8 de noviembre 2024
AA
Share
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido “graves violaciones y abusos de los derechos humanos” contra estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario. Algunas de estas violaciones constituyen, a su vez, “los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos”, de acuerdo con un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
En su reporte Violaciones y abusos de los derechos humanos a la educación, la libertad académica y otros derechos fundamentales contra estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario, el GHEN apunta la responsabilidad individual de Ortega y Murillo en la comisión de estos crímenes y la utilización del aparato estatal para acallar a la comunidad universitaria.
Los hechos, documentados por el Grupo de Expertos, habrían ocurrido entre 2018 y 2024, y forman parte de la estrategia de persecución del régimen Ortega-Murillo. Estas violaciones a los derechos humanos han imposibilitado al estudiantado continuar sus estudios, “hipotecando el aporte de las generaciones futuras al desarrollo del país”.
“El sector universitario de Nicaragua ya no cuenta con instituciones independientes”, subrayan.
Estos son algunos de los crímenes del régimen Ortega-Murillo contra la comunidad universitaria que han sido identificados por el GHREN.
Crímenes de lesa humanidad
15 estudiantes asesinados
Al menos 15 estudiantes universitarios fueron asesinados en Nicaragua entre el 18 de abril y el 1 de octubre de 2018, en el contexto de la protesta social. El GHREN considera que las víctimas pertenecían a la población civil y fueron ejecutadas mientras participaban en manifestaciones o en tranques, barricadas y tomas universitarias, se encontraban en las inmediaciones del escenario de protesta o intentaban escapar de la Policía Nacional y los grupos armados progubernamentales.
El Grupo valora que la muerte de estas víctimas se produjo como consecuencia de los actos de la Policía y de grupos armados progubernamentales, y que los autores materiales utilizaron la fuerza letal de manera arbitraria, deliberada y sistemática, con la intención de matar a las víctimas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves, con el conocimiento razonable de que éstos podrían ocasionar la muerte.
Tomando en cuenta la identidad de las víctimas, y la fecha y las circunstancias de las ejecuciones, “el Grupo tiene motivos razonables para creer que estas ejecuciones extrajudiciales constituyen el crimen de asesinato como crimen de lesa humanidad”, se lee en el informe.
52 estudiantes y dos docentes encarcelados
El GHREN también documentó las detenciones arbitrarias de 52 estudiantes y dos docentes, quienes fueron sometidos a interrogatorios, juicios injustos y condenados a penas de cárcel por su activismo. Catorce de los líderes estudiantiles y los dos docentes fueron excarcelados y expulsados hacia los Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, junto con otras 208 personas opositoras.
El Grupo de Expertos consideró que las circunstancias en las que los estudiantes, docentes y otro personal universitario fueron arrestados y sometidos a régimen de incomunicación, así como a un prolongado período de detención, tiene un carácter arbitrario.
Las detenciones arbitrarias de estudiantes y docentes por parte de las autoridades forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde abril de 2018 y que han sido catalogados como crimen de lesa humanidad.
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
El Grupo de Expertos documentó una serie de actos u omisiones cometidos en centros pertenecientes a la Policía Nacional y al Sistema Penitenciario Nacional en contra de estudiantes y docentes. Estos incluyen: largos interrogatorios; golpizas y amenazas; desnudez forzada; la prohibición de comunicarse con otras personas detenidas; comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes; cortes de agua y luz en las celdas; y acceso limitado e inadecuado a atención médica.
Algunos líderes estudiantiles como Kevin Solís, John Cerna, Lesther Alemán, Max Jerez, y Yubrank Suazo, sufrieron prácticas ilegales que podrían constituir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y fueron sometidos a medidas de aislamiento prolongado o indefinido en régimen de incomunicación y sin ningún contacto humano significativo dentro de la prisión o con el mundo exterior, siendo víctimas de un “entorno de tortura”.
El Grupo de Expertos considera que los actos u omisiones cometidos por agentes de la Policía Nacional y del Sistema Penitenciario Nacional en contra de estudiantes y docentes fueron actos deliberados y se llevaron a cabo con la intención de imponer a las víctimas dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. Asimismo, el Grupo de Expertos valora que los funcionarios que participaron en cada uno de los casos de tortura y malos tratos documentados, actuaron con el propósito de obtener información, castigar, intimidar o coaccionar a las víctimas, o de discriminarlas por ser opositoras al Gobierno.
14 estudiantes deportados
El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron excarceladas y expulsadas a los Estados Unidos; de estas, al menos 14 eran estudiantes y dos docentes. Estas personas fueron forzadas a firmar un documento donde confirmaban que salían del país voluntariamente. Sin embargo, el Grupo de Expertos estableció que la firma de las víctimas fue obtenida bajo coerción, viciando cualquier consentimiento, ya que la negativa a firmar dicho documento implicaba la continuidad de la detención prolongada en condiciones inhumanas y degradantes, que en algunos casos constituyeron tortura
Las víctimas ftambién fueron privadas arbitrariamente de su nacionalidad, de manera discriminatoria y en violación de las garantías del debido proceso, dejándolas en situación de apatridia. El Grupo considera que no existían razones previstas por ley que justificaran las expulsiones por parte de las autoridades de Nicaragua y, por lo tanto, estas no tienen fundamento en el derecho internacional.
Los estudiantes y docentes “fueron expulsados sin justificación legal alguna y que los autores tenían la intención de expulsar a estas personas de Nicaragua. Esto constituyó una violación del derecho fundamental de las víctimas a permanecer en su propio país y, por consiguiente, hubo una expulsión ilegal de esta parte de la población de Nicaragua”, señalan.
Persecución
El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura y deportación documentados en este documento de sesión fueron cometidos en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentada desde las más altas esferas del Gobierno, contra parte de la población de Nicaragua, y constituyen, prima facie, el crimen de lesa humanidad de persecución.
Las víctimas han sido blanco de ataques debido a su identidad, como parte de una política discriminatoria de silenciamiento sistemático de cualquier persona y de desarticulación de cualquier organización cívica o política que mantenga una posición diferente u opuesta a la del Gobierno.
“El asesinato, la encarcelación, la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, la deportación y la privación arbitraria de la nacionalidad, cuando se llevan a cabo en el contexto de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, pueden constituir el crimen de lesa humanidad de persecución”, subrayó el GHREN.
Violaciones al derecho a la educación
37 universidades canceladas
La estrategia del régimen para controlar las universidades ha sido implementada progresivamente a través de distintos actos que incluyeron, entre otros, la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de la mayoría de las universidades privadas, reformas legislativas y el control institucional y político del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
Entre diciembre de 2021 y febrero de 2024 fueron canceladas la personalidad jurídica de 37 universidades e instituciones de educación superior. Algunas de estas habían sido focos de movilización estudiantil durante las protestas de 2018 y habían abierto sus puertas para resguardar a los estudiantes frente a la represión policial. La cancelación de la personalidad jurídica fue seguida de la confiscación de sus cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles.
Desmantelamiento de la autonomía universitaria
Las reformas a las leyes de Educación y de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, en marzo de 2022 y en noviembre de 2023, contribuyeron al desmantelamiento de la autonomía universitaria. Primero acabaron con el Consejo Nacional de Rectores y luego se estableció que las autoridades universitarias serían designadas por el CNU. Además, se suprimió las decanaturas, las facultades universitarias y los consejos de facultad.
Según el Grupo de Expertos, la cancelación arbitraria y masiva de la personalidad jurídica de las universidades constituyó “una herramienta y un patrón de represión y control destinada a acallar las voces, el pensamiento y el debate críticos de los y las estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario”. Además, las reformas legislativas que socavan la autonomía universitaria, fueron llevadas a cabo por motivos políticos y son incompatibles con el derecho a la educación y a la libertad académica.
Expulsiones de las universidades
Las autoridades universitarias ligadas al régimen han establecido la expulsión de estudiantes como forma de castigo por haber participado en protestas entre abril y julio de 2018. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2018 y 2022 hubo más de 150 expulsiones arbitrarias de estudiantes en Nicaragua.
Algunos estudiantes entrevistados por el GHREN señalaron que sus expulsiones fueron realizadas de manera arbitraria a través de resoluciones adoptadas por las autoridades universitarias sin respetar el debido proceso administrativo ni el derecho al recurso correspondiente. Otros estudiantes fueron expulsados de facto de sus universidades, es decir, sin ser notificados oficialmente de su expulsión, sin que se les respetara el debido proceso y sin que se les otorgara el derecho de interponer un recurso efectivo.
De acuerdo con el GHREN, el Estado de Nicaragua posibilitó la expulsión de los estudiantes de manera sistemática de los centros de estudios superiores y sin garantizar un recurso legal con el motivo de silenciar a las voces críticas del Gobierno y castigar a los estudiantes por haber ejercido sus derechos a la libertad de opinión y expresión, la libertad de pensamiento y de reunión pacífica.
Proselitismo y control político dentro de las universidades
El régimen también ha impuesto un sistema de control político, amenazas y hostigamientos contra estudiantes, el profesorado y directivos de las universidades, y el proselitismo partidario en las universidades públicas y privadas nicaragüenses a partir de abril de 2018.
Las banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ondean en los recintos universitarios, los carteles con la propaganda del régimen también es recurrente en las universidades y, además, se ha impuesto la conmemoración de fechas históricas del Frente Sandinista.
El Grupo de Expertos también ha documentado que para acceder a una beca, los estudiantes deben adjuntar una carta dirigida al dictador Ortega en un formato oficial. Esa carta tiene que hablar de su buen gobierno.
Además, los cursos introductorios para estudiantes de nuevo ingreso están enfocados en proveer información sobre el FSLN. Asimismo, se han reportado varios casos de docentes que, durante sus clases, contribuyen o fueron obligados a contribuir al adoctrinamiento del estudiantado.
Imposibilidad de obtener títulos o apostillados
La represión contra el estudiantado también se articuló a través de la negativa arbitraria a la expedición de títulos y expedientes académicos o, según manifiestan algunos estudiantes, la destrucción de los registros de los mismos. Esta medida discriminatoria fue aplicada tanto a los estudiantes expulsados como a aquellos afectados por las cancelaciones de personalidad jurídica de las universidades.
El Grupo de Expertos obtuvo información indicando que cientos de los estudiantes de las universidades clausuradas no pudieron obtener sus diplomas y expedientes de notas o no pudieron seguir con sus estudios en la universidad de su elección a pesar de las promesas de continuidad del Gobierno.
En la mayoría de los casos reportados al Grupo, los estudiantes tuvieron que quedarse en las universidades que absorbieron a las clausuradas porque: “el Estado prohíbe que los acepten en otras universidades, que hagan traslado. Si ellos se retiran y van a otra universidad no los aceptan”.
En otros casos, los estudiantes no pudieron apostillar sus títulos emitidos por las universidades canceladas. Impedimento arbitrario que tuvo como consecuencia directa la imposibilidad de homologar las certificaciones de notas y títulos en terceros países y poder continuar con sus estudios.
Violaciones del derecho al trabajo
Despidos injustificados
La cancelación de la personalidad jurídica de la mayoría de las universidades privadas en Nicaragua afectó el empleo de miles de docentes, directivos académicos y otro personal universitario. Solo el cierre de la Universidad de Occidente (UDO), la Universidad Evangélica Martin Luther King y la Universidad Centroamericana (UCA) dejó sin empleo a cerca de 1200 personas, de acuerdo con el GHREN.
Según el Grupo de Expertos, los derechos laborales de las personas despedidas no fueron garantizados, al negársele las respectivas compensaciones económicas por despido y en algunas instancias, algunos docentes han dejado de percibir sus pensiones de jubilación.
Los docentes despedidos se encuentran imposibilitados de continuar con sus labores en universidades nicaragüenses por ser opositores al Gobierno. En algunos casos, los docentes fueron despedidos después de haber sido detenidos por su cercanía con el movimiento estudiantil durante las protestas de 2018.
