2 de marzo 2023
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El régimen de Daniel Ortega y las autoridades de al menos siete instituciones del Estado, encabezado por la Policía, cometieron crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses que se expresaron en la Rebelión de Abril de 2018, concluye el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado la mañana de este jueves 2 de marzo de 2023 en una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza.
Ante la confirmación de crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales que se sostienen hasta la fecha, el Grupo recomienda a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra los individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes documentados en Nicaragua.
Ortega desconoció la conformación del GHREN, integrada por el jurista alemán y presidente del grupo, Jan-Michael Simon, experto en investigación criminal y derecho penal; la exfiscal colombiana, Ángela María Buitrago; y el chileno, Alexandro Álvarez, exconsultor de la CIDH. El régimen impidió además que los expertos ingresaran al país y no respondió ninguna de las once misivas enviadas por los especialistas, entre junio y diciembre de 2022. Sin embargo, el grupo le envió este informe el pasado 22 de febrero, trece días antes de su divulgación en Ginebra, Suiza, este 2 de marzo. El informe será presentado oficialmente el próximo lunes 6 de marzo ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
La dictadura orteguista ya rechazó también el informe, tal como ocurrió en diciembre de 2018 con el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fueron expulsados tras meses de trabajo en Nicaragua.
“El GHREN tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos de las jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la comisión de los delitos documentados en el informe”, sostiene el grupo de expertos, creado hace un año por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, para investigar los abusos cometidos en Nicaragua desde 2018.
Funcionarios de diversas estructuras del Gobierno han cometido “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión”, determina el contundente informe.
Esos abusos integran una política discriminatoria que comprende la comisión de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional, apunta el texto. Si bien, los tres investigadores, no lograron determinar la responsabilidad penal individual de los funcionarios estatales involucrados en los delitos documentados, tienen el registro de las personas identificadas por las víctimas como responsables directas de las violaciones documentadas.
También identificaron a individuos, cuya contribución dentro del engranaje del Estado podría implicar responsabilidad penal a nivel nacional como internacional, señalaron.
El grupo de expertos aclara que se requieren investigaciones adicionales, incluyendo en las estructuras de mando responsables por las violaciones y abusos, para determinar responsabilidades individuales de los perpetradores. En cuanto a la participación del Ejército en los actos represivos, los especialistas aseguran que se requiere una investigación adicional.
El Grupo investigó 142 casos, hablaron con familiares, víctimas, exfuncionarios, testigos de las violaciones, y analizaron videos, fotografías, redes sociales, para determinar “la existencia de crímenes de lesa humanidad”.
Bajo estos hallazgos, el GHREN llama a la comunidad internacional a ampliar las sanciones sectoriales a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional. Y sugirieron a los Gobiernos y organismos multilaterales que, en las negociaciones de proyectos de cooperación, prioricen acciones orientadas a mejorar la situación de DD. HH.
Ejecuciones extrajudiciales
La Policía orteguista coordinada con grupos progobierno “cometieron ejecuciones extrajudiciales” durante la represión de las protestas cívicas, entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018, determina el informe del GHREN.
Los tres especialistas investigaron “en profundidad” 40 muertes en el contexto del estallido social y confirmaron que en “todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales”. Con el propósito de corroborar patrones identificados en esos primeros expedientes analizados, examinaron otras 75 muertes.
“Los casos investigados son representativos de patrones más amplios de conducta, que se replicaron de manera sistemática y generalizada durante varios meses y prácticamente en todo el territorio nacional”, señala el informe.
De 115 muertes investigadas, 77 corresponden a manifestantes, 24 a personas que se encontraban en las inmediaciones de lugares de protesta, cuatro policías, dos personas proporcionaban apoyo humanitario a los manifestantes, y uno era periodista; en seis casos no fue posible establecer el perfil de la víctima, indica el grupo de expertos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabiliza 350 asesinados, pero el régimen de Ortega reconoce 198- 176 civiles y 22 policías-, cuya muerte atribuye a los ciudadanos que participaron en la Rebelión Cívica, y que él califica -sin pruebas- como un fallido golpe de estado.
El GHREN identificó los siguientes patrones a partir del análisis de casos:
1. Uso de armas con alto potencial lesivo
Los expertos confirmaron que la Policía y grupos paramilitares usaron armas de fuego para reprimir las protestas cívicas. Utilizaron armas cortas, escopetas, fusiles de asalto, fusiles de francotirador y ametralladoras. “Se estima que entre el 70 y 80% de las muertes se produjeron por impactos de proyectil de arma de fuego, y la mayoría de ellas por impactos en zonas vitales”, subraya el informe.
De los 40 casos investigados por el GHREN, 39 víctimas fallecieron como resultado de heridas de arma de fuego, presentando todas ellas impactos en zonas vitales. Los testimonios refirieron la presencia de “francotiradores”. Eso, concluyen los expertos, denota la “intención de emplear tácticas de combate y producir la muerte de manifestantes, en lugar de utilizar técnicas de control de multitudes u otras tácticas apropiadas para desescalar situaciones”.
2. Coordinación entre la Policía y paramilitares
La Policía y grupos progobierno —conocidos como paramilitares— actuaron en conjunto y coordinados en 40 ejecuciones extrajudiciales, según el análisis del GHREN. Los testimonios, incluidos los de antiguos paramilitares, indicaron que estos grupos fueron integrados por simpatizantes del FSLN, Juventud Sandinista, trabajadores de instituciones públicas, exmilitares, y miembros de pandillas. Estos fueron reclutados y coordinados por personas de confianza de las altas autoridades del Gobierno.
La coordinación entre paramilitares —que el Gobierno excusó como policías voluntarios— y la Policía fue evidente durante la llamada “Operación Limpieza”, a como el régimen denominó al despeje violento de los tranques que la población levantó en diferentes vías y ciudades del país para protegerse de la brutalidad policial. El Gobierno ha negado el uso arbitrario de la fuerza por la Policía, así como la existencia de grupos armados.
Policía y grupos paramilitares trabajaron de forma coordinada en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, señalan expertos en derechos humanos de la ONU
Foto: Confidencial
3. Denegación de asistencia médica
Los expertos tienen “motivos razonables para creer que, siguiendo órdenes de la ministra de Salud, se dio la instrucción a las directivas de centros de salud y hospitales de todo el país de denegar el ingreso y la atención médica a manifestantes y reportar a la Policía las personas que llegaron a los centros de salud”.
4. Impunidad y obstaculización del acceso a la justicia
El régimen no respondió a la demanda de información sobre los asesinatos cometidos por policías y paramilitares en el contexto de las protestas. “El Grupo no tiene conocimiento de ninguna condena a policías o integrantes de grupos progobierno por las violaciones y abusos cometidos. Al contrario, varios altos cargos, presuntamente involucrados en la represión, fueron ascendidos”.
Señalan a las autoridades de obstruir el esclarecimiento de las muertes en casos de ejecuciones extrajudiciales. El personal médico y policial exigió a familiares de víctimas que firmasen “actas de desistimiento”, renunciando a denunciar los hechos y solicitar una autopsia, para retirar el cuerpo de su familiar o para obtener un certificado de defunción, indica el documento.
Con la aplicación de la Ley de Amnistía por parte del régimen, el 8 de junio de 2019, se clausuraron todas las investigaciones relacionadas a las muertes durante las protestas, “garantizando la impunidad de policías e integrantes de grupos progobierno presuntamente involucrados en asesinatos, detenciones ilegales y tortura”.
Sistemáticas violaciones a derechos
Los expertos investigaron también 102 casos de graves violaciones y abusos a los derechos civiles y políticos. Constataron que “el Gobierno respondió a las expresiones de descontento social con medidas represivas crecientemente articuladas. Dichas vulneraciones fueron cometidas como parte de un plan o política impulsada por las máximas autoridades del Estado para mantener el poder y suprimir cualquier forma de disenso”.
Los patrones de abusos y violaciones de derechos humanos, identificados por el GHREN, se enfocaron en un grupo variado de personas; entre liderazgos, organizaciones y entidades. “Las personas fueron victimizadas en razón de su opción política opositora al Gobierno; sea dicha postura real o una percepción de las autoridades”. Los manifestantes, y en especial, quienes habían asumido un rol de liderazgo en las protestas, fueron el principal objetivo de las vulneraciones de derechos humanos.
Con el agravamiento de la crisis sociopolítica en Nicaragua, las violaciones fueron extendiéndose a un grupo más amplio de voces críticas, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, estudiantes, feministas, organizaciones sociales, periodistas y empleados de medios de comunicación independientes, y miembros de partidos políticos. Al igual que las autoridades estatales marcaron un patrón en las muertes perpetradas, también lo hicieron en las detenciones ejecutadas.
Detenciones violentas, sin orden de detención y sin garantías:
Las detenciones de opositores se caracterizaron por el uso de violencia por parte de la Policía y paramilitares. En algunos casos, según los expertos, grupos armados progobierno detuvieron a voces críticas del régimen, los interrogaron y torturaron para después entregarlos a la Policía. Las autoridades tampoco presentaron orden de detención, que fueron seguidas de allanamientos y registros de viviendas.
Los reos políticos fueron presentados ante un judicial después de las 48 horas reglamentarias y fueron privados de la comunicación con sus familiares.
El GHREN documentó cómo autoridades judiciales, policiales y penitenciarias, entorpecieron o impidieron la ejecución de recursos de exhibición personal o habeas corpus a favor de las personas detenidas, negándoles su derecho a comparecer e impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal. En varios casos, “estos hechos pueden calificarse técnicamente como desapariciones forzadas”, advierten.
Instrumentalización del derecho penal
“El Gobierno de Nicaragua instrumentalizó el derecho penal para perseguir a personas opositoras”, concluye el grupo de expertos. Aseguran que “utilizaron acusaciones penales infundadas, desproporcionadas, basadas en leyes violatorias de los derechos humanos y en pruebas falsas, como instrumento de persecución política, y se privó a las personas acusadas de sus derechos al debido proceso y defensa, quedando totalmente indefensas frente a este tipo de acusaciones”.
Mediante el estudio de 37 detenciones de opositores, el GHREN determinó la existencia de una “política de Estado con reiteración de conductas, una evolución de la estrategia en el tiempo, y la intervención concertada de múltiples instituciones”.
La Asamblea Nacional, la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Sistema Penitenciario y el Instituto de Medicina Legal estuvieron involucrados. Es un hecho que “las y los funcionarios recibieron instrucciones desde las más altas autoridades del Estado”, subraya el documento.
El aparato estatal fabricó el andamiaje jurídico para intentar legalizar las detenciones. El GHREN notó la adopción de leyes para restringir y criminalizar el ejercicio de libertades fundamentales —Ley Contra el Lavado de Activos, Ley de Ciberdelitos y Ley de Soberanía—. También instrumentalizaron la detención a través de una reforma al Código Procesal Penal, que permite apresar a una persona hasta por 90 días para investigarla.
Madres de Abril encabezan la marcha del 30 de mayo de 2018, en Managua. // Foto: Archivo | Confidencial
El régimen echó mano de la acusación penal para sus fines políticos. Apresó masivamente a ciudadanos, que fueron liberados sin cargos entre 24 a 48 horas después en 2018. “Se observó un patrón de criminalización selectiva de personas que asumieron un rol de liderazgo durante las manifestaciones, bajo acusaciones de entorpecimiento de servicios públicos” y delitos como terrorismo, crimen organizado, secuestro y otros.
De la segunda mitad de 2019 hasta abril de 2021, la Fiscalía acusó a opositores de delitos comunes. Durante ese periodo de tiempo se identificó el fenómeno de “puerta giratoria” que implicó liberaciones y detenciones en igual número, manteniendo una estabilidad en las cifras de reos políticos. Luego, la persecución se focalizó contra precandidatos a la presidencia y liderazgos políticos, sociales, académicos y periodistas. Estos fueron parte de un grupo de 222 excarcelados desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero, que junto a una lista de 94 connacionales fueron convertidos por Ortega en “apátridas”.
Policía ejecutó torturas contra opositores
En los últimos cuatro años, policías, miembros del Sistema Penitenciario e integrantes de grupos armados progobierno “cometieron actos de tortura física y psicológica, incluyendo violencia sexual y violencia de género, y otros tratos crueles, inhumanos, o degradantes, en el contexto de las aprehensiones, interrogatorios, y detención de personas opositoras, reales o percibidas”, dice tajante el informe.
Las torturas físicas y sexuales prevalecieron entre abril de 2018 y junio de 2019. Fueron perpetradas en estaciones policiales y en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote.
Las técnicas de tortura documentadas por el GHREN incluyeron: golpes y palizas; diferentes formas de violencia sexual (violación, amenaza de violación, tortura sexual, y desnudez forzada); aplicación de descargas eléctricas, incluyendo en los genitales; quemaduras con ácido y cigarrillos; asfixia; ahogamiento simulado (submarino); lesiones penetrantes con arma punzocortante; arrancamiento de uñas; y posturas de tensión. En varios casos, los actos de tortura y malos tratos se cometieron en presencia de altos rangos de la institución policial, quienes los incitaban o permitían.
Los presos políticos también fueron víctimas de trato discriminatorio en el Sistema Penitenciario. Los hombres, cautivos en la cárcel La Modelo y las mujeres, en La Esperanza, fueron amenazados, golpeados, prohibidos de comunicarse con otros detenidos y sometidos a celdas de aislamiento por largos periodos de tiempo y en condiciones extremas.
Tortura blanca en el Nuevo Chipote
El régimen orteguista tuvo un especial ensañamiento contra los liderazgos políticos encarcelados en El Chipote, a quienes sometió a aislamiento prolongado e indefinido, irritación sensorial; amenazas; insultos y la creación de un “entorno de tortura”- que buscan infligir dolor y sufrimientos mentales y físicos, como el acceso limitado a luz natural, restricciones alimentarias, privación del sueño, prohibición de realizar cualquier actividad de recreo, y de acceso a material de lectura, escritura, televisión o radio, correspondencia o llamadas de familiares-.
Esas prácticas, señala el GHREN estuvieron orientadas a castigar y quebrar a las personas, y no necesariamente a obtener información.
La atención médica que recibieron los reos de conciencia fue “inadecuada, insuficiente, e incluso negada, lo cual agravó la situación de las personas que sufrían enfermedades crónicas”, constató el grupo. En febrero de 2022 murió como reo político del régimen, el general de brigada en retiro, Hugo Torres.
“Las autoridades omitieron su deber de proteger a las personas contra riesgos de tortura y tratos crueles, inhumanos, o degradantes, y obstruyeron los procesos de rendición de cuentas de manera deliberada y sistemática”, confirmó el GHREN.
Los especialistas también documentaron la cancelación de más de 3144 organizaciones sin fines de lucro desde diciembre de 2018 hasta la publicación del informe. La cifra representa “casi la mitad de las 7227 registradas ante el Ministerio de Gobernación en 2017”. Esta medida, aseguran los expertos, es parte de la estrategia de supresión de la disidencia por parte del Gobierno, que también incluyó la cancelación de partidos políticos y la clausura de medios de comunicación de forma arbitraria.
El Grupo de expertos en derechos humanos recomendó al Gobierno de Nicaragua liberar a todos los reos políticos- actualmente permanecen 37- y cesar la persecución por razones políticas, incluida la deportación forzosa. A la vez, llama a investigar de forma exhaustiva, independiente y transparente las violaciones, abusos y crímenes documentados.
