6 de diciembre 2020
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Costillas fracturadas, traumas en el cráneo y lesiones en la columna son parte de las secuelas que muestra el cuerpo del preso político José Santos Sánchez, confinado a una celda de máxima seguridad desde noviembre de 2019. El opositor ha sido detenido en tres ocasiones y según el testimonio y denuncia de sus familiares, ha sido torturado por funcionarios del Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo”, la Policía y simpatizantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Alejada de su hogar y de su hija, Heydi Hurtado --esposa de Sánchez y también exrea política-- afirma que, desde abril de 2018, ella y su esposo se convirtieron en “blanco” del régimen de Daniel Ortega, por sumarse a las protestas antigubernamentales a las que el Gobierno respondió con represión y muerte, dejando más de 325 asesinados, más de 1600 presos políticos de los que 109 continúan en prisión, además de miles de asediados y perseguidos que han tenido que exiliarse o dejar sus hogares, según informes de organismos internacionales defensores de derechos humanos.
“Desde que comenzamos a participar en las marchas, y luego que mi esposo estuvo en los tranques que se levantaron en Masaya, nuestras vidas no han vuelto a ser las mismas… A mí me ha tocado resguardarme fuera de mi pueblo, mi hija ha tenido que dejar de estudiar, perdimos un pequeño negocio y no nos han dejado tener paz, nos han detenido ilegalmente, nos han perseguido y nos han amenazado”, denuncia Hurtado.
Tres detenciones en menos de dos años
Hurtado también fue presa política. Estuvo dos meses encarcelada, sin ser acusada por ningún delito ni presentada ante un juez. “Creo que me intentaron usar como rehén, porque no lo habían logrado capturar a él”, afirma. El dos de enero de 2019, la llevaron a la delegación policial de Masaya. “Me interrogaron hasta el cansancio y me exigían que les dijera dónde estaba él”, recuerda.
Dos días después la trasladaron a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como “El Chipote”, donde estuvo mes y medio.
“El 18 de febrero, que capturan a mi pareja, me llevan a (la cárcel) La Esperanza”, relata. Ahí estuvo diez días, “pero como ya lo tenían a él me dejaron en libertad”, afirma. Al salir de prisión, se enteró que Sánchez estaba detenido, y que había sido golpeado.
“Fue tal la manera que lo golpearon, que no le habían dejado lugar alguno sin golpear. Le dieron de culatazos, lo ataron a una camioneta de pies y manos y lo arrastraron, después le dieron garrotazos”, denuncia.
Sánchez estuvo preso por cinco meses y fue excarcelado con la Ley de Amnistía. Un chequeo médico reveló que le habían quebrado varias costillas del lado izquierdo, tenía un trauma en el cráneo, un disco de la columna desviado, problemas de visibilidad en su ojo izquierdo y urgía una cirugía en la nariz. Con radiografías en mano, Sánchez denunció las torturas sufridas ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Tres meses después, el 26 de septiembre, volvió a ser detenido, por hombres armados a bordo de una camioneta Hilux.
“Lo llegaron a detener a la casa, pero ese día solo lo anduvieron amenazando, lo llevaron a la orilla del volcán Masaya, lo amenazaron con que lo iban a echar ahí, exigiéndole que les dijera quiénes lo financian… Lo amenazaron con pistola y le dijeron que si continuaba participando de las reuniones de los opositores lo iba a lamentar”, denuncia Hurtado.
El 12 de noviembre lo detuvieron por tercera ocasión. La Policía llegó a la casa como a las cuatro de la madrugada, no tenían orden de allanamiento y quebraron la puerta, los obligaron a tenderse en el piso, les apuntaron con armas e interrogaron a Sánchez en una de las habitaciones. Hurtado afirma que “le pusieron droga” para poder arrestarlo.
Uno de los agentes, recuerda, entró a la casa “con actitud sospechosa” y con “un maletín en la mano”. “Como a los cinco minutos, sale con una bolsa transparente en forma de gabacha, diciendo que eso había encontrado a la vista, que la encontraron en la ropa sucia y ahí casi no había ropa sucia, porque yo lavo ropa todos los días”, argumenta.
Condenado a 15 años “por protestar”
La abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), detalló a CONFIDENCIAL que Sánchez fue condenado a 15 años de prisión por supuesto tráfico de estupefacientes, y que su caso está en apelación.
En septiembre, Sánchez se sumó a la huelga de hambre de los presos políticos para demandar la libertad de los reos de conciencia y exigir el cese de torturas y maltratos. Además, fue uno de los tres reos de conciencia que decidieron zurcir sus labios como medida extrema. Pero las autoridades de la prisión lo obligaron a retirarse los puntos, y lo trasladaron a una celda de máxima seguridad.
“Le robaron sus dibujos, las pinturas que yo le había pasado, las cartulinas, todo. Tenía bastante material (de dibujo) porque habíamos luchado por tres meses y medio para que lograran entrar, pero todo se lo quitaron y le suspendieron las visitas, y no le entregaron sus medicinas”, reclama Hurtado.
Oviedo asegura que la CPDH también solicitó al penal que les permitiera ingresar para verificar las condiciones de los presos políticos, pero no hubo respuesta.
La abogada recordó que las leyes que regulan la seguridad penitenciaria establecen que, cuando un privado de libertad realiza una huelga de hambre, se debe garantizar su integridad física y el seguimiento médico. Sin embargo, critica que fueron enviados a celdas de castigo. “Es una ilegalidad, una arbitrariedad y es una violación a los derechos” denuncia.
En menos de una semana, Sánchez cumplirá trece meses en prisión, y Hurtado teme que pase su segunda Navidad en la cárcel. Por eso sostiene que no descansará, aunque la siguen amenazando y persiguiendo.
“Nos han arruinado la vida y por ahora tengo que estar resguardada, pero no vamos a desistir de exigir libertad, libertad para mi esposo, libertad para todos los presos políticos --sentencia--, porque no son unos delincuentes”.
