21 de octubre 2015
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Representantes de los gobiernos comunales Miskitos y Negro Creole de Nicaragua aseguraron frente a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe realizada en Washington el martes, que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha incumplido sus deberes de sanear los territorios indígenas de “colonos” y ha desprotegido a las comunidades ante la llegada de personas extrañas a las tierras comunales.
Asimismo, exigieron al Estado el cese del hostigamiento político a los gobiernos territoriales y que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no intervenga en la toma de decisiones de las comunidades, al crear estructuras paralelas a sus instancias establecidas históricamente.
Los representantes de los gobiernos comunales Miskitos y Negro Creole dijeron que miembros de las autoridades regionales del Estado han intervenido en el 90% de los gobiernos territoriales, minando cualquier posibilidad de autonomía.
“Que se respete las costumbres y tradiciones ancestrales y las consultas previas. El canal interoceánico divide nuestro territorio en dos, pero no nos han consultado. A mí me destituyeron de mi cargo creando una estructura paralela y sigo esperando respuesta de la Corte Suprema de Justicia por mi impugnación”, dijo Nora Newball, presidenta electa del pueblo Negro Creole de Bluefields.
Gobierno rehuye denuncias
El Estado de Nicaragua fue representado en esta ocasión por la Ministra de la familia, adolescencia y niñez, Marcia Ramírez, la funcionaria de la Procuraduría General de la Républica (PGR), María Elsa Frixione y el abogado de la fiscalía, Javier Morazán. Los oficiales de gobierno desestimaron las denuncias y reiteraron que “ha sido una preocupación de Estado investigar las ventas ilícitas de tierras indígenas y que titular los territorios ha sido una tarea prioritaria”, dijo la ministra Ramírez.
De igual manera, Morazan aseguró que el gobierno “respeta la autonomía comunitaria y que las rupturas se deben a rencillas personales entre los dirigentes indígenas”. “No hay interferencia ni procesos paralelos”, dijo Frixione.
Sin embargo, los denunciantes fueron puntuales en denunciar el caso del gobierno miskito Twi Waupasa. Jorge Mendoza, presidente de esa comunidad, expuso como el FSLN extendió un nombramiento paralelo. Mendoza relató que se resistió a dejar su cargo, por lo que su casa fue allanada, con violencia, una madrugada por partidarios del FSLN. En ese incidente falleció un líder indígena miskito.
La abogada Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), manifestó que hasta el momento el gobierno ha desconocido las invasiones ilegales y que ademas no ha creado un plan integral para desactivar la violencia entre miskitos y colonos. Desde 2014, 53 personas han sido agredidas y 24 han fallecido a causa del conflicto territorial. “El olvido oficial es latente. Hemos buscado diálogo pero nuestra voz no ha sido escuchada”, dijo Cunningham.
Anterior a esta audiencia, la CIDH proporcionó este viernes al gobierno de Nicaragua una serie de medidas cautelares para proteger a comunidades indígenas en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), poblaciones que están siendo amenazadas por los enfrentamientos entre colonos y locales debido a la invasión de tierras.
Los peticionarios fueron acompañados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Marcia Aguiluz, abogada de dicha organización, expresó que lo presentado por el Estado “es un mundo de supuestos frente a un mundo de realidades” y que es necesario que la CIDH exija al gobierno de Nicaragua acatar las medidas cautelares. “Es una posición inconcebible la del Estado. La situación es realmente grave”, dijo Aguiluz
Este Martes también se realizó una audiencia sobre la situación de Derechos Humanos de las mujeres y las niñas. En ambas audiencias, se pidió al Estado respuestas sobre el caso de los dos abogados de CEJIL, impedidos de entrar al país el pasado mayo. Los representantes de gobierno no respondieron ante las interrogantes.
