19 de abril 2023
En 2018, la vida de Josefa Meza transcurría entre su trabajo como contadora y los cuidados de sus hijos: dos jóvenes universitarios a quienes soñaba verlos convertidos en profesionales, mientras se jubilaba y descansaba sus últimos días. Pero la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, le asesinó a su hijo, Jonathan Morazán.
El joven participaba en la “Madre de todas las Marchas”, el 30 de mayo de 2018, en Managua, en solidaridad con las madres de los asesinados durante los primeros días de las protestas iniciadas el 18 de abril.
“Mi vida antes de la Rebelión de Abril, era una persona que trabajaba. La vida mía era una vida normal, ganaba, trabajaba, estaba preparando a mis hijos en las universidades para que ellos fueran profesionales. Nosotros éramos un grupo, los tres: conversábamos y platicábamos de nuestro futuro, de nuestros proyectos para futuro, y siempre pensando en la educación y en que cada uno se profesionalizara”, rememora Meza.
Aquel 30 de mayo, día en que Nicaragua celebra a las madres, era diferente. No hubo fiesta, ni flores, ni regalos. El país estaba de luto, dolido por los más de 90 jóvenes asesinados durante mes y medio de protestas, y que ese día sumaron 16 nuevas víctimas a manos de la Policía sandinista y grupos paramilitares financiados por la dictadura.
“Recuerdo a mi hijo como un muchacho con aspiraciones a tener una vida plena. Era un chavalo sonriente que le gustaba estudiar, era muy disciplinado, muy humanitario. Ayudaba a las personas en caso de que lo necesitaran. Era un excelente hijo. Para mí era un chavalo que nunca estaba enojado, siempre sonriente, pero sí tenía sus ideas, se expresaba de manera libre”, detalla esta madre que no ha parado de exigir justicia.
Madres convertidas en defensoras de derechos humanos
“A cinco años, para mí, a mi hijo todavía lo llevo en el corazón y, para mí, este asesinato es como si lo hubiesen cometido el día de ayer, en mi caso mi hijo y yo no vamos a estar felices y tranquilos hasta que haya justicia”, dice Meza, ahora exiliada en Suiza, desde donde ha recorrido varios países europeos denunciando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, y en demanda de justicia para los 355 asesinados, registrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La madre transformada en defensora de los derechos humanos producto de las represión, señala la impunidad del Estado de Nicaragua frente a los asesinatos y todas las violaciones de las libertades de la ciudadanía; la ausencia de una investigación sobre los hechos y el bloqueo de cualquier información.
“Son cinco años más bien de que hemos sido perseguidas por denunciar los crímenes de lesa humanidad. Nos han perseguido, nos han detenido y es por eso que estamos en el exilio, no solamente yo, sino también muchas madres de la Asociación Madres de Abril. Por eso estamos en el exilio, por exigir justicia contra la dictadura”, demanda Meza.
Las pruebas la respaldan. En marzo de 2023, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó un informe que confirma que Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, en conjunto con siete instituciones estatales desde 2018, cuando las protestas sociales fueron reprimidas con balas de alto calibre por la Policía y grupos paramilitares.
“Tenemos esperanza de que vamos a lograr justicia para nuestros hijos. Mis planes son continuar existiendo, trabajando, viviendo como en todas partes, nada más que en el exilio, y siempre luchando por que no se queden impunes los crímenes”, enfatiza después de ser testigo de la lectura del informe en Ginebra, Suiza ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a quienes les pidió “apoyo en la búsqueda de justicia ante estos asesinatos patrocinados por el Gobierno en contra de nicaragüenses y activistas pacíficos”.