24 de octubre 2023
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La representante permanente de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Rosalía Bohórquez Palacios, exhibió la intolerancia del régimen orteguista a las críticas, al abandonar de manera colérica y furiosa una sesión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Bohórquez abandonó el podio y dejó con la palabra a la presidenta del CEDAW, Ana Peláez, mientras esta expresaba su decepción y preocupación por las declaraciones leídas por la funcionaria orteguista, quien calificó al Comité de “parcializado” por cuestionar las políticas del régimen respecto a la aplicación de ese tratado internacional.
“Nicaragua ha rechazado toda acción injerencista, sesgada, parcializada y de motivación política, llámese informe, actualización oral o mandato del Consejo de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que buscan, lamentablemente, la instrumentalización de los derechos humanos para interferir en los asuntos internos de Nicaragua”, señaló Bohórquez durante la 86 sesión del Comité, celebrada este 23 de octubre, y a la que el régimen no envió ninguna delegación.
La funcionaria apareció cuando la sesión ya había iniciado, ocupó su espacio a la par de la presidenta del Comité, leyó la proclama del régimen y cuando acabó, recogió sus cosas, dio la espalda a Peláez y se marchó.
El gesto descortés de Rosalía Bohórquez fue rechazado por las expertas que integran el Comité, quienes examinaron —sin representación del Estado parte— los informes siete, ocho, nueve y diez de Nicaragua respecto al cumplimiento de la Conveción CEDAW.
Dictadura se niega a rendir cuentas ante ONU
El CEDAW es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Comité está formado por 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo. Nicaragua es parte de la Convención desde que entró en vigor, en 1981.
El Comité invitó a Nicaragua en cuatro diferentes ocasiones, desde 2021 hasta la fecha, a presentar sus informes, pero no obtuvieron respuestas. También solicitaron una reunión con Bohórquez, sin éxito. Tras las múltiples convocatorias, el Comité resolvió examinar los informes “combinados” y en ausencia de una delegación del Estado, señaló la presidenta Peláez.
Rosalía Bohórquez dijo que los comentarios y preguntas emitidas por el Comité responden a insumos “tomados de determinados grupos”, que buscan manipular la realidad de Nicaragua. “Denunciamos y no nos cansaremos de seguir haciéndolo sobre la lesiva actuación de este Comité, y los países esclavistas y machistas de Occidente, que pretenden reproducir información parcial, sesgada y subjetiva”, rugió la funcionaria.
La relatora país, Leticia Bonifaz, expresó su preocupación sobre la “forma que Nicaragua califica a nuestro Comité, en cuanto a que somos malintencionados y que trabajamos con información parcial y sesgada”, puesto que el trabajo se basa en los “contrastes a partir de los informes que ellos (los Gobiernos) brindan”.
Bonifaz argumentó que, en este caso, es una situación excepcional porque el último informe rendido por Nicaragua fue en febrero de 2007, cuando Daniel Ortega asumió el poder. El Comité tiene muy poca información proporcionada por el Estado.
La experta Rosario Manalo, de Filipinas, lamentó “la conducta de Nicaragua. No solo hoy, sino durante los últimos miles de días en los que no se ha hecho nada para proteger a la mujer nicaragüense”, por lo que recomendó “la expulsión del país de la CEDAW”.
Defensoras en completa desprotección
“Las defensoras (en Nicaragua) están bajo asedio”, dijo la experta Marion Bethel, de las Bahamas, quien subraya que, en los últimos cuatro años, se han documentado aproximadamente 7000 agresiones contra defensoras de derechos humanos.
“Las mujeres defensoras de derechos humanos y sus familias viven con el temor de que la Policía las detenga en cualquier momento. Estas agresiones contra las mujeres activistas incluyen detenciones arbitrarias, amenazas, muerte, violación, daño personal, a los familiares, daño a la propiedad, campaña de difamación”, detalló la experta.
Bethel demandó respuestas al Estado de Nicaragua, específicamente, sobre qué medidas está tomando para facilitar protección, reparación y rehabilitación a las víctimas de agresiones, para investigar los ataques violentos y qué hace cuando son los agentes del Estado quienes cometen esas agresiones.
“Según informes hay listas que condenan a las defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, que las tildan de traidoras, enemigas de la paz, golpistas”, agregó.
El 29% de dichas oenegés trabajaban replicando una vida libre de violencia, 22% a favor de la determinación y desarrollo rural, el 11% defendía los derechos de las mujeres indígenas y afrodescendientes y el 8% los derechos sexuales y reproductivos.
Las organizaciones que defendían los derechos de las mujeres son uno de los grupos más afectados por la cancelación arbitraria de más de 3000 oenegés de sociedad civil. En ese sentido, la experta increpó al régimen orteguista para conocer sobre las medidas que adoptará para garantizar la participación política de la mujer y de las organizaciones defensoras, el restablecimiento de la base jurídica de las organizaciones feministas que fueron cerradas y cómo pondrá fin a las agresiones contra la vida y la integridad de las defensoras.
También le recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha aprobado, desde la Rebelión Cívica de 2018, 38 medidas cautelares para defensoras, que aún no se cumplen.
