30 de julio 2023
AA
Share
En poco menos de 48 horas, el Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte (Craccn), así como sus pares del Sur (Craccs), aprobaron una serie de concesiones mineras de más de 240 000 hectáreas de extensión, en favor de la empresa Calibre Mining, de origen canadiense, y Zhong Fu Development S.A., fundada en China.
El oro es el principal producto de exportación de Nicaragua, al generar ingresos por USD 927.4 millones en 2022, y USD 456.2 millones en los cinco primeros meses de 2023, lo que supera en USD 55.3 millones (12.1%), a los USD 400.9 millones exportados en el mismo período del año anterior. Ese comportamiento permite suponer que este año, ese rubro superará los mil millones exportados, como viene deseando la industria desde 2021.
Mientras ese sector -y la dictadura de Daniel Ortega- celebran ese ritmo de crecimiento imparable, que aceleró de forma notable a partir de 2019, los líderes ambientalistas que están dentro o fuera del país, así como las comunidades indígenas que no se sienten representadas por ambos consejos regionales -a los que señalan de estar absolutamente subordinados al partido en el Gobierno- lamentan la aprobación de esas concesiones, por considerar que lesiona sus derechos, a la vez que aumenta la amenaza sobre sus fuentes de agua y sobre sus bosques.
Un defensor del ambiente que pidió mantener su identidad en reserva por temor a sufrir represalias, dijo a CONFIDENCIAL que desde antes de entregar casi este cuarto de millón de hectáreas en concesión para lo que llamó “minería sin límites”, más del 26% del país había sido entregado en concesión a las empresas mineras, expresando su preocupación por el daño ambiental que se generará en el proceso, porque “va a deteriorar grandemente el país”.
El oro es el principal producto de exportación de Nicaragua, seguido de la carne bovina, y una buena parte de ambos ítems se producen en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, en especial en las áreas protegidas que estaban supuestas a mejorar su estatus con la tutela del proyecto Bio-Clima, usando los USD 116.6 millones que el Fondo Verde del Clima puso en pausa esta semana.
Calibre: todo lo hicimos bien
La decisión del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, de aprobar la entrega en concesión de dos lotes por 15 400 hectáreas a una -hasta ahora- desconocida empresa de origen chino, aumentó el nivel de alarma activado un día antes, cuando el Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur, hizo eso mismo, pero casi multiplicado por 15 veces, al aprobar una concesión de 226 083 hectáreas para Calibre Mining.
“Esa política extractivista y la ganadería extensiva, están dejando grandes daños a las comunidades indígenas y afrodescendientes, tanto en pérdida de vidas humanas, como en deterioro de sus territorios de vida y de nuestro medio ambiente en general, lo que contribuye al cambio climático”, añadió la fuente.
En una nota de prensa, Calibre Mining aseguró que ellos cumplen la Ley 28, de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe, así como la Ley 387, sobre Exploración y Explotación de Minas, por lo que, en 2020 solicitaron cinco concesiones mineras ubicadas principalmente en el municipio de Paiwas, (Caribe Sur), aseverando que las concesiones solicitadas “no están en territorio indígena ni en ninguna área protegida”.
Las áreas aprobadas se denominan “Acacia” (49 645 hectáreas), “Ágata” (45 740 hectáreas), “Monarca”, (45 015 hectáreas), “Colibrí” (36 871 hectáreas) y “Amapola” (48 813 hectáreas). Las solicitudes fueron presentadas al Ministerio de Energía y Minas (MEM), al Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur, y al Concejo Municipal de Paiwas, explicó la compañía.
La empresa dijo que envió a miembros de su equipo a explicar a las autoridades regionales y municipales en qué consisten las labores proyectadas en las concesiones, además de responder las dudas de las autoridades locales, “durante múltiples encuentros”, y que los miembros del Concejo visitaron algunos de sus proyectos de exploración “para conocer las buenas prácticas realizadas por la empresa”.
Pensando en tranquilizar a los críticos de la actividad minera, Calibre recordó que, para realizar estudios de exploración más detallados, “se requieren permisos ambientales y consultas con las comunidades en las áreas de interés”, además de señalar que “solo uno de cada 10 000 prospectos… termina consolidándose como una mina en explotación”.
Más allá de la responsabilidad que pueda achacarse a la industria minera, el defensor ambientalista que habló con CONFIDENCIAL recordó que tanto las empresas mineras como las forestales -Alba Forestal entre ellas- y la industria cárnica que implementa una ganadería extensiva, juegan un papel central en la tragedia que viven las comunidades indígenas, pues todas tienen algo en común: los colonos que invaden los territorios indígenas para alimentar a cualquiera de esas tres industrias.
En el proceso desplazan a los indígenas de manera violenta, expulsándolos de sus propios territorios, señalando que “en los últimos años, la migración interna de personas no indígenas provenientes de otras partes del país hacia Bonanza, ha sido mayor al 600%. La Raccn presenta la mayor inmigración interna desde hace varios años”, enfatizó.
