“Hay un patrón de ejecuciones en zonas rurales”

En los últimos dos meses se han producido al menos seis muertes violentas en los municipios de El Cuá, y San José de Bocay, en Jinotega, incluso en la comunidad de Trojes, en el departamento El Paraíso, en Honduras, donde fue asesinado el exiliado Francisco Sobalvarro, conocido como “Berman”. Estos asesinatos, sumado a las últimas muertes ocurridas la semana pasada en Mozonte, Nueva Segovia, corresponden a un patrón en el que las principales víctimas son campesinos, exmilitares, excontras y opositores al régimen de Daniel Ortega.

Juan Carlos Arce, miembro del colectivo de defensores de derechos humanos “Nicaragua Nunca Más Impunidad”, señaló que este patrón, retomado por el Estado de Nicaragua en los últimos meses, es una estrategia que venía implementando desde el 2007, cuando Ortega retornó al poder, y las ejecuciones  eran realizadas por el Ejército Nacional y la Policía. Lo novedoso en esta ocasión, asegura Arce, es que quienes cometen las ejecuciones son paramilitares.

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“Este año hemos registrado doce ejecuciones, sin incluir las de Mozonte. Pero si sumamos estas dos, estaríamos hablando de 14 ejecuciones dirigidas a campesinos, opositores, excontras. Un patrón encontrado en las ejecuciones es la saña con las que fueron perpetrados los asesinatos. Varios de ellos recibieron disparos en la cara. Evidentemente con esta acción a uno le queda claro la principal característica de la ejecución extrajudicial, que es la intencionalidad, es decir, hay una clara intención de matar, aquí no hay intención de capturar, de procesar, sino de matar”, explicó Arce.

Hace unas semanas José Martínez Vásquez, expreso político excarcelado, recibió varios disparos de parte de un expolicía y paramilitar, de acuerdo a las versiones ofrecidas por los familiares de la víctima. El joven de 27 años fue trasladado desde Wiwilí, en Nueva Segovia, hasta Managua para ser operado de urgencia. A pesar de sobrevivir, los doctores indicaron que no podrá volver a caminar.

Arce señaló que la Policía Nacional no ha realizado una investigación a fondo que de con el paradero del autor de los disparos. Para el defensor de derechos humanos esta es otra característica de las ejecuciones que han ocurrido en el norte del país y en la zona fronteriza con Honduras.

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“No hay investigaciones del Estado, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diferentes jurisprudencias, ha señalado la obligación de investigar este tipo de casos. Aquí no hay investigación, hay una suerte de engranaje que no solamente favorece la impunidad, sino que la promueve. En el caso de Martínez, la persona que le dispara a matar es muy conocida y señalada por los familiares y por el sobreviviente, de tener armas. Los hechos ocurrieron a cuadra y media de la Policía de Wiwilí, es decir, aquí no hay una acción preventiva de la Policía ni tampoco de persecución del crimen, que son las principales obligaciones de esta institución”, insistió Arce.

El acoso a monseñor Rolando Álvarez

La semana pasada monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, denunció la presencia de hombres encapuchados en el municipio de Terrabona. El religioso estuvo presidiendo una misa en la zona, y cuando se disponía a regresar a la ciudad, pobladores de la localidad le advirtieron de la presencia de armados que estaban escondidos detrás de los árboles.

“Estaba dispuesto a continuar, pero ante la insistencia de los campesinos de que querían acompañarme porque ellos miraban un peligro, un riesgo inminente, pues quise dejar que lo hicieran y efectivamente toda la comunidad se vino custodiando a mi persona y a todo el equipo de trabajo que me acompaña”, informó Álvarez en conferencia de prensa.

Arce agregó que este hecho solo reafirma que existe un “arreciamiento” de la escalada represiva manifestada en el uso de paramilitares para la ejecución de los operativo. El defensor señaló que antes estas misiones eran encomendadas a efectivos del Ejército Nacional o de la Policía, sin embargo, actualmente quienes se encargan de este trabajo son los paramilitares.

“En primer lugar, nada debieron estar haciendo ahí, porque en Nicaragua según la Constitución no existe un tercer cuerpo armado, solamente la Policía Nacional y el Ejército, y ahí vemos una clara responsabilidad del Ejército, que continúa permitiendo que fuerzas paramilitares operen con armas de grueso calibre y asesinen a la población.

Más allá de quién debe realizar o no operativos de ese tipo, para Arce queda claro la participación “activa o pasiva” del Ejército Nacional al permitir que grupos armados estén operando y asesinando con más frecuencia, pues antes se registraba un menor número de muertes violentas, sin embargo, ahora la cantidad ha aumentado significativamente.

“Estamos hablando de un arreciamiento que es absolutamente preocupante y del cual es únicamente responsable el Estado de Nicaragua, en este caso la Policía Nacional de Nicaragua, el Ministerio público y el Ejército de Nicaragua, como fundamentales organismos de persecución y de investigación”, insistió Arce.

La estrategia de vieja data

Una investigación de CONFIDENCIAL reveló que, desde febrero de 2011 a febrero de 2017, la Policía y el Ejército reportaron catorce “enfrentamientos” u operaciones contra supuestos grupos de delincuentes, acusados por abigeato o narcotráfico, negándose a identificar a los mismos como grupos de campesinos armados contra el régimen. Sin embargo, de estos 25 presuntos delincuentes involucrados, 22 fueron asesinados, demostrando una eficiencia letal del Ejército y la Policía, aún en “tiempos de paz”.

Para Arce no es casual que el patrón se repita los últimos dos años. Es más, considera que el régimen Ortega Murillo está retomando la estrategia que venía implementando en el campo desde el 2007, cuando todavía trabajaba con el Cenidh, y logró documentar 25 asesinatos de líderes opositores con estas características.

“No hubo investigación en estos casos. Lo que veíamos era la alta efectividad del Ejército, fundamentalmente en la comisión de los operativos, es decir, no había prácticamente sobrevivientes. Los sobrevivientes de estos operativos no saben dónde están. Hace algunos años en Tamalaque hubo un enfrentamiento, resultó una persona de este grupo armado con un disparo en la cabeza, pero sobrevivió y luego fue acusado en los juzgados de Jinotega de haber matado a un militar, cuando antes, y ahí hay un elemento que hay que destacar, la Policía Nacional lo había vinculado a una banda de abigeato, que es lo que normalmente hacen”, recordó Arce.

El defensor de derechos humanos lamentó que en lugar de que existan verdaderas investigaciones en estos casos, lo que existe es una campaña de difamación, descalificación y deshumanización. “Lo hacen para mandar el mensaje de ‘sos unos delincuentes y merecen estar muertos’. Un poco como lo que hacían con los estudiantes en abril, a quienes les daban trato de delincuentes, de tal manera que merecían morir. Esa es la lógica perversa del régimen”, finalizó.

Sintonice hoy en el programa Esta Noche, la entrevista con Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos, y familiares de opositores asesinados en los últimos dos meses.