4 de julio 2024
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Once presos políticos nicaragüenses fueron procesados y condenados, entre marzo y junio de 2024, a través de juicios por videollamadas, una figura legal que —de acuerdo con abogados independientes— el régimen orteguista utiliza para aislar más a los reos de conciencia en Nicaragua, que suman 141 personas, entre mujeres y hombres.
Estos juicios “virtuales” surgieron a mediados de 2023, aunque todavía no existe una cifra exacta de cuántos presos políticos los han enfrentado. La justica orteguista los oculta y los familiares de los prisioneros no los denuncian para evitar represalias contra ellos o sus parientes encarcelados.
Sobre estos juicios, la alta comisionada adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Nada Al-Nashif, dijo el pasado 20 de junio que “no cumplen las garantías básicas del debido proceso y juicio justo”.
Abogados consultados por CONFIDENCIAL coinciden que las audiencias por videollamadas son “normales” en diferentes partes del mundo, y están contempladas en el artículo 136 del Código Procesal Penal de Nicaragua, que establece que el juez podrá auxiliarse de “medios electrónicos”.
Sin embargo, advierten que estos juicios “virtuales” son “nulos”, cuando “no se salvaguardan los derechos y garantías del debido proceso”, que es el caso en Nicaragua.
Mayor aislamiento
Los juicios por videollamadas contra los presos políticos se realizan con el objetivo de “evitar que los reos salgan (del penal), que tengan contacto con su abogado defensor, o que puedan hacer alguna exigencia al juez”, advierte la abogada penalista Yonarqui Martínez.
“Es una medida coercitiva, porque a través de una pantalla el reo no puede expresar lo que siente. El juez no puede ver al reo en todas sus facetas, y el tiempo es limitado”, continúa Martínez, quien ha defendido a decenas de presos políticos de Nicaragua.
Explica que, para la realización de una audiencia por videollamada, las partes tienen que ser notificadas con antelación, el abogado defensor estar de acuerdo, y conocerse “claramente” los motivos por los cuales la audiencia se realiza de esa manera. Sin embargo, en Nicaragua “nada de eso sucede”, afirma.
“En Nicaragua no se cumple con las garantías del debido proceso para garantizar que al reo no se le vulneren sus derechos: el derecho a la defensa, el derecho a poder expresarse, el derecho a la salud, el derecho a muchas cosas más”, detalla Martínez.
Presos políticos con mayor vulnerabilidad
El abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explica que esta práctica pone a los presos políticos en situación de “mayor vulnerabilidad”, ya que imposibilita que tengan contacto con sus familiares y evita que sigan denunciando las torturas y tratos crueles que suceden dentro del Sistema Penitenciario.
“Que no te lleven a los Juzgados no es una acción aislada, es parte de un contexto de violaciones a las garantías del debido proceso en los cuales no hay acceso a la información, no se puede nombrar a un abogado defensor de confianza y no se tiene acceso al expediente”, enfatiza Marenco.
La celebración de juicios por videollamadas afecta también emocionalmente a los presos políticos y los somete “completamente” a la voluntad de los funcionarios del régimen, subraya el defensor de derechos humanos.
“La práctica de estos juicios (virtuales) aumenta la vulnerabilidad de las personas, principalmente de quienes están siendo sometidas en condiciones de aislamiento. Ahí se da un sometimiento total, porque, por ejemplo, si una persona presa política quiere decir me están haciendo algo, simplemente el funcionario le apagaría el micrófono, la cámara y listo”, describe Marenco.
Los casos más conocidos
Entre los juicios “virtuales” más conocidos está el del preso político y vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A), Jasson Salazar. Este se llevó a cabo el 8 de agosto de 2023, mediante Zoom, una plataforma de videollamadas y reuniones virtuales. Ese día, detrás de una pantalla, la jueza Ulisa Tapia, titular del Juzgado Décimo Tercero penal de la capital nicaragüense, lo declaró culpable por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Al igual que Salazar, el académico Freddy Quezada fue juzgado y condenado en una audiencia por videollamada, según dijo a sus familiares un defensor público, en enero de 2024. Sin embargo, el académico no ha sido visto desde que fue detenido hace siete meses por lo que, técnicamente, permanece en “desaparición forzada”.
En ambos casos, los presos políticos ni siquiera fueron llevados a un Juzgado para ser procesados y, en cambio, fueron declarados culpables a través de videollamadas. Su juicio ilustra una de las nuevas prácticas arbitrarias de la justicia sandinista.
