5 de abril 2023
AA
Share
La ampliación por dos años del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) permitirá documentar las violaciones cometidas por el aparato represivo de la dictadura e identificar a cada uno de los perpetradores y cadenas de mando, que incluyen instituciones públicas como el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.
“Además de profundizar en el problema, de tener a las víctimas, es buscar quiénes son los responsables de esas actuaciones. Determinar la responsabilidad de los hechos, ya sea por omisión o por acción. Por eso, es sumamente importante, porque se necesita saber quién es el responsable”, opina el activista de la sociedad civil, Amaru Ruiz.
Gonzalo Carrión, del colectivo Nicaragua Nunca Más, agrega que, por ejemplo, en el caso del despojo de nacionalidad a 317 nicaragüenses, con esta prórroga se señalará la responsabilidad que tuvo la Policía Nacional, el Poder Judicial, y en particular los jueces que se involucraron en esta decisión política que no tiene fundamentos jurídicos.
“Como la represión sistemática no cesa y el tiempo en que desarrollaron la primera etapa, del primer informe, fue corto, ahora habría la oportunidad de documentar a más víctimas, de ubicar a los perpetradores, las evidencias, estructuras criminales, las cadenas de mando, de responsabilidad”, explica Carrión.
Ruiz enfatiza que al GHREN “les interesa determinar cuáles son (los agresores), con nombre y apellido, o las instituciones o secretarios políticos que estuvieron involucrados”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años más el mandato de Grupo de Expertos para Nicaragua, a través de una resolución que obtuvo 21 votos a favor, cinco en contra y 21 abstenciones.
Más recursos para denunciar
En el primer informe del GHREN, presentado en marzo pasado, se señaló que el régimen de Daniel Ortega y las autoridades de al menos siete instituciones del Estado, encabezadas por la Policía, cometieron crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales contra los nicaragüenses que se expresaron en la Rebelión de Abril de 2018.
Por lo cual, recomendaron a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra los individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes documentados en Nicaragua. Ruiz, considera que ahora con la ampliación de la investigación habrá más pruebas que respalden los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por la dictadura.
“Lo que está de fondo es tener toda una serie de documentación directa de las víctimas, con testimonios, datos, información, evidencias que sirvan para que los países que deciden emprender, lo que ellos llamaron en el informe anterior, acusaciones por la vía del derecho universal o de la justicia universal, les sirvan de base de pruebas válidas para el proceso en caso de que algún país decida emprender acciones legales”, explica el presidente de la cancelada Fundación del Río.
Quienes harán esta recolección de información serán, por un lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que su rol es monitorear y seguir las violaciones de derechos humanos a nivel general, y GHREN profundizará la investigación en temas particulares. “Esa es la diferencia, por eso son complementarios y no se duplican”, señala Ruiz.
En la resolución, el Consejo de DD. HH. de la ONU “instó al Gobierno de Nicaragua a que adopte medidas efectivas para garantizar la independencia, transparencia e imparcialidad del sistema de justicia, las autoridades electorales, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría Pública y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”.
Además piden que se ponga final a “la injerencia política en el poder judicial mediante la reclusión y expulsión arbitrarias de jueces y otros altos funcionarios judiciales y que adopte medidas efectivas para garantizar la separación de poderes y el restablecimiento del estado de derecho”.
Investigación incluye grupos vulnerables
Asimismo, el organismo de Naciones Unidas instó al Gobierno de Ortega y Murillo a que tome medidas efectivas para prevenir, investigar y asegurar la rendición de cuentas por los actos de violencia sexual y de género; adopte medidas efectivas ante los actos de violencia contra los Pueblos Indígenas y los afrodescendientes.
“Lo novedoso de esta resolución es que abre nuevas categorías de investigación, quiere decir que el Grupo de Expertos se ha comprometido en profundizar sobre alguna violaciones a algunos grupos vulnerables y ahí estamos hablando de pueblos indígenas y afrodescendientes, estamos hablando de la violencia sexual a mujeres, que no sólo ocurre en un contexto de violencia más amplio, sino en los abusos que han ocurrido en las cárceles”, señala Ruiz.
Con la resolución anterior, que ordenó la creación de GHREN, hubo poco tiempo para la investigación, entre la aprobación, la elección de los expertos y del equipo técnico. Por lo cual, la extensión por dos años es una oportunidad para ampliar el alcance.
“Con esta sistemática y brutal represión no hay un sector, territorio o comunidad que no haya salido ileso de este estado de terror, de ese ejercicio totalitario del poder (...) Entonces como no hay un ámbito territorial, sectorial, poblacional que esté exento de ese sistema represivo, estos dos años serán una oportunidad para tener como una radiografía completa de esta grave violaciones de derechos humanos”, considera Carrión.
Otro de los ejes de investigación que se amplía es la libertad de asociación con el cierre de oenegés, principalmente aquellas que se dedicaban a grupos vulnerables como: niñez, mujeres y pueblos indígenas.
