22 de septiembre 2020
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La periodista Elsa Espinoza, de la comisión ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), se sentará este 22 de septiembre en el banquillo de los acusados. Su juicio por el delito de "amenazas" se realizará en el Complejo Judicial Managua a 355 kilómetros del Juzgado Penal Local de Bluefields, donde al día siguiente, 23, está previsto otro juicio contra su colega Kalúa Salazar por el delito de "calumnias". Quienes reclaman ser víctimas en ambos procesos judiciales son personas ligadas al partido de Gobierno por lo que las comunicadoras advierten de un interés político.
En la víspera del juicio, programado para las 8:00 a.m., Espinoza expresó la impotencia que le causa este proceso judicial, que a su criterio es realizado con el objetivo de "intimidar" y "silenciar" las voces incómodas al régimen de Daniel Ortega. En este país "la justicia no existe, se aplica la ley del más fuerte" y el hecho de que hayan admitido la causa es "una burla al periodismo independiente", valoró.
Espinoza recordó que antes de ser parte de la comisión ejecutiva de PCIN mantuvo "un perfil bajo", pero en la medida que comenzó a aparecer en los medios de comunicación su vecina, María del Pilar Vallejos, le gritaba constantemente "golpista y tranquera". Ofensas que ignoró hasta que Vallejos y su hija "se pusieron violentas y me agredieron físicamente". La periodista intentó poner la denuncia en el Distrito Siete de la Policía, en Managua, pero sus agresoras llegaron antes y Espinoza pasó "de ser víctima a victimaria", afirma.
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En la Policía no le recibieron la denuncia y a finales de abril la comunicadora recibió un citatorio donde se le solicita presentarse al Juzgado Segundo Local Penal de Managua, junto con su madre, por el delito de “amenazas” en perjuicio de Vallejos. El 17 de mayo se celebró la audiencia preliminar y la acusación fue desestimada, pero se dejó abierto el proceso para que “la parte acusadora mejorara la narrativa de la acusación porque no había coherencia”, explicó Espinoza.
Debido a las desavenencias con Vallejos, la periodista tuvo que cambiar de domicilio para "evitar confrontaciones". La casa donde vivía con su familia dejó de ser un lugar seguro y el proceso judicial en su contra ha sido "desgastante" tanto emocional como económicamente. Este martes, aunque no tiene buenas expectativas, al menos el proceso llegará a su fin.
Amenazas en vivo
En la emisión del 21 de septiembre del noticiero Tras la Noticia, de radio La Costeñísima, en Bluefields, quedó registrado el instante en que un simpatizante del Gobierno llamó a la emisora para amenazar a los periodistas. El hombre aprovechó que los reporteros informaban sobre el embargo al Canal 12 para señalar "eso mismo les va a pasar a ustedes". La emisora también ha sido asediada por la Policía y su jefa de prensa, Kalúa Salazar, enfrenta un proceso judicial por "calumnias", tras el reporte: “Se destapa corrupción en la Alcaldía del municipio El Rama”, publicado el pasado cuatro de agosto.
El juico contra Salazar se realizará mañana y –al igual que en el caso de Espinoza– "es muy poco lo que se puede hacer". Las supuestas víctimas Julia Elena Zeledón Siu, Shamia del Socorro Ruíz y Cinia Griselda Centeno, son militantes sandinistas y el caso ha sido promovido en medios oficialistas, la periodista ni siquiera fue notificada oficialmente para la audiencia preliminar que se realizó el 19 de agosto, sino que se enteró por las publicaciones en la red social de un medio local.
El objetivo real de estos procesos judiciales es "atemorizarnos, intimidarnos y callarnos, que –por seguridad– no sigamos transmitiendo el noticiero o dejemos de trabajar por miedo", subrayó Salazar. Asimismo, el asedio a la radio se ha intensificado a medida que se acerca el juicio contra Salazar, todas estas "son situaciones con las que tenemos que vivir, pero no tenemos que acostumbrarnos porque el trabajo periodístico independiente no debe ser criminalizado", continuó.
Otros periodistas que tienen juicios pendientes son: David Quintana, de Boletín Ecológico, y William Aragón, ambos fueron denunciados por los delitos de “injurias y calumnias”. En el caso de Quintana, este no fue notificado oficialmente y se enteró del proceso en su contra porque un abogado revisó el sistema judicial y vio su nombre. Aragón, por su parte, conoció de la querella en su contra el pasado ocho de mayo y está siendo procesado en el Juzgado Local Penal de Somoto.
Organizaciones condenan represión
Este 21 de septiembre, cincuenta organizaciones internacionales denunciaron que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó las "acciones represivas" en contra de mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas, y expresaron preocupación por este "recrudecimiento" de la represión policial en contra de la ciudadanía opositora.
🗣️+50 organizaciones internacionales denunciamos la intensificación de las acciones represivas ejercidas por las autoridades nicaragüenses contra activistas, personas defensoras de #DDHH y periodistas.
📰Lee aquí nuestro comunicado👉🏾 https://t.co/j8XilPEBhl#SOSNicaragua pic.twitter.com/6SdAU8PHfu— IM-Defensoras (@IM_Defensoras) September 18, 2020
En los primeros 14 días de septiembre, las organizaciones reportaron 165 agresiones dirigidas a mujeres activistas, quienes "han sido víctimas de detenciones, uso excesivo de la fuerza, allanamientos de vivienda, criminalización, hostigamiento, amenazas de muerte, daños a sus propiedades, campañas de desprestigio y estigmatización en redes sociales", dice el pronunciamiento.
Según las organizaciones, existe un patrón de represión generalizado que "parece estar incrementándose". El mismo patrón, agregan, se observó durante la conmemoración de los dos años del inicio de las protestas en Nicaragua y de la marcha del día de las madres.
Las violaciones de derechos humanos registradas por las organizaciones locales "no pueden ser sino interpretadas como un nuevo intento de amedrentar a toda persona que se oponga a las políticas de las autoridades públicas", enfatizan las organizaciones.
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