12 de febrero 2022
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La maquinaria judicial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, integrada por policías, fiscales y jueces que participan activamente en la represión contra los presos políticos, tienen responsabilidades penales, coinciden abogados que mencionan el delito de lesa humanidad de la tortura y el prevaricato como las más graves ilegalidades en la que estarían incurriendo.
El delito de prevaricato se castiga con una pena de cinco a siete años a jueces y magistrados que cometen actos contrarios a la Constitución Política y las leyes nacionales, explica la abogada Eilyn Cruz, del grupo de juristas Acción Penal. Además, de acuerdo con el artículo 131 del Código Penal, el prevaricato conlleva la inhabilitación absoluta en el cargo.
“El tema de la tortura puede ir más dirigido a los fiscales y a los policías, la pena máxima es de diez años, no obstante, haciendo una investigación, trabajando un caso con suficientes elementos de prueba, también podría ser un caso para los jueces, porque ellos han retardado justicia deliberadamente, y no desconocen que estas personas están siendo torturadas dentro de las cárceles y toda la situación que está ocurriendo, sobre todo, cuando las defensas han solicitado oportunamente que sean valorados por el médico forense, han solicitado cambio de medidas y siempre han hecho caso omiso”, afirma Cruz.
En nombre de Acción Penal agrega que, ante la cantidad de vicios de los juicios, lo que cabe es el sobreseimiento definitivo de los procesados y no la nulidad que permitiría una rectificación del acto omitido.
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Wendy Flores: Jueces han cometido delitos
Wendy Flores, coordinadora del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca +, calificó de lamentable la situación y explicó que el sistema de administración de justicia en su conjunto está actuando en contra de las libertades y derechos fundamentales de las presas y presos políticos con la realización de estos procesos cuando “deberían ser respetuosos de los derechos humanos”.
Flores dijo que han ocurrido violaciones al debido proceso que se encuentra establecido en las leyes del país y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Los funcionarios lo han hecho basados en la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos (que castiga las “noticias falsas”) y la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”, utilizadas como instrumentos para criminalizar a los liderazgos políticos, económicos y sociales.
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“Ninguno de ellos debería estar preso. Ninguno de ellos ha cometido ningún delito (…) El sistema debería ser respetuoso. Por el contrario, han actuado de forma articulada sin respetar la presunción de inocencia y estableciendo condenas anticipadas. Los jueces, fiscales y policías han cometido delitos en perjuicio de los presos políticos, unos con mayor con responsabilidad que otros”, afirmó Flores.
Wendy Flores, abogada y defensora de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca + Impunidad. // Foto: Elmer Rivas
El pasado 31 de enero, en la víspera del inicio de los juicios políticos en las cárceles de El Chipote, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos calificándolos de “criminales y delincuentes”.
Un reporte de CONFIDENCIAL reveló, este 11 de febrero, quiénes son los 15 jueces y fiscales que ejecutan las órdenes políticas emanadas de El Carmen para condenar a los presos políticos de Nicaragua.
Los seis jueces son Martín Quiroz, Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, Ángel Jeancarlos Fernández González, Félix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, y Ulisa Yahoska Tapia Silva.
La defensora de derechos humanos sostuvo, además, que las denuncias de torturas contra los policías son de conocimiento de la autoridad judicial y “no son investigados ni remitidos al Ministerio Público. “La Fiscalía no está haciendo una investigación, esto los hace tener incluso una responsabilidad penal por no ejercer ninguna acción alrededor de lo que acontece”, añadió. Insistió en que es un deber de los funcionarios que se respete en todo momento la dignidad humana de los procesados.
El Fiscal Javier Morazán, a cargo de la unidad élite para fabricar procesos contra los presos políticos. Foto/Ministerio Público
Molina: “En Nicaragua no existe el sistema de justicia”
La abogada Martha Patricia Molina, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, explica que el artículo 33, numeral 4 de la Constitución Política, establece que toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal en la autoridad que la ordene. Sin embargo, reconoce que, bajo el sistema actual, estos delitos no podrán ser investigados debido a que el Estado es el victimario contra los presos políticos.
En un nuevo sistema, los jueces deberán ser destituidos y los policías dados de baja deshonrosa por los daños causados, según Molina. “Los procesos ilícitos que se están desarrollando son oscuros. En Nicaragua ya no existe el sistema de justicia, su involución en los últimos años ha sido tan reiterada que nos hemos convertido en un territorio donde domina la ley del más fuerte, donde magistrados, jueces, fiscales y policías son operadores y ejecutores de ilícitos destinados a elaborar la parte de la represión encargada de la criminalización a inocentes, pero dando un aspecto jurídico inexistente”, lamentó.
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La jurista también se refirió a las actuaciones de funcionarios de Gobernación, que se han prestado a la represión de los organismos no gubernamentales y dijo que sus actuaciones deben ser documentadas, porque son personas que no podrán ejercer la función pública nunca más por el daño económico, social y político que están causando en el país. Tampoco podrán escudarse bajo el principio de la obediencia debida.
La directora del Departamento del Registro y Control de Asociaciones en el Ministerio de Gobernación es Franya Ya-rue Urey Blandón, originaria de Jinotega y señalada como una de las principales responsables de la represión contra los organismos.
Wendy Flores, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca +, argumentó que el Estatuto de Roma—instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional— establece entre los crímenes de lesa humanidad la privación de la libertad física en violaciones a normas fundamentales de derecho internacional, y también pone como otra causal la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundamentada en motivos políticos.
“Aquí estamos viendo cómo determinados grupos están siendo sometidos a esta persecución con la finalidad de exterminar cualquier forma de participación política y ejercicio de derechos en nuestro país. Nosotros hemos venido denunciando que se ha practicado la tortura, no prescribe, por lo tanto, puede ser perseguido en cualquier momento”, advirtió Flores.
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