19 de abril 2024
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Para mí el trabajo se ha convertido en una rutina que debo cumplir para mantener a mi familia, y eso me lo repito cientos de veces, porque el ambiente laboral en el Estado es cada vez más pesado y hay días en los que quisiera renunciar.
Hace unos meses estuve a punto de dejar todo y empezar con un negocio familiar, pero cuando me di cuenta que redujeron las indemnizaciones por antigüedad a todos los empleados públicos, me decepcioné y no lo hice porque básicamente me dejaron sin el dinero con el que podía empezar mi proyecto.
Los trabajadores públicos venimos sufriendo una serie de violaciones que incluye la prohibición de salir del país, el control de nuestras redes sociales, despidos injustificados y nos siguen obligando a participar en actividades partidarias.
Antes de 2018 al menos podíamos quejarnos entre nosotros, pero hoy todos debemos callar, porque no sabemos quién nos está espiando y nos va a quemar solo por criticar algo de lo que hace el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eso me hace tener demasiada frustración porque nos quieren controlar todo, casi que quieren saber cómo pensamos.
Llevo más de diez años trabajando en un hospital y en los últimos dos años he visto a muchos compañeros renunciar. Se van hartos y prefieren ir al desempleo o a ganar menos, pero tener cierta libertad.
A veces la gente cree que uno está ciego y que todos somos fanáticos de esta dictadura. Pero somos más quienes estamos en desacuerdo con todos los asesinatos, encarcelamientos y robos que están cometiendo. Nos damos cuenta que nadie se salva, incluso ni los que les han servido para cometer sus crímenes.
Todos los trabajadores públicos somos prisioneros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y es molesto que tengamos que participar en marchas y actividades políticas de forma obligatoria, porque nos quieren hacer creer que nos están haciendo un favor al emplearnos.
