26 de junio 2023
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El próximo 30 de junio de 2023 se cumplirán dos años de la queja interpuesta por comunitarios indígenas y afrodescendientes ante el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM, por sus siglas en inglés) del Fondo Verde del Clima (FVC), que aprobó el proyecto Bio-CLIMA, que asciende a 116.6 millones de dólares.
En la denuncia se advirtió que el proyecto “Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawás y Río San Juan”, aprobado el 13 de noviembre de 2020, dará lugar a la degradación del medioambiente e incrementará los ataques de colonos armados a las comunidades indígenas de Nicaragua, que ya sufren de desplazamiento forzado y asesinatos a manos de colonos, quienes —según activistas nacionales— son protegidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Esta denuncia propició que el IRM iniciara una “investigación de cumplimiento” en marzo de 2022, que incluyó visitas in situ, entrevistas a comunitarios y a las autoridades locales de donde se instalará el proyecto. En estas visitas, los investigadores habrían confirmado los efectos adversos que causará el proyecto.
En agosto de ese mismo año, el IRM entregó el informe con los hallazgos y recomendaciones a la Junta Directiva del FVC, quienes tomarán la decisión de continuar o detener el millonario proyecto. Sin embargo, el documento no es de conocimiento público y la Junta ya ha pospuesto su resolución en dos ocasiones por no tener consenso.
“El caso es extremadamente complejo porque tiene que ver con la gravísima situación de derechos humanos en Nicaragua”, dijo la Junta Directiva en marzo pasado y agregaron “es desafortunado que la decisión esté tardando tanto, sobre todo cuando la violencia en el país escala y las víctimas quedan en la incertidumbre”.
Se espera que en la próxima reunión donde se retomará la discusión —a puerta cerrada— se realice entre el 10 y 13 de julio de 2023, en Corea del Sur, haya una resolución a la queja. Sí fallan a favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes marcaría un precedente ante el Fondo Verde del Clima al darle una lección sobre la “importancia de entender los contextos de violencia y conflicto antes de aprobar financiamiento para proyectos”, agregaron.
Temen afectar otros proyectos similares
El ambientalista Amaru Ruiz, quien desde la sociedad civil ha sido observador de las negociaciones de cambio climático, explica que, por lo particular del caso, hay opiniones divididas entre los miembros de la Junta Directiva del FVC.
Por un lado, hay países que están enterados sobre la grave situación de derechos humanos que se vive en Nicaragua y otros, sobre todo los de países africanos, temen que este fallo sea un precedente para detener otros proyectos aprobados en sus naciones, que de igual forma no garantizan los derechos de sus comunidades indígenas.
“América Latina ya actualizó a las personas que los representan ante la Junta Directiva (del FVC) y entre los países que votan hay unos que están ideológicamente vinculados con el régimen, sobre todo del Caribe. Entonces, en la próxima reunión puede haber cierto nivel de influencia de estos países para tratar de salvaguardar los intereses del régimen”, advierte Ruiz.
El proyecto de Bio-CLIMA asciende a 116.6 millones de dólares que saldrán de préstamos y donaciones entregadas por el Fondo Verde del Clima, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Mundial para el Medioambiente. El proyecto aún está ejecutándose porque el régimen no ha cumplido con las tres condiciones que se pusieron antes de aprobarlo, por lo cual, sostiene Ruiz, la decisión de la Junta cobra mayor peso porque no han ocurrido los daños que se temen.
“Las tres 'condicionalidades' son: la consulta libre previa e informada, la identificación de un tercero independiente que supervise las acciones del proyecto y la tercera está vinculada a la transparencia de los recursos”, explica.
Agrega que la Secretaría del FVC está haciendo un análisis legal de las implicaciones que acarrearía detener el proyecto. “Hay un informe legal, que no es de acceso público, alrededor de qué implica una decisión como esta”, señala.
Secretaría del FVC no cumplió con revisión de estándares
“Lo que está en juego es la credibilidad de los mecanismos que tiene el Fondo Verde del Clima para el cumplimiento de la salvaguardas ambientales, sociales y de los propios estándares que se supone deben de cumplirse dentro del marco de este Fondo, que viene del acuerdo de cambio climático de París y por ende debe rendirse bajo los estándares de Naciones Unidas y de derechos humanos”, explica Ruiz.
El régimen solicitó este proyecto para supuestamente financiar actividades de conservación y restauración de las zonas protegidas, planes de negocio para la creación y consolidación de empresas sostenibles comunitarias y planes de manejo forestal sostenibles, que provocarían una reducción de 47.3 millones de toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Sin embargo, la Secretaría del Fondo Verde del Clima no aseguró todo el cumplimiento de los estándares internacionales que garanticen no violar derechos humanos y que se haga consulta libre e informada con las comunidades. Hay algunos estándares que recomiendan que en zonas de conflicto o de alta tensión, como en las comunidades indígenas que son víctimas de violencia por colonos, se deben hacer análisis de conflicto para tomar una decisión informada sobre los proyectos que se aprueban y esto no se hizo.
“No podemos tener proyectos de cambio climático que violen los derechos humanos, eso es inaceptable. No puede haber financiamiento climático que desplace a la gente, que viole derechos humanos, que contribuya a perder los derechos territoriales legítimos de esas comunidades y nosotros debemos de asegurarnos que esos estándares sean complementados debidamente, para al menos tener a nivel internacional ese resguardo para esas comunidades y esos territorios”, sentencia.
