12 de septiembre 2020
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La Dirección General de Ingresos (DGI) embargó este sábado las instalaciones de Nicavisión Canal 12, los vehículos de ese medio de comunicación y hasta la casa de su propietario, Mariano Valle, por un reparo fiscal de 21 millones de córdobas, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes de ese medio.
Los propietarios del Canal 12 informaron, a través de un comunicado, que el embargo fue ejecutado por el Juez Tercero de Embargos y Ejecuciones de Managua, Luden Quiróz García, alegando un reparo sobre las declaraciones del Impuesto sobre la Renta (IR) de los años 2011, 2012 y 2013.
Según las fuentes, el Canal 12 estaba siendo auditado por la DGI desde 2018, cuando ese medio de comunicación inició a informar sobre las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, por lo que asumen que el reparo millonario es una especie de "represalia política" por la línea editorial que mantienen.
Comunicado oficial pic.twitter.com/e8e0YTaf0b
— Canal 12 Nicaragua (@canal12nica) September 12, 2020
En 2018, el Canal 12 fue obligado por el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) a dejar de transmitir los programas Danilo Lacayo En Vivo, y Esta Noche y Esta Semana, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro. Situación que constituyó un acto de censura contra los programas de televisión de debates y entrevistas y el principal medio independiente de la televisión nicaragüense.
En enero de 2019, la Policía mantuvo sitiada las instalaciones del Canal 12, ubicadas en residencial Bolonia. De acuerdo a las denuncias de los periodistas, los oficiales llegaron y se apostaron a un costado de este medio de comunicación, para requisar a los trabajadores y preguntar si tenían armas.
Política fiscal agresiva
El embargo fue repudiado “enérgicamente” por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organismo que –además– señaló que el Gobierno de Ortega aplica una agresiva política fiscal para “reprimir y silenciar” a las voces independientes.
“Esta acción perversa atenta contra la libertad de prensa y expresión. Exigimos al régimen que desista en su estrategia de intimidar a periodistas y destruir a medios de comunicación independientes”, escribió el Cenidh en su cuenta de Twitter.
La escalada represiva en contra de los medios independientes ha incrementado durante las últimas semanas. El canal 100% Noticias, confiscado y expulsado del aire por la dictadura en diciembre de 2018, también denunció el cobro ilegal que le ha hecho llegar la Dirección General de Ingresos y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, por una suma de ocho millones de córdobas, correspondiente al periodo que el medio dejó de circular por la censura oficial
Además la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció y condenó asedio policial en contra de los periodistas: Ileana Lacayo, en la ciudad de Bluefields y Basil Bayres, de Somoto. De igual forma, Radio Darío, de la ciudad de León, denunció este sábado que varias patrullas de la Policía rodearon el perímetro de la emisora con el objetivo de intimidar a los comunicadores.
Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denuncia asedio policial en contra de sus miembros. pic.twitter.com/NzmQvRqu5a
— Ivette Munguía (@Ivymunguia) September 12, 2020
Las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) también han denunciado una especie de "terrorismo fiscal" por parte de entidades como la Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Alcaldía de Managua (Alma). En el caso de la alcaldía el cobro es más coercitivo, puesto que ha iniciado 200 procesos penales sin darle a los empresarios la oportunidad de recurrir a la vía administrativa.
