18 de abril 2018
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y el experto actuarial, Manuel Israel Ruiz, cuestionaron la capacidad legal del Consejo Directivo del INSS para tomar varias de las decisiones que leyó Roberto López.
“Las reformas vienen por una resolución administrativa del INSS, a pesar de la opinión de importantes juristas que sostienen que dicha acción es ilegal, al suplantar atribuciones reservadas a la Asamblea Nacional de crear o modificar tributos”, dijo Funides.
Por su parte, Ruiz dijo al ser entrevistado en el programa de televisión Esta Noche, que se transmite por Canal 12, que varias de las medidas dictadas al amparo de la Resolución 1-317 “son claramente inconstitucionales”, mientras que otras “están reñidas con el Estado de Derecho”.
En el primer caso, se refiere a que el artículo 114 de la Constitución Política de Nicaragua define que solo la Asamblea Nacional tiene facultad para crear tributos, por lo que la decisión de López y su Consejo Directivo estarían violando los preceptos consignados en los artículos 130 y 186 Cn, que indican que los funcionarios no tienen más facultades que las que les señala la Ley.
Por otra parte, cobrar 5% a los jubilados para hacer frente a los gastos médicos que se les ofrece, es una decisión que contradice al artículo 3 de la Ley 160, y al artículo 5 del Decreto 237 de enero de 1980, (firmado, entre otros, por el propio Daniel Ortega) que detallan el derecho de los pensionados por el seguro social, de recibir sus prestaciones médicas sin que se les deduzca cuota de sus respectivas pensiones.
A partir de esas presuntas ilegalidades, recomienda a quien se sienta afectado presentar recursos de revisión, por inconstitucionalidad, o de amparo, para tratar de frenar esa reforma “inhumana e insensible” por las vías legales, y a quienes están a punto de jubilarse en los próximos meses, que gestionen sus pensiones antes del 1 de julio, fecha en que entra en vigor la 1-317.
Atentan contra el empleo
“Las medidas propuestas por la Resolución INSS 1/317 son solamente un paliativo de corto plazo a un problema más de fondo, que lamentablemente no se quiso resolver”, en opinión de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
El lunes en la tarde, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), anunció (por esta vez, sin consenso con la empresa privada), una serie de reformas paramétricas que elevaron la carga contributiva que pagan empleadores y trabajadores, a la vez que disminuía y gravaba el monto de las pensiones.
La decisión generó reacciones de rechazo del sector privado, con el Cosep anunciando la presentación de un recurso de amparo, así como la refutación de los expertos que señalan cómo se desperdició la oportunidad de implementar las reformas que sí habrían ayudado a resolver el problema de forma más sostenible.
“Las medidas propuestas por la Resolución van en contra del crecimiento económico sostenido, por cuanto atenta contra la competitividad nacional, la formalización de la economía, el bienestar de los más pobres, la generación de empleos y la atracción de inversiones que tanto necesita el país”, añade el centro de pensamiento.
“Funides insta al gobierno a reconsiderar las medidas anunciadas por el INSS para buscar una solución integral al tema de la seguridad social en Nicaragua, retomando el consenso público-privado que le ha conseguido al país estabilidad económica y crecimiento en los últimos años”, insiste la entidad, dirigida por el economista Juan Sebastián Chamorro.
Como parte de su análisis, la Fundación explica que la iliquidez en que se encuentra el INSS fue provocada por varios factores, destacando uno: sus gastos aumentaron 4.2 veces desde el 2002, mientras que sus ingresos lo hicieron 3.2 veces.
La Resolución 1/317 dice a los afiliados activos por un lado, que suben las cotizaciones, elevando las ya altas contribuciones que pagan empresas y trabajadores, a la vez que se reducen los beneficios a recibir al jubilarse.
Como resultado de este aumento de la contribución, habrá “despidos y más desempleo, y hará más difícil a los desempleados actuales encontrar un puesto de trabajo en el sector formal”, dijo la Fundación.
Los cálculos indican que el paquete de reformas sacará de circulación unos 200 millones de dólares (1.5 % del PIB), “convirtiendo esta medida en una de las mayores políticas fiscales desde 1990”, lo que redundará en una desaceleración del consumo, mayor informalidad y menor empleo.
[destacado titulo="Las opciones"]
*Funides presenta una serie de medidas a implementar para enfrentar la crisis financiera del INSS.
- Disminuir los gastos administrativos
- Pagar más rápido la deuda del Estado con el INSS
- Liquidar activos improductivos, particularmente inmobiliarios
- Asegurar la calidad de las inversiones y sus rendimientos
- Mejorar el acceso a la información financiera y actuarial de la institución
- Redirigir al INSS, un 1 % del impuesto a la nómina que se destina al Inatec
- Que el Estado asuma las pensiones que se pagan a las víctimas de guerra
- Elevar la edad de retiro para los asegurados menores de 45 años[/destacado]