7 de febrero 2023
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El Poder Judicial, alineado al régimen de Daniel Ortega, ha inhabilitado de por vida a al menos 14 reos de conciencia para que ejerzan cualquier cargo público o de elección popular a través de la aprobación de "penas accesorias" a sus sentencias, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La organización defensora calificó la acción judicial como una "aberración jurídica", que quedó en evidencia en la sentencia de diez años de cárcel, dictada por la jueza orteguista Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, contra seis sacerdotes y un laico de la Diócesis de Matagalpa, por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas, este lunes. La judicial inhabilitó a los religiosos de ejercer cualquier cargo público de forma perpetua, contrariando el período establecido por la pena principal.
"Con esta última sentencia quedó expuesto que el régimen está delinquiendo impunemente y el llamado Poder Judicial, al estar contraviniendo lo que dicen las leyes y actuando contra ley expresa, incurren en la comisión de delitos tipificados en el Código Penal de la República de Nicaragua, por los que deberán ser juzgados", denunció el Cenidh.
El Código Penal de Nicaragua determina en los artículos 46, 47 y 66 las penas existentes en el país, su aplicación y clasificación. En el caso de las penas accesorias, tal como lo estableció el Poder Judicial, estas "tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal- en el caso de los sacerdotes, diez años- salvo que la ley establezca lo contrario", se lee.
Para el Cenidh "esto es una afrenta al Derecho, una afrenta a la inteligencia, una afrenta a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, que permanentemente están insistiendo en condenar las violaciones a las garantías del debido proceso, a las que están sujetas las personas presas políticas en Nicaragua" se lee en el comunicado publicado por la organización en su cuenta de Twitter.
🔴🇳🇮URGENTE| CENIDH DENUNCIA la más reciente aberración jurídica del régimen ORMU en contra de las personas presas políticas: la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular y la suspensión de los derechos políticos.
Link:https://t.co/Bts83V7nIx pic.twitter.com/PS9pCOG4m9
— Cenidh (@cenidh) February 7, 2023
Jueces aplican nuevo patrón represivo
La aprobación de estas penas accesorias, según el Cenidh es una "nueva acción represiva", que no solamente se están aplicando a los más recientes reos de conciencia, sino a los presos políticos con sentencia firme de 2022.
En estos últimos casos, la adición a la sentencia se lee de esta forma: “Téngase al condenado… como traidor a la patria en consecuencia se inhabilita de forma perpetua para…”. La decisión judicial responde a la petición de fiscales afines al régimen, lo que violenta expresamente los artículos 55 y 56 del CP, que señala el tiempo de duración de estas “penas privativas de otros derechos”, "por lo que jamás se pueden aplicar de forma indefinida", aclara el Cenidh.
"Tenemos una lista de más de 14 personas presas políticas a quienes se les ha hecho la misma aplicación, con la agravante de que los jueces a solicitud de los fiscales, sin ningún trámite, sin tener ninguna facultad de cambiar una letra de una sentencia que está firme, alteran su contenido y es el colmo que no solo lo están haciendo con aquellas sentencias que todavía no han sido enviadas a la instancia superior por los recursos de apelación interpuestos, incluso se están modificando delictivamente otras que están o han sido falladas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)", continúo la organización.
Este nuevo patrón represivo es parte de la "destrucción total, no solo de la institucionalidad sino de cualquier vestigio de seguridad jurídica que quede en el país", señaló el Cenidh.
En Nicaragua existen 245 presas políticas recluidos en diferentes sistemas penitenciarios. Desde 2021 a la fecha, la mayoría han sido condenados por los delitos de conspiración para menoscabar el territorio nacional y propagación de noticias falsas, con penas de entre ocho a 13 años de cárcel.
