Historias de 135 excarcelados confirman represión descontrolada y absurda en Nicaragua

A Adriana Zapata le bastó imprimir una fotografía de monseñor Rolando Álvarez para convertirse en uno de los presos políticos de la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua. A Freddy Quezada, darle like a una publicación en apoyo a la Miss Universo, Sheynnis Palacios; a Kevin Laguna pintarle un mural y al tiktoker Geovany López Acevedo criticar la narrativa oficialista contra el triunfo de ella. 

Ninguno de los cuatro era algún conocido opositor, empresario, aspirante a la presidencia o activista político, como sí hubo entre los más de 800 nicaragüenses encarcelados entre 2018 y 2021. Pero aún así fueron privados de su libertad, convertidos en presos políticos en Nicaragua expuestos a condiciones precarias en la cárcel, y luego desterrados, desnacionalizados y con orden de confiscación.

Desde 2018, la dictadura orteguista ha agudizado la persecución contra todos los nicaragüenses que considera que están en contra de su mandato. De ahí que el perfil o las causas por las que más de mil ciudadanos han sido encarcelados desde 2018 a 2024 alcanzó a ciudadanos que no estaban involucrados en protestas, pero sí ejercían su derecho a la libertad de expresión en sus redes sociales o a través de su arte. Y también alcanzó —y sigue alcanzando— a sus militantes sandinistas.

Todos deben ser escuchados para identificar patrones

“Hay una variación y por eso todos, inclusive los que eran trabajadores del Estado y fueron presos políticos, deben ser escuchados, porque eso nos va a ayudar a identificar los nuevos patrones que tiene el régimen de persecución”, señala Ivannia Álvarez, activista exiliada y excarcelada política.

Álvarez también considera que el trato a estos presos políticos fue diferente al de los encarcelados durante los primeros años de la crisis sociopolítica, porque en esta nueva etapa represiva las familias fueron silenciadas.

“Los familiares han sufrido muchísima represión, tanto así que les dan seguimiento en sus casas a través de su teléfono, de sus redes sociales, les hacen firmar una carta en La Modelo antes de entrar y salen amenazados de que si pasa algo o si algún medio o una persona mencionaba al preso político le iban a restringir la visita”, agrega Álvarez.

Tras la cárcel, el destierro, desnacionalización y confiscación

Entre febrero de 2019 y septiembre de 2024 han ocurrido 14 excarcelaciones de presos políticos, según un conteo de CONFIDENCIAL. Algunos de los reos han estado detenidos en dos o tres ocasiones, como Juan Carlos Baquedano, quien fue encarcelado por segunda vez en agosto de 2023, cuando regresó a Nicaragua a ordenar una documentación personal y de sus propiedades, y es uno de los presos desnacionalizados y desterrados Guatemala. 

O el caso de Jaime Navarrete, quien permanece en prisión tras ser reencarcelado pocos días después de ser excarcelado con la autoamnistía orteguista en junio de 2019, y sigue en prisión aunque ya cumplió su sentencia. 

Entre finales de febrero y principios de junio de 2019, más de 520 presos políticos fueron excarcelados a cuenta gotas y sin garantías sobre su libertad. Y, con la aprobación de la autoamnistía orteguista, el 8 de junio de 2019, otros 106 presos políticos fueron sacados de las cárceles. Entre ellos había ciudadanos que participaron en las protestas cívicas de 2018, líderes estudiantiles, campesinos y activistas de diversos sectores.

Las excarcelaciones de ese año ocurrieron como parte de los acuerdos que se establecieron en la ronda de negociaciones del segundo intento de Diálogo Nacional y en la promulgación de la Ley de Amnistía, en junio de 2019. Previo a aprobarse esta ley, los presos políticos en Nicaragua fueron excarcelados bajo el régimen de “convivencia familiar”, o simplemente enviados a sus casas sin ningún tipo de documento que certificara su condición.

Pero la dictadura volvió a llenar las cárceles en 2021 cuando encarceló a siete aspirantes presidenciales y a varios de los líderes políticos y cívicos del país. A ellos los mantuvo en prisión hasta febrero de 2023, cuando instauró un nuevo patrón de represión: el destierro y desnacionalización.

Los destierros desde febrero de 2023

El primer grupo excarcelado y desterrado de Nicaragua fue el de 222 reos de conciencia, que incluyó a los aspirantes a la presidencia, empresarios, sacerdotes, activistas, líderes políticos, campesinos y opositores al régimen encarcelados en 2021, algunos por segunda ocasión. Todos fueron desterrados a Estados Unidos, donde aterrizaron el 9 de febrero de 2023, con pasaportes recién impresos, para que horas más tarde les arrebataran su nacionalidad.

Ese mismo año, el 18 de octubre, fueron desterrados al Vaticano 12 sacerdotes. La mayoría del norte de Nicaragua. Y el 14 de enero de 2024 fue excarcelado y desterrado un segundo grupo de 19 sacerdotes y seminaristas, encabezados por los obispos Rolando Álvarez, de Matagalpa, e Isidoro Mora, de Siuna. Un tercer grupo de siete párrocos también fue desterrado el 8 de agosto del mismo año.

La lista siguió creciendo, cuando el 5 de septiembre la dictadura excarceló y desterró —esta vez a Guatemala— a 135 presos políticos.

Después de cinco destierros, estas es la primera vez que el régimen de Daniel Ortega oculta la lista de quiénes fueron expulsados, pese a que en las horas posteriores, sin ni siquiera identificarlos con sus nombres y apellidos, ordenó el robo de sus nacionalidad y la confiscación de sus bienes.

Sin embargo, a través de sus testimonios en medios de comunicación y redes sociales, se han identificado a feligreses católicos, pastores evangélicos, ciudadanos con “bajo perfil” encarcelados por comentar o interactuar en redes sociales, expresarse a través de su arte, por participar en actividades religiosas o por celebrar el triunfo de Sheynnis Palacios en Miss Universo. 

Cualquiera puede ser preso político en Nicaragua

“A mí me traicionó la confianza, la confianza de creer que un profesor jubilado no representaba un mayor peligro para ellos”, admitió el académico Freddy Quezada, de 66 años, uno de los 135 desterrados. 

La presidenta del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Marcia Aguiluz, advierte que, al elevar los patrones de represión, cualquier nicaragüense puede convertirse en preso político de la dictadura. 

“Las razones por las que muchas de esas personas (los 135 desterrados) fueron detenidas ni siquiera podrían calificar de razones de oposición política. En las primeras escaladas había un patrón claro de personas que estaban luchando por la democracia, pero en esta ocasión vemos que el patrón es aún más complicado”, afirmó en entrevista con Esta Noche. 

“Nadie está a salvo en Nicaragua”, dice y agrega que “ya no estamos hablando de que si uno se cuida, si no dice, si no menciona, si no sale a la calle, eso ya no existe. Por cualquier mínima expresión, que ni siquiera tiene que ver con razones políticas, puedes terminar 12 meses, 15 meses, o lo que sea, en la cárcel”, lamenta.

La lista de presos políticos nunca está vacía

Las excarcelaciones de presos políticos en Nicaragua han estado precedidas de presiones a nivel nacional e internacional, pero tras cada excarcelación la dictadura siempre conserva un grupo de reos políticos, que luego agranda. 

“La lista nunca está vacía. Esta vez, nuevamente se quedan personas y es muy probable que en muy poco tiempo veamos a más personas detenidas o desaparecidas, que todavía es muchísimo más grave”, lamenta Álvarez.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas hay al menos 36 presos políticos en Nicaragua. Incluidos, diez que están encarcelados desde antes de abril de 2018. 

“Algunas de las muchachas que han salido (de la cárcel) nos han dicho que han quedado muchísimas presas en La Esperanza. Igual, los muchachos que salieron de La Modelo nos dijeron que hay campesinos que no están en las listas”, por lo cual el número de presos puede ser mayor, agrega Álvarez.

Cárceles comienzan a llenarse con militantes

En el nuevo contexto represivo, además de las personas que están en los penales, hay más de un centenar que son obligados a ir a las delegaciones policiales a firmar, que están casa por cárcel, trabajadores estatales o aliados sandinistas que están bajo investigación. 

“Esta es otra cosa que se ha mencionado poco, porque son personas que pertenecen al partido, como el caso del tiktoker que era abiertamente progobierno y que estuvo detenido y sabemos que estuvo mucho tiempo desaparecido”, señala Álvarez. 

También hay trabajadores del Estado y alcaldes que están desaparecidos o bajo investigaciones. Y “sus familiares no tienen la capacidad de denunciar”. 

“Los trabajadores del Estado, al igual que cualquier nicaragüense, tienen derecho a la defensa, tienen derecho a la visibilización y también a ser nombrados como presos políticos por las circunstancia de su detención arbitraria, por sus desapariciones y por la tortura que están sufriendo”, opina Álvarez.

¿Quiénes son presos políticos en Nicaragua?

El Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas de Nicaragua considera a una persona como reo de conciencia si cumple cinco criterios:

1. Si la detención viola la Constitución o el derecho internacional de los derechos humanos: la libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión, de reunión pacífica o de asociación.
2. Si la detención ha sido impuesta por razones de persecución política, sin conexión con cualquier delito.
3. Si la duración o las condiciones de la detención están claramente fuera de proporción con el delito por el cual la persona está siendo penalmente investigada o ha sido declarada culpable.
4. Si, por motivos políticos, la persona es detenida en forma discriminatoria en comparación con otras personas.
5. Si la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y está relacionada con motivos políticos de las autoridades.

Entre los presos políticos sandinistas se encuentra el hermano menor de Daniel Ortega, Humberto Ortega. Quien, a septiembre de 2024, lleva casi cuatro meses bajo el régimen de casa por cárcel después de dar una entrevista al medio argentino Infobae, en la cual aseguró que su hermano no tiene sucesores adecuados y que ante una eventual muerte quedará un gran vacío de poder y se debe convocar a elecciones.

Más de 40 000 reos comunes indultados

En paralelo a la excarcelación —y ahora desnacionalización y destierro—  de los presos políticos en Nicaragua, la dictadura orteguista también ha otorgado el “perdón presidencial” a más de 40 000 de reos comunes. 

Entre enero de 2018 y septiembre de 2024, Ortega ha indultado a 40 384 presos, según un monitoreo de CONFIDENCIAL. Entre enero y septiembre de 2024, la dictadura ha otorgado cuatro indultos, en fechas conmemorativas: el aniversario de las protestas de abril, el Día de las Madres Nicaragüenses, el triunfo de la Revolución Sandinista y el mes patrio. 

Muchos de estos presos comunes indultados han reincidido en delitos de gravedad, como la ejecución de femicidios o violencia de género. En 2024, hay al menos cuatro mujeres asesinadas por sus parejas indultadas.