25 de septiembre 2019
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El joven Javier Munguía Mendoza, de 18 años, sufrió una doble muerte en mayo de 2018. Primero, a mano de sus asesinos, y segundo, en los despachos del Ministerio Público (MP), donde le negaron justicia. Munguía desapareció la noche del ocho de mayo de 2018. Tras 24 horas sin comunicarse con su familia y amigos, estos lo buscaron casi a diario en diferentes estaciones policiales, las instalaciones de la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como El Chipote, hospitales, y el Instituto de Medicina Legal (IML), donde apareció muerto diez días después.
El relato de la Policía del régimen es que el joven fue estrangulado por estudiantes universitarios, que supuestamente actuaron en legítima defensa, porque Munguía intentó asaltarlos en una vivienda de residencial Los Robles, en Managua. La versión de la familia es que Javier fue secuestrado por agentes policiales en los semáforos de Multicentro Las Américas, llevado a El Chipote y asesinado mientras los interrogaban o torturaban.
La Fiscalía se casó a pies juntillas con la versión policial y emitió una resolución de “desestimación de la denuncia”, que significa: no acusamos a nadie y cerramos el caso. Una acción que exfiscales consultados por CONFIDENCIAL califican de “execrable” e “inexplicable”, ya que procedieron en contra de lo establecido por la ley.
Sustituyeron a juez
El Código Procesal Penal establece en su artículo 224 que “si el hecho denunciado no constituye delito o falta o es absurdo o manifiestamente falso, el Ministerio Público desestimará la denuncia”.
Uno de los exfiscales explicó que, basados en la ley, la Fiscalía debía “acusar si o si, independientemente si el joven era un manifestante o un asaltante, ya que hubo un delito, y en este caso uno de los más graves: contra la vida”.
Otro exfiscal indicó que durante el ejercicio del exfiscal general de la república, Julio Centeno Gómez, existía la orientación de que “no se podía dictar una resolución de desestimación de denuncia”, alegando legítima defensa, porque ese es un tema probatorio, que tiene que someterse al control de legalidad de un juez.
“Si hubo o no legítima defensa, quien tiene que demostrarlo es el abogado de los acusados ante un juez. No es función de la Fiscalía”, apostilló.
El abogado penalista Nelson Cortez subrayó que al MP le corresponde el ejercicio de la acción penal, que lo obliga hacer una investigación y presentar una acusación; mientras que a los jueces y magistrados les corresponde aplicar la ley.
“Si dentro del juicio se demuestra que hay causales de legítima defensa, entonces le corresponde al juez declarar la no culpabilidad. No le corresponde en ningún momento al Ministerio Público”, destacó.
Actuaron con rapidez
El dictamen inicial de la Fiscalía fue impugnado por la madre de Munguía, Margarita Mendoza Ponce; sin embargo, el fiscal departamental de Managua, Alejandro Antonio López Dávila, ratificó lo actuado por el fiscal auxiliar Juan Jarquín Rosales, con credencial A 00183, quien firmó la resolución de desestimación.
En la notificación de López Dávila, en poder de CONFIDENCIAL, se indica que el 16 de mayo de 2018, el Distrito Uno de Policía remitió al MP el caso por el homicidio de Javier Munguía. Seis días después, la fiscal auxiliar de Managua, Grethel Fernández, brindó una conferencia de prensa —a la que solo invitaron a medios oficialistas— para anunciar que desestimaban acusar por la muerte del joven capitalino.
El documento de la Fiscalía menciona que la investigación policial del caso estuvo a cargo del inspector Junior Silva, detective del Distrito Uno. El 11 de mayo de 2018 esta estación policial negó tener información del joven, según relato de los familiares.
Para los exfiscales, la rapidez en la actuación de la Fiscalía demuestra cierta desesperación por cerrar el caso. Margarita Mendoza denunció el caso de su hijo ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que para mayo de 2018 exhibían al mundo los atropellos que cometía el régimen orteguista contra la población civil.
A la fecha de la desaparición de Munguía, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo había asesinado al menos a 50 ciudadanos, cifra que sextuplicó en los meses siguientes, llegando a más de 328, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El alegato oficial
La resolución de la Fiscalía detalló que presumiblemente la noche del ocho de mayo de 2018, Munguía llegó junto a un desconocido en motocicleta y se ubicó al frente de una vivienda en residencial Los Robles —de Enacal de Altamira, dos cuadras arriba—, donde intentó asaltar a una pareja de jóvenes que estaban en las afueras de la casa, y la chica ingresó a la vivienda, donde estaban otros cuatro jóvenes. Todos, según el MP, eran estudiantes de la Universidad Americana (UAM).
CONFIDENCIAL visitó la dirección de la vivienda, pero el dueño de la casa Erick Arias solo renta la propiedad y no vive ahí. Una señora que atendió al equipo se negó a facilitar el número telefónico del propietario, de quien aseguró da clases en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Arias brindó declaraciones para un video del grupo Juventud Presidente —que intenta contrarrestar las denuncias ciudadanas—, donde afirmó que la vivienda fue desalojada al día siguiente de los sucesos. La zona es bastante callada y a unos cuantos metros de la casa hay una caseta de vigilancia que opera las 24 horas.
Munguía presuntamente llevaba puesto un casco azul con brisera negra y portaba en su mano derecha una “arma de fuego color negra, tipo pistola, marca Colt, calibre 380 automática”, indicó la Fiscalía, quien relató que el joven persiguió a la muchacha hasta el interior de la casa, donde apuntó e intimidó a otra joven que tenía una computadora valorada en 600 dólares.
El relato de la Fiscalía, en poder de CONFIDENCIAL, describe que uno de los universitarios se acercó por detrás de Munguía e intentó con un golpe quitarle el arma, pero no pudo, por lo que otro joven intervino para neutralizar al supuesto asaltante, pero solamente lograron desprenderle el casco, y forcejaron con él.
Estrangulado con llave
Uno de los dos jóvenes logró colocarse detrás de Munguía y le aplicó “una llave conocida como ‘el Popo’, en la que colocó el brazo derecho alrededor de su garganta, sujetándolo entre el tórax y el cuello. A pesar de la llave, continúo el forcejeo hasta caer al piso con Munguía Mendoza, quien en su caída impactó su rostro en el suelo”, donde, según el relato policial, resultó con hematomas en la nariz, labio y lado izquierdo del rostro.
Ya en el piso, presuntamente, Munguía se negó a entregar el arma que “ocultaba debajo del abdomen, sujetándola siempre con su mano derecha”, por lo cual intervino un tercer joven, quien logró quitarle la pistola, según la resolución fiscal.
Una vez despojado del arma, los universitarios se dieron cuenta que Munguía ya no respiraba, por lo que “procedieron a aplicarle técnicas de reanimación (RCP), para tratar de revivirlo”.
Una primera autopsia dictaminó que Munguía falleció por estrangulamiento. Esta fue practicada supuestamente el nueve de mayo de 2018, por el forense Hugo Mauricio España, del IML. Este profesional brindó también declaraciones para el video del grupo Juventud Presidente, en las que manifestó que una de las jóvenes —él es supuestamente docente de la UAM— lo llamó para informarle sobre el suceso. Sin embargo, en la resolución de la Fiscalía no se menciona en ningún momento que el forense estaba previamente enterado del caso.
El dictamen de este forense fue corroborado por el forense privado, Nelson Guillermo García Lanzas, quien intervino por mediación de la CIDH, a petición de la madre de la víctima. Esta autopsia fue realizada el 19 de mayo, por lo que no pudo determinar la fecha exacta de la muerte, ya que el “cuerpo llevaba varios días en frigorífico con temperaturas de congelamiento”.
Vacíos del caso
Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, mencionó que la Policía, el IML y la Fiscalía no han aclarado por qué las autoridades negaron por diez días cualquier información sobre el joven a la familia, quienes desde el 10 de mayo de 2018 andaban en su búsqueda.
“Ella (la mamá del joven) llegó a El Chipote y en reiteradas ocasiones le dijeron que no estaba ahí, mientras algunos excarcelados le aseguraban que ahí estaba. También llegó a Medicina Legal y le dijeron que no estaba, pero luego la llamaron y le dijeron que (el joven) estaba desde días antes”, señaló Cuevas, quien ha acompañado a la familia en su demanda de justicia.
Destacó que en una visita al MP, el inspector general de la Fiscalía, Douglas Roberto Vargas, le informó que el padre de una de las supuestas jóvenes involucradas quería indemnizar a la madre de Munguía, pero ella no aceptó. “Quería hablar con la mamá de Javier para explicarle los hechos y ver qué podían hacer, quería como una mediación”, dijo.
Vargas junto a la fiscal general, Ana Julia Guido, y el fiscal jefe de la Unidad Especializada contra los Delitos de Delincuencia Organizada, Javier Antonio Morazán Chavarría, crearon un grupo de fiscales fieles al régimen, que se encargó de fabricar los casos y acusaciones contra los presos políticos de la dictadura, según una investigación de CONFIDENCIAL.
No permiten acusación particular
Pese a que la Fiscalía presumiblemente tuvo un interés por mediar en una posible indemnización a la madre del joven, el papel del Ministerio Público en este caso ha sido catalogado como “lamentable” por exfiscales y expertos penalistas, ya que el MP no ha permitido que la familia ejerza su derecho a una acusación particular.
El artículo 226 del Código Procesal Penal establece que “la víctima podrá ejercer directamente la acción penal interponiendo la acusación ante el juez competente”.
El mismo artículo ordena que la víctima, en su defecto la familia, podrá solicitar las pruebas del caso al MP, la Policía o cualquier otra entidad pública. En el caso de Munguía, su madre ha solicitado a la Fiscalía el expediente policial y las diligencias de investigación, pero se las han negado.
Igual situación vive la familia de Franco Valdivia, a quien la Fiscalía le ha negado el acceso al expediente con la justificación de que está archivado. “No nos entregaron copia de la autopsia, peritaje de balística, absolutamente de nada”, reclama Francys Valdivia.
El abogado penalista, Nelson Cortez, explicó que la negativa a entregar la información se podría considerar “una actuación delictiva, de parte de los representantes del Ministerio Público”, ya que actúan “en contra ley expresa y en violación de derecho constitucional de la víctima de buscar el acceso a la justicia”.
Un cambio de seis días
Los padres de Munguía quieren justicia por la muerte del joven, pero sobre todo desean que su nombre sea limpiado, pues rechazan tajantemente la versión oficial de que fue asesinado mientras asaltaba a unos jóvenes.
“Era un muchacho que iba a cumplir 19 años. A esa edad ya había trabajado de mesero, cajero, administrador de negocios y ayudante de construcción. Nosotros rentamos casa, y desde siempre él metió el hombro para ayudarnos”, recordó Vidal Reyes, padre de crianza de Javier.
“Desde pequeño ayudó en la casa. No le daba pena ir a la calla a vender jocotes o mangos. Conmigo se ponía hacer bisutería y después salía a venderla”, evocó su madre, Margarita Mendoza Ponce.
El asesinato de Munguía navega entre dos narraciones: la oficial, que lo pinta como un delincuente; y la familiar, que lo muestra como un joven esforzado. Entre ellas hay un elemento: el dos de mayo de 2018, el joven sacó su récord policial, en la que el Distrito Cinco certifica que “no tiene antecedentes” criminales. Esto ha motivado que la madre de Javier quiera preguntarle a la Fiscalía: “¿cómo mi hijo se convirtió en ladrón, en seis días?”.
