21 de mayo 2022
Cuando el orteguismo echó a andar la Operación Retorno de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) en 2009, para lo cual desvió más de 60 millones de dólares derivados del acuerdo petrolero con Venezuela, la red de gasolineras vinculadas a esta petrolera en Nicaragua apenas llegaba a 15 estaciones.
Utilizando a su favor el uso discrecional de los fondos petroleros venezolanos y la adjudicación directa de contratos por suministro de hidrocarburos, el orteguismo logró ampliar esta red de gasolineras a más de 50, hasta que fueron golpeadas por las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Para controlar directamente estas operaciones, las más lucrativas de los negocios vinculados al orteguismo, la DNP y la red de gasolineras eran administradas por miembros de la familia Ortega Murillo.
Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estaba al frente de Inversiones Zanzíbar, la sociedad creada para administrar la red de gasolineras vinculadas a la DNP.
Yadira Juliana Leets Marín, quien fue su esposa hasta 2019, era quien estaba a cargo de las operaciones de la DNP y firmaba los contratos por suministro de combustibles de esta petrolera a entidades del Estado.
Todo este engranaje fue sacudido por las sanciones del Departamento del Tesoro. Inversiones Zanzíbar, la DNP y el mismo Rafael Ortega Murillo fueron sancionados.
Yadira Leets Marín se desvinculó de sus funciones de administración de la DNP desde 2019. El diario La Prensa reportó recientemente que había salido de Nicaragua hacia Panamá, con dos de sus hijos, una decisión derivada aparentemente de su separación de Rafael Ortega Murillo y su intención de desvincularse de la familia gobernante.
Las sanciones provocaron que la mayoría de las gasolineras vinculadas a la DNP se viesen forzada a cerrar operaciones. Sin embargo, tres de estas gradualmente han logrado reabrir su atención al público en Managua.
Un informe divulgado en febrero de 2022 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en base a reportes entregados por el mismo régimen orteguista, reveló que las estaciones agrupadas en el grupo de la DNP, empezaron a operar bajo la figura de bandera blanca, es decir de forma independiente, sin estar bajo la figura de una marca comercial.
La Cepal registró un incremento de 104 a 153 estaciones de bandera blanca entre 2019 y 2020. De esta manera es que las gasolineras antes vinculadas a la DNP logran evadir las sanciones para poder seguir operando.
A pesar que la militancia sandinista, a través de las redes sociales, han hecho un llamado a visitar las estaciones reabiertas, estas se mantienen, según comprobó un equipo de CONFIDENCIAL.