21 de septiembre 2019
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desplegó decenas de patrullas y cientos de policías y paramilitares motorizados en Managua, pero no pudo impedir que centenares de ciudadanos se manifestaran en cuatro puntos de la capital.
En el edificio Pellas, en la Plaza Vistana —cercana a la rotonda Centroamérica—, frente a la Lotería Nacional y contiguo al edificio Movistar, los ciudadanos realizaron piquetes exprés, en los que ondearon las banderas azules y blanco.
La Policía lanzó bombas aturdidoras, gases lacrimógenos, y chibolas, causando dos heridos. Grupos especializados desplegaron perros amaestrados para contener a los manifestantes, que homenajearon al estudiante Matt Romero —asesinado por el régimen el 23 de septiembre de 2018 en Managua—, y denunciaron que “Nada está normal” bajo una dictadura en Nicaragua.
Cuando los opositores, después de orar, rezar el Padre Nuestro, cantar el himno nacional y alzar la bandera de Nicaragua, se disponían salir a las calles, decenas de agentes antidisturbios, que se encontraban apostados en la entrada del edificio Pellas, bloquearon el paso y tras reclamos verbales de los manifestantes, los oficiales lanzaron bombas aturdidoras.
Uno de los heridos es el excarcelado opositor Pedro Estrada, a quien le cayó en la cabeza una bomba de luz y sonido lanzada por agentes antidisturbios. La otra persona lesionada es una mujer, que se desmayó. Los demás opositores se dispersaron y se refugiaron en el edificio, sin mayores incidentes.
En un costado del edificio Movistar, decenas de opositores se concentraron y gritaron consignas en contra del Gobierno de Ortega y a favor de la libertad de los presos políticos, y justicia para las víctimas de las protestas. La Policía del régimen les lanzó bombas aturdidoras, pero ningún ciudadano resultó herido.
La Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dos de las agrupaciones opositoras más visibles de Nicaragua, convocaron a esa manifestación para reclamar el restablecimiento de los derechos constitucionales en el país, que vive su peor crisis sociopolítica en décadas.