17 de marzo 2020
El comisionado general Justo Pastor Urbina tenía un sueño recurrente de niño: ser escolta. Al crecer, aquel sueño se le cumplió de la mejor manera inimaginable: “Tuve el honor de ser parte del grupo de seguridad del comandante Daniel (Ortega). Para mí eso fue una gran escuela”, reza la frase de Urbina, en un afiche policial alusivo al 40 aniversario de fundación de la Policía Nacional, la misma que fue sancionada por Estados Unidos este cinco de marzo, debido a la represión ejercida contra los nicaragüenses desde abril de 2018. Urbina es uno de los tres altos directivos sancionados en la misma jornada, por ser una de las figuras clave en el esquema represivo de la dictadura Ortega-Murillo. Junto con el también sancionado comisionado general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Justo Pastor Urbina está en la primera línea de la represión policial de Daniel Ortega en Nicaragua.
Justo Pastor Urbina comanda la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), el cuerpo policial que no da tregua a los ciudadanos desde septiembre de 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso el estado policial de facto. Los oficiales antimotines son parte de la vida diaria en las calles, iglesias, y centros comerciales del país, reventando cualquier manifestación contraria a la dictadura. Los movimientos de esta dirección son planificados por este comisionado general, cuyo nombre ha relucido tras las violentas jornadas protagonizadas por la DOEP.
“Ha participado en actos significativos de violencia o conductas que constituyen graves abusos o violaciones de derechos humanos contra personas vinculadas con las protestas que empezaron el 18 de abril de 2018”, argumenta el Departamento del Tesoro estadounidense para sancionar a Urbina. “Es comisionado de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, que sigue teniendo un rol central en la represión en todo el país”, agrega Washington.
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Al nombre de Justo Pastor Urbina se asocia —casi por defecto— el del comisionado general Luis Pérez Olivas en las labores represivas de la Policía. Luis Pérez Olivas dirige la DAJ, bajo cuya tutela está la temida cárcel El Chipote. La DOEP y la DAJ son la punta de lanza de la represión policial de Daniel Ortega. Dos direcciones coordinadas entre sí para capturar, encarcelar, torturar y fabricar pruebas falsas de juicio para los opositores, de acuerdo con organismos de derechos humanos, testimonios de las víctimas y fuentes policiales.
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El Departamento del Tesoro norteamericano recrimina a Pérez Olivas la dirección de El Chipote, “una cárcel tristemente célebre —describe— por las prácticas abusivas que se cometen allí (…) Los señalamientos incluyen torturas, violaciones sexuales, descargas eléctricas, laceraciones provocadas con alambre de púas, estrangulamientos y golpizas con tubos de acero”.
Aunque Urbina y Pérez Olivas son fundadores de la Policía Nacional, ocurrida tras el triunfo de la insurrección antisomocista de 1979, el burbujeante ascenso que han tenido en el escalafón de la cuestionada institución es de nueva data. Urbina fue ascendido a comisionado general en 2014, en una serie de cambios en el mando policial que estuvieron encaminados a debilitar el poder de la ahora exjefa policial Aminta Granera. Mientras que Pérez Olivas fue elevado al mismo grado policial en septiembre de 2018, luego de la brutal “Operación Limpieza” que derribó los tranques, en medio de una cacería judicial de ciudadanos, cuyas pruebas incriminatorias eran “fabricadas” por Auxilio Judicial.
Fuentes policiales coinciden que Urbina y Pérez Olivas han escalado tanto en la Policía por su lealtad directa o indirecta a la pareja presidencial. El director de la DOEP, porque fue escolta personal del comandante Ortega, y el director de la DAJ, porque es obediente al actual subdirector policial Adolfo Marenco, considerado los “ojos y oídos” del estado policial y leal a la Presidencia. Mientras los comisionados generales Urbina y Pérez Olivas actúan en el primer orden represivo, Marenco mueve hilos desde las sombras y esquivó las sanciones de Estados Unidos.