11 de abril 2020
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La organización Human Rights Watch (HRW) expresó en un comunicado de prensa su preocupación por la forma en que el presidente Daniel Ortega ha respondido a la pandemia del covid-19 y las políticas que ha ejecutado las cuales, a juicio de la organización, contradicen "descaradamente" los consejos de los especialistas en salud a nivel global, y "ponen en riesgo la salud y la vida de los nicaragüenses".
En el documento HRW señaló que Ortega es el único líder latinoamericano que no ha hecho ningún anuncio público sobre cómo abordar la pandemia. Recalcó la irresponsabilidad del Gobierno de alentar la asistencia a escuelas, actos multitudinarios, y que únicamente hayan dispuesto medidas de cuarentena voluntaria para aquellos que llegan del exterior.
“Mientras el mundo hace frente a la pandemia más grave del último siglo, el Presidente Ortega no ha aparecido públicamente y su gobierno actúa temerariamente, evitando adoptar las medidas básicas de prevención que recomiendan los expertos en salud pública”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Con su irresponsabilidad ante esta crisis, Ortega pone en jaque la salud y las vidas de los nicaragüenses”.
Hasta la fecha, la dictadura orteguista ha confirmado ocho casos de covid-19 y una muerte. Los medios de comunicación han recopilado denuncia de profesionales de la salud que han expresado que desconocen la cantidad total de casos, que probablemente sea mayor, pues no están realizando pruebas generalizadas.
El mundo enfrenta la pandemia más grave del último siglo y a Ortega no le importa. Descaradamente impulsa prácticas contra las recomendaciones de expertos en salud pública. La irresponsabilidad de Ortega pone en jaque la salud y vida de los nicaragüenses. https://t.co/wvSYhCq3qc
— José Miguel Vivanco (@VivancoJM) April 10, 2020
“Los médicos de hospitales de todo el país indicaron haber derivado varios ‘casos sospechosos’ para que se realizaran pruebas en el establecimiento Conchita Palacios del Ministerio de Salud, pero afirmaron que la institución ejercía un férreo control de la información y no había emitido ninguna declaración pública sobre la cantidad de pruebas realizadas ni los resultados”, destaca la nota de prensa de HRW.
Critican al Minsa
En el documento HRW también hace mención a la propuesta que rechazó el Ministerio de Salud (Minsa) el pasado seis de abril al obispo Rolando Álvarez, quien pretendía implementar un plan de prevención contra el covid-19 que incluyera consultas telefónicas con médicos, y la posibilidad de que las personas recibieran tratamiento en seis lugares en Nicaragua.
Confidencial publicó a mediados de marzo un documento en el que el Minsa anticipaba que podía llegar a existir más de 32 500 casos de covid-19, y al menos 813 muertes en un tiempo de seis meses. Cifras que evidentemente podrían provocar el colapso del sistema de atención de salud.
“El gobierno de Ortega no ha adoptado medidas de emergencia ante la pandemia y ha mantenido abiertas las escuelas y permite que tengan lugar servicios religiosos y eventos para turistas. La Vicepresidenta Murillo ha alentado a las familias a que asistan a los festejos de Pascuas, si bien la Conferencia Episcopal de Nicaragua y los obispos aconsejaron que las personas vulnerables se quedaran en sus casas”, cuestiona HRW.
En la nota de prensa el organismo defensor de derechos humanos también hace referencia a la preocupación que expresó la Organización de la Salud por la respuesta de Nicaragua a la pandemia, pues describió como “inadecuados” los métodos de prevención y control dispuestos por las autoridades y las instó a cumplir las recomendaciones de la organización para salvar vidas.
También HRW recordó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señaló que Nicaragua debería reconocer la “extrema gravedad” de la situación de la covid-19 y adoptar medidas para proteger la salud pública.
“En particular, la comisión instó a Nicaragua a garantizar el acceso a la información pública y a autorizar el arresto domiciliario u otras alternativas a la prisión para detenidos, priorizando a aquellos que presentan condiciones de salud que pueden exponerlos a un mayor riesgo de enfermedades graves si se produce un brote en las cárceles”, dice la nota de prensa.
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