9 de enero 2019
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La Compañía de Jesús en Centroamérica abogó este lunes por la reanudación del diálogo nacional en Nicaragua, suspendido desde julio pasado, para superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos.
"Que la reconciliación a la que el papa Francisco exhortó en las navidades recién pasadas sea resultado de un diálogo que restablezca el Estado de derecho, que restituya todas las libertades constitucionales", instó esa Compañía en un comunicado divulgado en Managua.
También que garantice el respeto irrestricto de los derechos humanos de la población, y que revierta el proceso de destrucción económica al que, según los especialistas en la materia, el país está siendo empujado, continuó.
El diálogo entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.
Por otro lado, los jesuitas en Centroamérica manifestaron su preocupación "por la reducción sustancial" del presupuesto que por prescripción constitucional recibe la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua desde 1990.
Además, reafirmó que la UCA, desde su fundación en 1960, en coherencia con su vocación humanística, ha venido cumpliendo con la misión de "servicio de la fe y promoción de la justicia", a través de la investigación creadora, la docencia de calidad, y la proyección social ética y ciudadana.
Por lo que, según el documento, lamentan que "por prejuicios ideológicos y sesgados intereses políticos se perjudique el aporte de una institución académica que, inspirada en los valores éticos del cristianismo, se ha comprometido en poner a la razón, a la ciencia y el pensamiento en favor del desarrollo humano integral de Nicaragua".
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado 325 muertos confirmados, más de 600 presos políticos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
Ortega, próximo a cumplir doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido aplacado.
