documentado la gravedad de estas violaciones derivadas de la violencia estatal, desvirtuando la narrativa oficial que pretende justificar la represión, al alegar la existencia de un supuesto intento de “golpe de Estado”. Casi dos años después de la matanza, todos los crímenes se encuentran en la impunidad: ningún policía, paramilitar o partidario del FSLN ha sido investigado, detenido o procesado y las organizaciones internacionales de derechos humanos fueron expulsadas del país en diciembre del 2018.
El Estado de sitio de facto, los presos políticos y el segundo Diálogo Nacional
Después de la matanza de abril-julio, el régimen lanza un operativo masivo de encarcelamiento de los participantes en la protesta cívica. Más de 700 ciudadanos son capturados y enviados a prisión, y sometidos a juicios políticos por el presunto delito de terrorismo. Más de 100 000 nicaragüenses se ven obligados a salir al exilio, la mayoría en Costa Rica, donde hay 80 000 solicitantes de refugio, pero también en Panamá, España, México, Canadá y Estados Unidos.
En septiembre del 2018, se impone el estado de excepción de facto, con la prohibición expresa por parte de la Policía para la realización de marchas de protesta cívica y la anulación del derecho de reunión y movilización. A pesar del estado de sitio policial, la resistencia cívica se adapta a nuevas formas de lucha a través de protestas relámpago de pequeños grupos y piquetes exprés, en distintos puntos de las ciudades. En octubre de ese mismo año, más de 90 organizaciones crean la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) como una plataforma de movilización para impulsar la lucha cívica.
Entre el 9 y el 12 de diciembre se produce otra acción represiva contra las libertades democráticas. La Asamblea Nacional despoja de su personería jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales dedicadas a promover los derechos democráticos —Cenidh, Hagamos Democracia, Ieepp, Cisas, Popol Na, Ipade, Cinco, Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de las Segovias (Ills)— anulando el derecho de asociación. La escalada continúa con el asalto policial y la confiscación de facto de los medios de comunicación, Confidencial y 100% Noticias, y el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. La violencia represiva continuó en el 2019 con la eliminación selectiva de más de 40 líderes campesinos o ex miembros de la Contra, por motivaciones políticas en las zonas rurales del norte del país.
Sin embargo, en febrero del 2019, bajo la presión del gobierno de Estados Unidos el régimen acepta un nuevo Diálogo Nacional con la Alianza Cívica, teniendo como testigos internacionales al representante del secretario general de la OEA y al Nuncio Apostólico. A finales de marzo, el régimen acepta liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días, y restablecer las libertades democráticas para restituir los derechos constitucionales. En junio, excarcela a más de 300 presos al amparo de una ley de amnistía, que otorga impunidad a los perpetradores de los crímenes, pero mantiene en la cárcel a 138 presos políticos, sin restablecer las libertades democráticas ni aceptar la negociación de la reforma electoral para ir a elecciones libres. Así fracasa el segundo Diálogo Nacional, mientras el régimen mantiene el estado de sitio de facto, y arrecia la persecución política, extendiéndola a la Iglesia católica y los familiares de los presos políticos y los asesinados.
El fracaso del Diálogo incrementa la condena y el aislamiento del régimen en los foros internacionales. La Organización de Estados Americanos (OEA) avanza en el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y certifica que en Nicaragua se ha producido una ruptura del orden constitucional. Estados Unidos y Canadá imponen sanciones internacionales contra nueve altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo y sus hijos Rafael y Laureano Ortega Murillo; así como los principales operadores políticos, económicos, policiales, y de seguridad, vinculados a la represión y la corrupción. Las sanciones también abarcan a las empresas Banco Corporativo y DNP-Petronic. Por su parte, la Unión Europea aprueba el marco legal para sancionar individuales contra funcionarios del régimen y el Parlamento Europeo aprueba una resolución política demandando la aplicación de estas sanciones. En el 2020, Nicaragua inicia su tercer año consecutivo de recesión económica, provocada por la crisis sociopolítica que ha producido una parálisis en la inversión nacional y extranjera y la pérdida de centenares de miles de empleos.
*El texto corresponde al ensayo “Nicaragua: antes y después de la Rebelión de Abril”, publicado en febrero 2020 en el libro “Anhelos de un nuevo horizonte: aportes para una Nicaragua democrática”, editado por Alberto Cortés Ramos, Umanzor López Baltodano y Ludwing Moncada Bellorín, para Flacso.
