30 de julio 2020
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El abogado y especialista en derechos humanos Uriel Pineda asegura que la violación de derechos humanos de los 500 migrantes nicaragüenses rechazados por el régimen en plena pandemia de covid-19 y varados en Peñas Blancas desde hace más de una semana es un hecho arbitrario que obedece a un argumento ideológico propio de los gobiernos que se autodenominan de izquierda a los que “les estorban los derechos humanos”, explicó en entrevista en el programa Esta Noche con Carlos F. Chamorro.
Pineda, además, se refirió a las denuncias de ciudadanos nicaragüenses que, al verse impedidos de ingresar a suelo nica por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, intentaron cruzar por puntos ciegos y fueron expulsados a la fuerza y devueltos a suelo tico por miembros del Ejército que se encuentran en la zona. Las fuerzas armadas, además de actuar al margen de la ley, demuestran su lealtad hacia Daniel Ortega, dijo el experto.
La situación de hacinamiento, incertidumbre, hambre, frío, lluvia, sol y falta de condiciones mínimas en la que se encuentran los más de 500 nicas califica como maltrato gubernamental y una grave violación a los derechos humanos de estas personas, señaló.
Costa Rica publicó recientemente un lineamiento que indica que admitirá a los nicaragüenses rechazados por su país si así lo solicitan y que valorarán cada caso tomando en cuenta la situación migratoria de cada persona.
Hasta ahora, solo 17 han sido readmitidas. “Las personas que se encuentran en frontera en este momento, tienen conocimiento de la posibilidad de aplicar por el reingreso; sin embargo, la mayoría de ellos ha manifestado su deseo de no hacerlo. Desde el 24 de julio a la fecha, 17 personas han solicitado su reingreso, y después de las valoraciones correspondiente y al ser personas con estatus regular en el país, se procedió a autorizar su regreso a Costa Rica”, informó este martes 29 de julio la Dirección de Migración y Extranjería de ese país.
La Unidad Nacional Azul y Blanco anunció que trabajan para lograr la realización de las pruebas de covid-19 de los migrantes nicas varados, las que serían efectuadas por un laboratorio costarricense. Mientras, el Consejo Superior de la Empresa Privada llamó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a donar las pruebas necesarias y entregarlas al Gobierno de Costa Rica para que pueda aplicarlas a los nicaragüenses en Peñas Blancas.
El doctor Uriel Pineda describió al régimen como un “gobierno sinvergüenza” que no tiene ninguna consideración sobre los derechos humanos y “maltrata a los migrantes”, y urgió a los gobiernos centroamericanos a ejercer presión política ante una crisis regional en ciernes. Este es un fragmento de la entrevista que brindó se al programa televisivo Esta Noche.
La decisión del Gobierno de demandarle a los nicaragüenses que desean ingresar al país por Peñas Blancas, o por cualquier otro puesto migratorio, una prueba negativa de covid-19, ¿tiene algún sustento jurídico o constitucional?
Es contrario al derecho a la libre circulación de los ciudadanos nicaragüenses, que no solo tienen la libertad de moverse a lo interno del país, sino a salir y entrar libremente de Nicaragua.
Es natural que se impongan restricciones en tiempos de pandemia. Hay una pandemia por covid y eso implica que se puede restringir este derecho de alguna manera. Sin embargo, esas restricciones deben de tener un par de elementos necesarios: lo primero es que esté normado, es decir, sea objetivo; y el segundo es que sea racional, la búsqueda de un fin legítimo. Este es el elemento que no se cumple. Porque si vemos la experiencia europea o la experiencia asiática en este momento cuando hay viajeros de zonas geográficas de alto riesgo como Estados Unidos, Brasil, México, al ingresar al territorio europeo o asiático, lo que están haciendo es tener un período de adaptación, de aislamiento, de más o menos diez días, para evitar que ingresen a sociedades donde ya se ha controlado la propagación del virus. Sin embargo, no están exigiendo la prueba de covid.
Cuando vemos los criterios en virtud de los cuales en algunos países se aplica la prueba, parten de dos cosas: uno, que se presenten síntomas o, dos, haber tenido contacto con alguna persona que haya dado positivo a la prueba del covid. Estos dos elementos no están presentes. La exigencia es desproporcionada.
En este caso no solamente no está normada esa práctica, sino que el Gobierno le estaría imponiendo la responsabilidad de esa prueba al ciudadano sin asumirla el Estado, una prueba que además en Nicaragua tiene un costo de 150 dólares. ¿Quién debería asumir esa responsabilidad en caso de que fuera justificada?
La responsabilidad primaria sobre el establecimiento de un cerco sanitario y evitar el contagio comunitario debería estar a cargo del Estado. Recordemos que la configuración del derecho a la salud de Nicaragua es universal. Esto implica que todas las personas, incluso con independencia de la nacionalidad, tienen derecho al acceso a los servicios de salud. Consecuentemente, la prevención de la propagación de un virus recae en un primer momento sobre el Estado y, si es el Estado el principal interesado en evitar el contagio o la propagación del virus, es el mismo Estado el que debe de garantizar (las pruebas).
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo: "Cuando los migrantes desean regresar voluntariamente a sus hogares, los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos, en caso contrario, los exponen a una situación de extrema vulnerabilidad y más aún en caso de pandemia”. ¿Estaría el Gobierno de Nicaragua contrariando en este caso una disposición de Naciones Unidas?
El llamado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas es lo que se corresponde desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Lo que hace el régimen es un un acto arbitrario que deriva o concluye en la violación a derechos humanos de las personas migrantes.
El presidente Ortega habló este 28 de julio durante una hora en un evento del Foro de Sao Paulo. No se refirió a esta crisis humanitaria en Peñas Blancas ni al trato de su gobierno hacia los migrantes nicaragüense, pero demandó que todos los Estados impulsen, dijo, "políticas humanistas y de solidaridad". ¿Cómo califica el trato que hasta hoy ha estado brindando el régimen, el Gobierno de Nicaragua a los migrantes en Peñas Blancas y a otros que desean regresar de otros países?
Ahí hay una palabra que no es casual. La expresión ‘humanista’ es una tendencia latinoamericana en gobiernos de izquierda para negar la evolución de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos se desarrollan en un contexto de democracia liberal y el surgimiento de derechos colectivos y demás empieza, a generar un debate en el contexto internacional sobre hasta dónde deben reconocerse los derechos individuales, hasta dónde los derechos individuales deben prevalecer sobre el beneficio de las mayorías.
Este discurso lo hace el presidente López Obrador, al limitar o restringir de alguna forma a movimientos feministas y sus demandas, y lo podemos ver en otras expresiones latinoamericanas, el mismo discurso en Venezuela. Porque, a los gobiernos de izquierda que se alejan de los parámetros democráticos les estorban los derechos humanos. Hay un argumento desde un enfoque no jurídico, sino ideológico del presidente Ortega. Quiero creer que (es) ideológico y no una ocurrencia más de las que suelen darse.
Si analizas desde el punto de vista práctico, lo que has visto de lo que han reportado los medios, tus colegas, por ejemplo, defensores de derechos humanos, de la CPDH, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad, del Cenidh, que han estado en el lugar de los hechos, me refiero a esa guardarraya, a esa zona gris, a esa tierra de nadie en la que se encuentran los migrantes nicaragüenses. ¿Cómo puedes calificar el trato que el Estado les está brindando?
Lo primero es que el capricho gubernamental genera una crisis humanitaria y considero acertado el actuar del Gobierno costarricense en función de visibilizar esta problemática y tratar de dar una respuesta. Pero lo cierto es que esto también tiene dos implicaciones: Costa Rica, al admitirlos de regreso no solo atiende una crisis humanitaria, sino que puede poner en el plano internacional que son personas que sufren algún tipo de persecución política de su propio Estado.
Al no ser justificada la restricción de ingreso a suelo patrio, pues podemos estar en consonancia con que es una extensión de la persecución política que se ha vivido en los últimos años en Nicaragua contra muchos nicaragüenses que han participado y a veces que no han participado en las protestas contra el régimen Ortega Murillo.
Hay denuncias específicas que han hecho ciudadanos nicaragüenses que cruzaron la frontera por puntos ciegos y no tienen un sello migratorio, que fueron rechazados o expulsados de territorio nicaragüense hacia Costa Rica por el Ejército de Nicaragua, ¿tiene el Ejército alguna facultad legal para expulsar a un ciudadano de su propio país?
El tema migratorio recae justamente sobre la Dirección General de Migración. El Ejército de Nicaragua no es competente para admitir o rechazar a compatriotas que pretenden ingresar al suelo nicaragüense. Yo creo que más importante que la facultad o no del Ejército es que es una orden presidencial, es decir, hay una intención deliberada del régimen Ortega Murillo de usar la fuerza para repeler o para rechazar o para impedir el acceso de estos nicaragüenses. Y, por otro lado, deja al Ejército cumpliendo una orden al margen de la ley, es decir, la lealtad del Ejército hacia Ortega es refrendada con esta actuación.
Lo peligroso en esto es la disposición del Ejército al uso de la fuerza para rechazar a los nicaragüenses que intentan ingresar a su país.
Lo que estás diciendo es que el Ejército está violando su propio predicado. Cada vez que habla el jefe del Ejército o a través de sus comunicados dicen 'Nosotros nos sujetamos a la ley y la Constitución'. En este caso ¿están ejecutando órdenes que violan la ley y la Constitución?.
Efectivamente, y es una evidencia más de la política gubernamental, es decir, el castigo colectivo hacia la población migrante nicaragüense, por cierto, no es menor.
Para los ciudadanos que enfrentan esta crisis, no solamente desde el sur, sino que quieren regresar a Nicaragua, y se preguntan qué hacer cuando no se puede regresar a su propio país por la prohibición de las autoridades, a como sea “a reunirnos con nuestra familia”, entrar al país sin un sello migratorio, ¿es un delito acaso?
No es un delito. Puede considerarse una falta administrativa, en todo caso. Pero eso definitivamente no configura un delito. Esto llega en un momento particularmente cruel. Hay una contracción económica en la región producto de la pandemia, hay mucha pérdida de empleo y mucha población migrante que tenía empleo, tal vez precario, que al tratar de retornar al país por no tener alternativas, se encuentran con este obstáculo y quedan en una situación de indefensión. Eso es lo realmente grave.
Y si se empieza a difundir la idea de que los que quieren regresar al país son “golpistas” y este discurso gubernamental, ya no solo estaríamos en presencia de violaciones a derechos humanos de personas migrante, sino incluso ante una situación de un umbral un poco menor que la tortura, que sería el maltrato. Los deja en zozobra, están en condiciones precarias, a la intemperie y les genera una angustia adicional el hecho de no poder ingresar y no poderse reunir con sus familias.
El impacto en los derechos humanos que tiene este capricho, esta arbitrariedad del régimen, no es una cosa menor y es importante documentarla para sumar a la lista de las graves violaciones de derechos humanos y los propios crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen.
La política represiva del Estado nicaragüense hacia los migrantes, hacia los connacionales en estos tiempos de pandemia está generando tensiones regionales. Mencionaste la decisión del Gobierno costarricense de evaluar esto caso por caso, ¿qué pueden hacer las organizaciones internacionales de derechos humanos que incluso han sido expulsadas de Nicaragua o esta clase de situaciones quedarán en la impunidad?
Las instancias de protección internacional de derechos humanos están diseñadas para interactuar con regímenes democráticos. Lo que hay en Nicaragua no es una democracia, es una dictadura, es una dictadura despiadada que se rige por ocurrencias y ha demostrado, en más de una oportunidad, hacer uso de la fuerza letal si es necesario.
Desafortunadamente, al ser un gobierno sinvergüenza, literalmente, al no importarle los señalamientos que hagan instancias internacionales por los derechos humanos, pues estos ciudadanos no solo quedan en indefensión, y creo que la estrategia que debe usar Costa Rica y posiblemente otros países de la región es generar presión más allá de los derechos humanos, una presión política y principalmente el SICA (Sistema de Integración Centroamericana), que es el que se va a ver afectado, tanto Honduras como Costa Rica, por compartir frontera con Nicaragua y sobre todo los países que son destino de los flujos migrantes de Nicaragua. Tal vez resulte más efectivo tratar de hacer incidencia política por los gobiernos para que generen presión sobre el mismo Gobierno (de Nicaragua) y dé solución… porque en repetidas ocasiones el régimen ha demostrado no tener vergüenza por violar derechos humanos.
Pero en este momento Nicaragua tiene la presidencia protémpore de SICA. ¿Acaso el Gobierno de Nicaragua va a convocar a los Estados centroamericanos para analizar esta crisis que la misma política del régimen de Ortega está provocando?
No necesariamente tiene que ser el SICA como sistema. Los países afectados, así como está haciendo Costa Rica, tratando de visibilizar el problema ante la comunidad internacional, pueden alzar su voz, así pueden alzar su voz países europeos y el propio gobierno de Estados Unidos. Lo importante y lo estratégico, así como ha sido lo más efectivo para contrarrestar las graves violaciones a derechos humanos del régimen Ortega Murillo, las sanciones internacionales a sus funcionarios, que son sanciones unilaterales implementadas por los Estados, pues la mayor efectividad para hacerlo reconsiderar su postura puede ser, en todo caso, es la presión política internacional más que las propias instancias de derechos humanos.
