Impiden a trabajadores del Estado viajar a Estados Unidos

Dos trabajadoras del Estado tuvieron que desistir de sus intenciones de viajar de Nicaragua a Estados Unidos. Una, porque la Dirección General de Migración y Extranjería le negó su pasaporte, y otra porque recibió advertencias de sus superiores, tras avisarles que renunciaría porque le aprobaron su solicitud de parole humanitario.  

Desde diciembre de 2023 Martha, empleada de una institución pública en Managua, encontró a una persona en Estados Unidos que le serviría como patrocinador de parole. Sin previo aviso a sus jefes inmediatos, gestionó la solicitud de pasaporte en enero de 2024. 

“Pagué el precio del pasaporte y hasta ese momento todo iba bien. Después de ocho días, regresé (a las oficinas de Migración) para retirarlo y me dijeron que no estaba listo. Volví dos veces más y me dieron la misma respuesta”, relató Martha a CONFIDENCIAL. Entonces, sospechó porqué la “boleaban” y solicitó una revisión de su caso.

Trabajadores del Estado no pueden salir de Nicaragua

“Un agente de Migración me hizo pasar a una oficina y me explicó que el pasaporte estaba listo, pero que no lo podían entregar porque yo no había notificado a mis superiores que pretendía viajar, que todos los que trabajamos para el Estado tenemos que notificar cualquier gestión de viaje”, dice Martha.

En entidades públicas como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o el Consejo Nacional de Universidades (CNU), han distribuido circulares en las cuales indican a los trabajadores que no pueden salir de Nicaragua sin una autorización explícita, y a algunos los han interrogado en los puestos fronterizos cuando han intentado salir del país, aún después de haber renunciado.

Martha dice que la explicación del agente de Migración le dio “mucho miedo”. La trabajadora del Estado confirmó que Migración tiene una lista de los empleados públicos que no deben recibir pasaporte o salir de Nicaragua.  

“No esperaba tener algún problema, aunque me doy cuenta de que no soy la única que pasa por esto”, subrayó la funcionaria, quien después decidió desistir de viajar a través del parole y continuar con sus labores.

“He esperado que cualquier día me llame mi jefe, y me cuestioné por qué quería viajar sin notificarlo, pero hasta ahora no lo ha hecho”, explicó.

Por estar “fichada”, se resignó a no viajar a Estados Unidos

Ingrid, otra trabajadora del Estado, también en una entidad pública en Managua, solicitó —en silencio— la permanencia legal temporal en Estados Unidos a través del parole humanitario. A mediados de febrero de 2024, le notificaron su aprobación, y decidió informar a sus superiores. Les dijo que su intención era renunciar y solicitar su liquidación.

“Ese día me empezaron a decir que cuidado y no me daban la liquidación, que por mi trabajo de confianza era probable que no me dejarían salir del país. Más bien me metieron un miedo tremendo”, recuerda. 

Ingrid suspendió su viaje para evitar represalias en contra de ella y su familia. Al confirmar que estaba “fichada”, se resignó a permanecer en el país. 

“Esta gente (el Gobierno) es capaz de hacer de todo. A ellos no les importa que uno haya dejado una vida trabajando para el Gobierno, cuando miran que querés irte te fichan de traidor, y a la vez te buscan a retener”, lamenta.

Tras las protestas de abril de 2018, los empleados públicos han denunciado el aumento de la persecución y el espionaje en su contra. Reclaman que son rehenes en su propio país y en sus centros laborales, y que los obligan a “aportar” una parte de su salario al Frente Sandinista y a participar en actos partidarios, aun durante fines de semana y feriados.

En enero de 2023, trabajadores del Estado denunciaron en un reportaje de CONFIDENCIAL que la mayoría de ellos tiene prohibido salir de Nicaragua, y para otros hay permisos “selectivos”.

En algunos casos, las restricciones también alcanzan a familiares de funcionarios de alto rango de distintas instituciones del Estado, como la CSJ.

En todos los casos no les dan ninguna explicación y se limitan a decirles que no pueden viajar.

“Dicen que, si nos vamos, es una traición al Gobierno”

El parole humanitario es un programa que permite a migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití viajar, vivir y trabajar legalmente por dos años en Estados Unidos. Para los nicaragüenses entró en vigor en enero de 2023. 

En el primer año del parole humanitario, más de 47 000 nicaragüenses migraron a Estados Unidos a través de este programa. 

CONFIDENCIAL ha confirmado que varios trabajadores del Estado y militantes o desertores del Frente Sandinista sí han logrado viajar a Estados Unidos como migrantes irregulares o a través del parole humanitario.

Martha también conoce casos de exfuncionarios públicos y trabajadores que salieron de Nicaragua sin complicaciones. Sin embargo, asegura que en las instituciones les advierten que, “si buscan salir”, tendrán “consecuencias”. 

“Nos dicen que no tenemos que buscar nada afuera, porque aquí hay oportunidades, que hay trabajo. Dicen que, si nos vamos, es parte de una traición al Gobierno y eso trae consecuencias para nosotros”, relata. A Martha le desespera no poder salir de Nicaragua y lamenta que le negaron su pasaporte por “puro capricho”. “Me siento atada de manos… ellos (el Gobierno) se creen dueños de todo”, reclama.