8 de septiembre 2022
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El magistrado Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), y jueces orteguistas “desinformaron” a al menos a cinco presos políticos encerrados en El Chipote y llevados a audiencias “ilegales” la semana pasada. En estas, les aseguraron que sus recursos de casación ya habían sido admitidos, cuando en realidad, estos fueron aprobados hasta este lunes 5 de septiembre y notificados a sus abogados defensores hasta el martes seis de septiembre.
Las “inventadas audiencias informativas fueron realmente desinformativas porque no era verdad que los recursos habían sido admitidos a trámite”, expresó un abogado en condición de anonimato. Varios de los recursos presentados no habían sido resueltos, pero debía -el Poder Judicial- justificar de alguna forma la comparecencia “ilegal” de los presos políticos y por eso, brindaron información no actualizada, expresó.
En la notificación el TAM señala que admitieron los recursos extraordinarios de casación el cinco de septiembre, fecha que no corresponde con los días en que exhibieron a los presos políticos en los juzgados capitalinos. Entre el 3o de agosto y el primero de septiembre, el régimen orteguista presentó por primera vez en más de un año de encierro a 27 reos de conciencia, condenados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote. Los sometieron a audiencias "informativas" inventadas sobre sus procesos judiciales, convocadas por el TAM -sin tener competencia- y varios de los jueces que sentenciaron a los presos políticos.
Los judiciales y magistrados no solamente brindaron información imprecisa en al menos cinco casos, sino que evidenciaron la persistencia de retardación de justicia. Según la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), tras la sentencia del TAM, que ratificó las condenas de siete a trece años de prisión contra los presos políticos, los abogados defensores tienen 20 días para presentar los recursos de casación y el TAM un plazo de 48 horas para tramitarlo.
El Ministerio Público debe contestar los perjuicios o violaciones — “agravios” en jerga judicial— presentados por las defensas en un plazo de 20 días y posteriormente, remitir el caso a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, varios de los procesos aún estaban a la espera de la respuesta del Ministerio Público.
Contradicciones jurídicas entre jueces orteguistas
El abogado Henry Salatiel López, defensa del preso político y miembro de la UNAB, Alex Hernández, explica que en su caso, los judiciales sí brindaron la información correcta sobre el proceso de su defendido, que previamente le fue notificada. Sin embargo, señala que no es posible que se informe al acusado que su recurso fue admitido, cuando “técnicamente su defensa no ha sido notificada. Hay contradicciones en el mismo proceso”, advierte.
“Mientras no se tenga técnicamente u oficialmente la notificación de si el recurso -de casación- fue admitido o no, no podemos hablar de que están cumpliendo con los plazos”, expresó López.
En otro de los casos de presos políticos que su abogado prefirió mantener bajo anonimato por seguridad, el magistrado Rothschuh Andino le informó al reo de conciencia que estaban a la espera de la respuesta de agravios por parte de la Fiscalía, a pesar que esta ya había contestado, por lo que el expediente tendría que haber estado en la Corte, señaló el defensor.
Según el artículo 393 del Código Procesal Penal (CPP) "una vez recibida la contestación, la Sala remitirá las actuaciones a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, para su resolución". No señala un plazo específico, pero la legislación también orienta que cuando no existe un término fijado para un procedimiento “se entenderá que debe realizarse dentro de las siguientes 24 horas”, explicó el abogado.
“En estricto apego a la ley, ya el expediente debería haber sido remitido desde el 10 u 11 de agosto, por lo que podemos concluir que sí se está produciendo retardación de justicia”, expresó el abogado.
Abogado de preso político reclama derecho a visitas
El abogado defensor López cuestiona las audiencias “informativas”, que además de ser ilegales porque no las contempla el Código Procesal Penal, los magistrados y jueces “usurpan” la labor de los abogados defensores, que son los que deben informar al preso político sobre el estado de sus procesos judiciales, pero ha sido bloqueado desde las detenciones de los reos de conciencia.
“Ese rol de informar a los acusados cómo va la situación legal es de nosotros, la defensa, que se materializa con los permisos que nos deberían de dar, que es un derecho constitucional que tienen los acusados de entrevistarse con sus abogados”, reclamó.
La incomunicación entre los abogados y sus defendidos ha sido una de las violaciones más recurrentes en las causas judiciales de los 27 reos de conciencia cautivos en El Chipote y los trece que están casa por cárcel.
