'Hay que ordenar la Policía'

La masacre en el sector de las Cuatro Esquinas en la comarca rural de Las Jagüitas y la agresión policial en carretera nueva a León contra dos motociclistas, ocurridos con una diferencia de veintidós días entre julio e inicios de agosto, fueron posibles por “situaciones técnicas no abordadas” en la jefatura, la principal de ellas “la dispersión de mando” que se ha desarrollado en los últimos años, advirtió el ex comandante Javier López Lowery.

“La jefatura está desbalanceada, tenemos ahora en vez de una pirámide un rectángulo. Casi lo que está abajo es igual a lo que está arriba. Eso te crea una deformación en el ejercicio del mando. ¿Qué se vulnera? ¡La supervisión, el control de las actividades, la planificación de operativos!”, dijo López, uno de los fundadores de la institución.

Asesor de la PN, López ha acompañado el proceso histórico de la institución desde su retiro y la llama “nuestra Policía” cuando se refiere a ella. Fungió como segundo jefe nacional en el período 1985-1992, estuvo bajo las órdenes de Doris Tijerino, y se encargó de investigaciones a nivel nacional.

La jefatura actual está conformada desde septiembre de 2014 por una docena de comisionados generales, el segundo rango después de la primera comisionada Aminta Granera. Estos oficiales ocupan cargos que van desde el área de gestión, la delegación de Managua, la seguridad personal del Presidente, la dirección del hospital Carlos Roberto Huembes y Criminalística, cambios que han sido aprobados por el mandatario Daniel Ortega dentro de un proceso en que moldeó a la institución.

Antes de estas modificaciones, que los críticos de Ortega explican en la marcada politización de las estructuras policiales, la Jefatura la integraban la Directora, tres subdirectores y un inspector general. López recomienda que la Policía tenga tres áreas básicas: investigaciones, tránsito y prevención del delito.

“Falló la supervisión, falló el control, falla la formación incluso en las unidades, falla el ejercicio del mando. Si los jefes estuvieran más cercanos a los funcionarios de esa área, la sola presencia de los mandos hubiera sido capaz de impedir muchas malas conductas de parte de los subordinados. Habría que revisar la vida interna con el reglamento de deberes y derechos de la institución, las causas por lo que se están procesando a los policías, porque déjame decirte que hay cosas difíciles de poder erradicar y (hay que) hablarlo crudamente”, lamentó.

El ex comandante Javier López apartó su criterio político para hablar de un aspecto meramente técnico de la Policía. Foto/O. Enriquez

El ex jefe policial señaló que las mordidas (coimas) a los oficiales de tránsito, por ejemplo, han sido difíciles de erradicar y dijo que en los años ochenta investigaron y detuvieron hasta 130 oficiales involucrados en este tipo de prácticas. “¿Ese problema se ha disminuido? Yo no creo”, aseveró.

Sobre su propuesta de reestructuración policial, López recomendó que la institución debiera trabajar en hacer decrecer el número de miembros de la Jefatura, y una manera de hacerlo es crear un grado más que puede ser un “comisionado principal”, encima de los comisionados generales, a quienes no se puede bajar de nivel una vez entregados los grados. La idea es convertir el “rectángulo” nuevamente en una pirámide. “Hay que ordenar la Policía”, insistió.

“Como se llame el nuevo rango no es importante, sino que hace falta eso para que podás modificar la jefatura.  El ejercicio del mando como está sin resolverse en la jefatura lo tenés como espejo a todos los niveles”, admitió.

El análisis del ex alto mando sigue al realizado por el ex jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado en retiro René Vivas, otro de los líderes históricos de la institución (1979-1982 y 1989-1992), quien calificó como “chapucería policial” el operativo antidrogas en que oficiales dispararon contra una familia inocente en Las Jagüitas, matando a dos niños y una joven, hiriendo de gravedad a otros infantes, mientras los padres de los pequeños sobrevivieron al ataque. López expresó que el hecho enluta a los familiares de las víctimas, a la Policía y a la sociedad en general.

“Sentí un dolor, es horrible”

“Yo sentí dolor, es horrible eso (que pateó el policía al niño muerto). Eso no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna justificación ni tampoco se puede remediar porque pasó. Eso fue terrible. Te lo digo sinceramente, cuando tuve acceso a la información (dice que la vio casi de inmediato en las redes sociales), me llamaron ex compañeros de la Policía (preguntándome) ¿qué es esto, qué está pasando, cómo es posible que se hayan equivocado de manera dramática y nosotros mismos seamos capaces de…? Eso no se había visto en la historia de la Policía”, lamentó López.

Además aseguró que el crimen impactó también en la familia de los oficiales involucrados en el caso, a quienes defiende y dice que no tenían la intención de matar a la familia. Incluso cuenta que en algunos casos estaban “impactados emocionalmente” después de ver a los niños muertos, según informaciones a las que tuvo acceso.

“¿Por qué suceden estas cosas? Cuando el mando se dispersa no hay manera de controlar una situación. Cuando vos le decís al equipo de ejecución, pueden obedecer dos voces, ¡ya estás frito también! Solamente se puede obedecer una sola voz, y cuando se está en un operativo, esta obediencia tiene que ser absoluta y total.  A una sola voz, no puede haber un segundo oficial, una segunda voz, ni que sea la jefa de la Policía. En el momento de la operación es uno nada más”, explicó y enfatizó en que se desconocen detalles del operativo que se mantienen en secreto al tratarse de una operación de enfrentamiento al crimen organizado.

Los motorizados

En el caso de los motorizados heridos, él tiene otra explicación. El ex comandante asume que la actuación policial se debe a “una reacción defensiva de parte de los policías”, los que considera están psicológicamente afectados y sienten que los están persiguiendo después de lo ocurrido en Las Jagüitas, una actuación que igual califica como “incorrecta e injustificable”.

El lunes tres de agosto pasado, la Policía informó a través de una nota de prensa que los miembros de una patrulla habían disparado sus armas de reglamento el domingo contra dos jóvenes en el sector de carretera nueva a León (Lotificación Santa María), provocándoles lesiones, después de darle persecución desde el Mercado Israel Lewites adonde la guardia operativa buscaba a un “prófugo”.

La versión oficial, sin embargo, difirió de la contada por los familiares a la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), cuyos activistas revelaron que los oficiales dispararon contra los jóvenes cuando regresaban a su casa después de dejar a un amigo en otro sector de Managua. Unas horas antes habían participado en una vigilia religiosa.

La CPDH informó que la primera comisionada Aminta Granera llegó a disculparse con la familia de los motorizados—lo mismo hizo con las víctimas de Las Jagüitas— y les ofreció una indemnización después de recomendarles “que no hicieran público los hechos, porque ya había demasiado daño a la institución”.

Para López los señalamientos actuales contra la Policía son “coyunturas difíciles” y en el caso de las Jagüitas dijo que es “correcto” el fallo judicial que condenó con penas entre dos y 11 años a los oficiales. Para él, la calificación de “homicidio imprudente”, aceptada por el juez, es acorde con la forma como se presentaron los acontecimientos en la acusación.

¿Quién es quién en jefatura?

En su análisis de la situación actual de la jefatura, López analizó quién es quién ahí. El ex jefe policial dijo que el comisionado general Francisco Díaz, consuegro del Presidente y a cargo de prevención del delito, tiene preparación en esta área porque precisamente ha trabajado en seguridad pública a lo largo de su carrera.

En otro momento de la entrevista, al defender que Granera es quien dirige la Policía  y no el comisionado general Roger Ramírez como se dice tras bambalinas, López reconoció en el jefe de la Policía en Managua a un hombre con  “autoridad” y con una fuerte experiencia conspirativa por el trabajo que desarrolló en los años 80 cuando estuvo en el Ministerio del Interior, adonde otras fuentes policiales lo recuerdan haciendo labores de espionaje.

“El general (Ramón) Avellán (jefe nacional de investigaciones) tuvo una formación de inicio un poco distinta, porque él nació a la vida disciplinada dentro del Cuerpo de Bomberos del Ministerio de Gobernación,  pero después saltó a la Policía como lo hicieron también otros compañeros. Actualmente de los mandos que vos tenés, la gran mayoría venían de otras organizaciones que pertenecían al Ministerio del Interior”, agregó.

De acuerdo con él, actualmente no hay una persona experta en investigaciones, como sí hubo en el pasado, en la cúpula policial. López descartó que el incremento de comisionados generales sea responsabilidad del Presidente Ortega, y dijo que obedece a una propuesta de la Policía “adecuadas a las realidades políticas, económicas y sociales”.

En la actualidad, además de los doce comisionados generales, hay en el país 135 comisionados mayores, lo que nunca se había visto según López. La reestructuración planteada por él pasa por un ordenamiento que incluye que los segundos jefes en las delegaciones no tomen decisiones, porque conceptualmente son “una extensión del mando y es el jefe principal quien debe asumir la responsabilidad”.

“No se tiene que volver a revisar la ley, eso está claro para mí, no amerita mucha atención ni dolores de cabeza, tenemos que trabajar en la estructura actual de la organización. Crecimos por razones de atender más territorio, crecimos porque vino la paz, porque vinieron más demandas con el crecimiento económico, vos necesitás aparentemente cuatro jefaturas, no, vos necesitás los mismos”, dijo.

En 1990, dijo López Lowery, había registrado 4, 500 policías y en la actualidad suman 18 mil.

[destacado titulo="¿Desgracia, contingencia, Tragedia?"]

CPDH cuestiona mediatización de la Policía ante hechos en que sus oficiales cometieron delitos

El asesor jurídico de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, puntualizó que en menos de treinta días se han dado tres casos relevantes que afectan directamente la credibilidad de la Policía.

Las masacres de las Jagüitas y los disparos contra los motociclistas no son los únicos casos recientes. Cuevas recuerda que el 18 de julio en Siuna familiares de reos denunciaron que oficiales dispararon contra reclusos, siendo herido un joven con “siete impactos de fusil AK”.

“La versión oficial indica que el policía le dio un escopetazo y los impactos eran balines. Señala que iba en fuga, pero ninguna de las dos situaciones salva al oficial de la responsabilidad”, dijo Cuevas.

De acuerdo con los principios de actuación de la PN,  los oficiales están obligados a actuar con imparcialidad y neutralidad, a un tratamiento digno de las personas, así como al uso racional de la fuerza y las armas de fuego “para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose en su actuación por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance”.

Sobre los hechos graves, Cuevas hace la observación que “están trastocando la tan cacareada institucionalización de la Policía, porque muchos de los oficiales tienen un problema de actitud y este principio del uso racional de la fuerza para ellos no existe”.

La respuesta de la jefatura, para Cuevas, ha sido intentar “mediatizar los hechos” llamándolos “desgracia, contingencia, tragedia”, entre otros calificativos, pero no se toman ni medidas correctivas ni preventivas para que no vuelvan a ocurrir.

Además de casos como éstos, el activista cuestiona la brutalidad empleada por los policías en los allanamientos, las detenciones ilegales, las pérdidas de objetos que no son registradas en actas de las autoridades, todos ejemplos de abusos que, al quedar impunes, se convierten en frustración para la ciudadanía y en un riesgo inminente de que vuelvan a ocurrir.[/destacado]