24 de enero 2023
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La justicia orteguista inició bajo absoluto hermetismo el juicio político contra seis religiosos y un laico, que en agosto de 2022 estuvieron secuestrados en la Curia Episcopal de Matagalpa por 15 días junto al obispo Rolando Álvarez -también en prisión domiciliar y enviado a juicio-, confirmó el medio de comunicación local Mosaico CSI.
Los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano; el diácono Raúl Antonio Vega; los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico Sergio Cadena Flores fueron trasladados de Matagalpa a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, tras el asalto policial a la Curia, el 19 de agosto de 2022.
La Fiscalía alineada con el régimen orteguista acusó a los religiosos y al fotógrafo de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. En octubre pasado, la jueza Nalia Nadezdha Úbeda Obando, del Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua, remitió el caso a juicio.
Según el sistema digital del Poder Judicial, seis policías -cuatro de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y dos peritos-, además de siete laicos fueron propuestos como testigos en el caso contra los sacerdotes. El caso está radicado en el Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Managua, a cargo de la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez.
Se desconocen detalles de la acusación que, según abogados independientes, es un expediente más de los fabricados por la Fiscalía contra reos de conciencia del régimen orteguista. El hermetismo ha implicado que ni siquiera las mismas defensas tengan acceso al documento judicial en su totalidad, indicó una fuente relacionada a los casos.
El proceso contra los religiosos y el reportero gráfico ocurre tras una semana que la jueza orteguista Nancy Aguirre Gudiel declarara culpable al sacerdote Óscar Danilo Benavides Dávila, párroco de Mulukukú, por los delitos de conspiración y noticias falsas; ambos instrumentalizados por la justicia orteguista para castigar a las voces críticas en Nicaragua.
En la acusación contra el sacerdote Benavides, el Ministerio Público señala a monseñor Álvarez de “cabecilla” de presuntas actividades ilícitas, indicó Mosaico CSI. La Policía justificó el secuestro del prelado bajo una supuesta investigación por “organizar grupos violentos”, con el “propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
Se desconoce estado de salud de religiosos
Desde que los sacerdotes fueron secuestrados por la Policía del régimen de Daniel Ortega, la jerarquía de la Iglesia católica ha callado sobre la situación jurídica de los religiosos. Los padres, seminaristas, el diácono y el fotógrafo han recibido visitas de sus familiares en El Chipote, pero sus parientes han optado por mantener todos los detalles en reserva, por lo que se desconoce cuál ha sido el impacto generado por el encierro en su estado de salud física, emocional y espiritual.
Contrario a monseñor Álvarez, que el régimen orteguista divulgó dos fotografías -evidenciando su desgaste físico y mayor palidez- mientras participaba de las audiencias judiciales en los juzgados capitalinos, los seis religiosos y el laico han sido ocultados desde su secuestro.
Recién habían sido trasladados a la capital, algunas fuentes familiares aseguraron bajo anonimato, que estaban preocupados por la salud de los curas, ya que en algunos casos requieren medicinas especializadas para tratar sus enfermedades crónicas. Lo mismo ocurrió con el sacerdote Enrique Martínez Gamboa, el último religioso capturado por la Policía.
Los acusados acompañaron a monseñor Álvarez a rezar, orar y celebrar misa dentro de la Curia Episcopal durante 15 días, mientras estaban rodeados por la Policía.
Por otro lado, en el juicio contra el sacerdote Benavides, el primer religioso condenado por delitos instrumentalizados con fines políticos, la Fiscalía llevó a pobladores de Mulukukú, entre testigos de cargo y, según confirmó Mosaico CSI, uno de ellos ni siquiera conocía al padre.
La audiencia de juicio fue realizada en menos de ocho horas, desde aproximadamente las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde el pasado 16 de enero.
El juicio político contra monseñor Rolando Álvarez
La justicia orteguista remitió a juicio el caso de monseñor Álvarez el pasado 10 de enero, pero hasta ahora se desconoce la fecha de su programación.
Sin embargo, la dictadura de Daniel Ortega ya enlistó a los doce testigos y cuatro peritos que declararán en el juicio espurio contra el obispo Álvarez. Serán tres policías, dos trabajadores del Estado y varios simpatizantes sandinistas.
Sobre este juicio tampoco se ha pronunciado la Iglesia católica ni el Papa Francisco, un silencio que ha sido criticado por defensores de derechos humanos, feligreses, y los mismos sacerdotes y religiosas mediante una carta abierta, sin que hasta ahora, haya generado alguna reacción en la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).
El régimen orteguista mantiene una brutal persecución contra la Iglesia, que ha provocado el encarcelamiento de 11 sacerdotes, nueve acusados por delitos de tipo políticos y dos condenados por delitos comunes. Asimismo, la Policía se encarga de intimidar y vigilar a otros párrocos en diferentes zonas del país, y principalmente, en la Diócesis de Matagalpa, dirigida por el obispo Álvarez.
La Policía también ha prohibido procesiones grandes y locales. En los primeros 15 días de enero, al menos, canceló seis. Ante la represión orteguista, los sacerdotes han optado por no denunciar los abusos en su contra y se limitan a celebrar a los santos patronos dentro de la Iglesia o el atrio del templo.
