20 de mayo 2021
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La Fundación del Río y Fundación Popol Na, asaltadas y confiscadas en diciembre de 2018 junto con una decena de organizaciones civiles en Nicaragua, denunciarán al régimen de Daniel Ortega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que consideran fue una ilegal confiscación de sus bienes y la cancelación de sus personerías jurídicas en diciembre de 2018.
Ambas fundaciones fueron confiscadas junto con otras nueve, incluidas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Investigación para la Comunicación (CINCO), en diciembre de 2018. El 14 de diciembre de ese año, la Policía orteguista también asaltó y confiscó las oficinas de CONFIDENCIAL, así como los estudios de grabación de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, y una semana más tarde, el 21 de diciembre, también confiscó el canal 100% Noticias.
El presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, dijo que la presentación de este caso ante la CIDH representa un paso trascendental en la defensa de sus derechos. Una vez recibida la denuncia, la CIDH las analizará y posteriormente podrá llamar a las partes a una audiencia.
“No solo decimos que defendemos derechos sociales y ambientales, sino que estamos haciendo valer el derecho a defender derecho, sobre todo el de la libertad de asociación de nosotros y los nicaragüenses”, dijo Ruiz.
Fundación del Río sufrió la cancelación de su personería jurídica por los 70 diputados sandinistas en la Asamblea Nacional en diciembre de 2018 a solicitud del Ministerio de Gobernación, que acusó a esta y otras organizaciones de “apoyar el fallido intento de golpe de Estado”, como califica el régimen a las protestas sociales de abril del 2018.
Posteriormente, en agosto de 2020, a Fundación del Río, que existe desde 1990, el régimen de Ortega le confiscó, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), seis de sus propiedades. En total, el régimen les quitó 454 manzanas de bosques que corresponden a dos terrenos rurales, donde existían áreas de reforestación y regeneración natural.
“El régimen nos trató de callar, por mantener una posición firme en contra de la destrucción ambiental del Lago Cocibolca con el proyecto del canal interoceánico bendecido por el régimen y la empresa privada”, recordó Ruiz.
Fundación del Río fue la organización que denunció las dimensiones reales de un incendio que ocurrió en abril de 2018 en la reserva natural Indio Maíz, y que provocó la pérdida de 5945 hectáreas de bosque virgen.
Demuestran violencia indiscriminada
Fundación Popol Na fue otra de las organizaciones que en 2018 perdió su personería jurídica a manos de los diputados sandinistas.
Según la presidenta de la organización, Mónica López Baltodano, su denuncia también demuestra el despliegue del autoritarismo orteguista en el país y el uso de la violencia indiscriminada de las autoridades del régimen en contra de los ciudadanos opositores.
“La petición o demanda internacional que hoy estamos presentando ante la CIDH, en medio de este mar de graves violaciones a los derechos humanos que sufre la población nicaragüense se reviste de importancia por haber logrado documentar y demostrar, incuestionablemente, los síntomas y consecuencias del letal virus del régimen de los Ortega-Murillo y su intento de enterrar, asfixiar y desaparecer a la sociedad civil, la democracia y sus derechos”, dijo López.
La abogada además expresó que, con esta demanda se demuestra cómo se han ido extinguiendo todos los derechos ciudadanos en Nicaragua, además que prueban cómo la represión y el uso indiscriminado de las leyes orteguistas han minado las libertades públicas en el país.
Wendy Flores, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expresó que con esta denuncia la CIDH podrá declarar la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación a los derechos establecidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Ambas organizaciones interpusieron un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, tanto por la cancelación de sus personerías jurídicas como por la confiscación de sus bienes.
“La CSJ no resolvió los recursos de inconstitucionalidad y de amparo de ambas organizaciones. Todavía se encuentran esperando una resolución y esta falta de respuesta de la CSJ, y la violación del plazo razonable para emitir una sentencia, es lo que hace tomar la decisión de interponer esta denuncia ante la CIDH.
Se solidarizan con CONFIDENCIAL
Mientras se realizaba la conferencia de prensa virtual, la Policía orteguista realizó un segundo allanamiento en contra de los estudios de grabación de los programas Esta Semana y Esta Noche, por lo que, los representantes de las organizaciones denunciantes también se solidarizaron por los hechos. En la jornada, la Policía también cercó las antiguas oficinas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el Ministerio de Gobernación citó a su expresidenta y aspirante presidencial, Cristiana Chamorro.
“Expresamos nuestra solidaridad con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y los periodistas de CONFIDENCIAL. Hemos conocido del asedio policial en las afueras del edificio donde están y que de manera descabellada siguen siendo acosados por este régimen al igual que Fundación Popol Na y Fundación del Río”, dijo López.
“Es la continuación de la represión. Como Colectivo de Derechos Humanos, enviarle a Cristiana a Carlos Fernando, al periodismo independiente, nuestra solidaridad”, dijo Gonzalo Carrión, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
