15 de julio 2022
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La titular del Juzgado Décimo Tercero de Juicio, Ulisa Yahoska Tapia Silva, declaró culpable este viernes 15 de julio al preso político Yubrank Suazo, por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo” y “propagación de noticias falsas”, en un juicio político realizado en la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote.
La Fiscalía solicitó la pena de diez años de cárcel por ambos delitos —cinco años por cada uno— para el también integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien fue apresado el 18 de mayo en Masaya, y trasladado en secreto, el pasado 30 de junio, de El Chipote al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, La Modelo, confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Su padre, Wilfredo Suazo, ingresó a la audiencia y logró conversar con él por unos diez minutos, tras casi dos meses de incomunicación total.
La Fiscalía presentó a dos testigos, ambos de la DAJ. En las pruebas documentales incluyeron el acta de detención, el acta de ocupación, y una orden de captura policial. Además, mostraron un informe de extracción de información abierta en las redes sociales, explicó el abogado defensor Mynor Curtis.
Entre los datos encontrados en Internet, el Ministerio Público incluyó retuits y tres videos que Suazo compartió en sus redes sociales, uno de ellos una entrevista de la plataforma Artículo 66 al sacerdote Harving Padilla, durante los días que estuvo bajo asedio policial en la iglesia San Juan Bautista, en Masaya.
También citaron un video de 100% Noticias, en el que Suazo señalaba que la liberación de los presos políticos en 2019 no fue gracias a la Ley de Amnistía —fabricada a medida del régimen orteguista—, sino como resultado de la presión internacional, compartió su abogado, quien logró hablar con su defendido por unos cinco minutos.
Defender a la Iglesia católica
Según Curtis, durante su intervención en el juicio, Suazo aseveró que las acusaciones eran falsas y que él no ha hecho nada, pues lo único que hizo fue levantar su voz a favor de la Iglesia —él denunció el asedio que vivió el sacerdote Padilla en Masaya—. "Las personas que agreden a la Iglesia no van a prevalecer, porque así lo dijo Jesucristo", dijo el preso político.
El abogado explicó que ninguna de las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que Suazo cometió los delitos imputados, ya que el opositor solo ejerció un derecho constitucional, al expresar su pensamiento libremente.
Suazo permanece en una celda de máxima seguridad y duerme en una loseta de concreto y sin colchón. Diario es visitado por un médico del Sistema Penitenciario que le toma la presión y le administra una pastilla. La alimentación, según el preso político, es peor que la recibida en El Chipote.
El reo de consciencia tiene programada su primera visita familiar para el próximo 27 de julio; sin embargo, para ese mismo día fijaron la lectura de sentencia, por lo no se sabe sí el penal cumplirá con su derecho de encontrarse con sus parientes.
Jueza sancionada
La jueza Tapia Silva fue sancionada este viernes por Estados Unidos junto a otros 22 jueces y fiscales fieles al régimen orteguista, señalados de socavar los procesos o instituciones democráticos, corrupción significativa y obstrucción de investigaciones sobre actos de corrupción.
La judicial ha sentenciado también a los activistas Yaser Vado y Yader Parajon; el excanciller Francisco Aguirre Sacasa; la líder opositora Suyen Barahona; el líder campesino Freddy Navas; la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo; el excandidato presidencial Noel Vidaurre; y el comentarista político Jaime Arellano. La lectura de sentencia de Suazo será el miércoles 27 de julio.
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Las sanciones que alcanzaron a la judicial incluyen la revocación o prohibición de visa estadounidense y el impedimento de ingreso o admisión en EE. UU. y están basadas en la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer.
Segunda vez apresado
Suazo es el más reciente preso político del régimen orteguista, tras una oleada de capturas ejecutada en el contexto de las votaciones generales en 2021. También es el primer reo de conciencia de una veintena de presos políticos encarcelados en El Chipote en haber sido trasladado al Sistema Penitenciario y sometido a la celda de castigo 300, conocida como “El Infiernillo”.
En 2018 el opositor fue encarcelado por primera vez y acusado por supuestamente cometer actos de terrorismo, asesinato frustrado, amenazas con armas y de entorpecimiento de servicios públicos. En junio de 2019 fue liberado junto a otros reos políticos bajo la controversial Ley de Amnistía creada por el orteguismo.
Actualmente permanecen en diferentes penales del país 180 presos políticos, de estos, 28 se encuentran en El Chipote, donde están en completo aislamiento, son sometidos a pasar hambre por las escasas porciones de alimentos que les suministran, no tienen derecho a visitas periódicas y tampoco a actividades de recreación.
Este grupo de reos —excandidatos a la presidencia, líderes sociales, estudiantiles, cívicos, periodistas y abogados— forman parte de 61 personas que fueron capturadas en 2021 y condenadas con penas de entre siete y trece años de cárcel de febrero a mayo de 2022.
