18 de octubre 2018
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Etner Sequeira Velásquez dirigió su mirada al representante de la Fiscalía y sonrió al escuchar el delito por el que le acusó: vandalismo por derribar cuatro "Árboles de la Vida" (o "chayo palos", como le llaman los nicaragüenses) ubicados entre el Estadio Nacional de Béisbol "Dennis Martínez" y la Catedral Metropolitana, cerca del nuevo centro de Managua.
La audiencia inicial de Sequeira Velásquez se realizó este miércoles 17 de octubre en el Juzgado Sexto Local Penal de Managua, a cargo de la jueza María Ivette Pineda, en el que estuvo presente únicamente la prensa oficialista.
De acuerdo con la acusación, Sequeira Velásquez, en compañía de dos personas más (que no han sido detenidos por la Policía), confabuló para derribar las estructuras metálicas de color rosado, rojo, verde y azul, cuyo costo aproximado ronda los 25 000 dólares.
Los también llamados arbolatas comenzaron a instalarse en el 2013 por órdenes de la ahora vicepresidenta Rosario Murillo. Según Sofía Montenegro, estas “arbolatas” surgen de un pensamiento mágico de Murillo basado en el deseo y la voluntad, contra toda lógica, pues se asienta en la creencia que con este símbolo puede “conjurar un hecho inevitable: la propia finitud, la muerte”.
“Refleja su miedo a la vejez, a la impermanencia y a la caída del poder. Se trata de un pobre autoengaño, pues ese proceso no hay ‘arbolata’ que lo detenga. Es en realidad el árbol de la mentira: a sí misma, a los demás, fruto de su inseguridad y de un manifiesto trastorno obsesivo-compulsivo”, expresó Montenegro.
Según la Fiscalía, Sequeira Velásquez supuestamente se encargaba de cortar las bases, y los demás sujetos conectaban la cortadora a los cables de tendido eléctrico, y se turnaban para derribar las estructuras metálicas de entre 15 a 20 metros de altura.
Los árboles de metal comenzaron a ser derribados por los ciudadanos entre los meses de abril y mayo, luego de que explotara la crisis social, política y económica que afecta Nicaragua, y que hasta el momento ha dejado 325 muertos, más de 3000 heridos y al menos 400 presos políticos.
Carlos Silva: presentado, pero no enjuiciado
La Policía Nacional presentó el pasado martes cuatro de septiembre a Carlos Silva y lo acusó de ser el cabecilla de un grupo de terroristas “que mantenían tranques en las cercanías de la UNAN-Managua”. El Comisionado Mayor Farle Traña, segundo jefe de la DAJ, agregó que además de ser acusado por terrorismo, “ocasionó” daños a la propiedad pública, usó armas artesanales, industriales, bombas molotov y lanza morteros.
La “investigación” de la Policía dice que el 11 de mayo, en la rotonda Rigoberto López Pérez, Silva incendió “chayopalos” instalados en ese lugar.
“Nos asustó ver a mi hermano con una ropa que no es de él, y siendo expuesto como un delincuente, terrorista, y nosotros no somos terroristas, otros son terroristas, pero mi hermano no. ¿Acaso pensar diferente es ser terrorista?”, dijo Elisa en una entrevista en el programa televisivo Esta Noche.
A Silva lo detuvieron el pasado 25 de agosto cuando recién terminaba de jugar un partido de baloncesto en el parque Luis Alfonso Velásquez contra un equipo de la Alcaldía de Managua. Su único delito fue pregonar que “cuando ganemos, le vamos a cambiar el nombre a este parque”. Luego un oficial de la Policía lo arrestó.
Silva se encuentra detenido desde entonces en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como “El Chipote”. A pesar de que transcurrieron 48 horas luego de su captura, las autoridades no lo han querido liberar y tampoco ha sido acusado en los juzgados de Managua.
Donde hubo un árbol de metal ahora hay una planta con vida.
Rotonda de Ticuantepe.@confidencial_ni pic.twitter.com/yHtqnsuHSt— Maynor Salazar (@Maynorsalaz) 21 de abril de 2018
La hermana de Silva explicó que su hermano apoyó a los estudiantes atrincherados de la UNAN-Managua, llevando alimentos para que estos tuvieran qué comer. Cuando su hermano se enteraba de que un estudiante moría, lloraba amargamente. Y si escuchaba que eran atacados, salía con una olla de aluminio a golpearla en el vecindario. Eso sí, nunca estuvo en el recinto universitario.
“Esa era su forma de protestar, pero mi hermano jamás fue cabecilla y no conocía a los estudiantes ¿Cómo es posible que nos hagás esto, Daniel? No sigás destruyendo nuestras familias, presidente. Yo te honré, yo no creí en ningún otro canal, más que lo que el presidente decía. Y cómo hoy me viene a dar una bofetada a mi cara, por eso denuncio”, dijo Elisa.
Condenados a entre 15 y 24 años por terrorismo
Nueve nicaragüenses que protestaron contra el Gobierno también fueron condenados este lunes a entre 15 años y 24 años de prisión por el delito de terrorismo en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Los nueve hombres, originarios del municipio de Tipitapa fueron hallados culpables el pasado 3 de octubre de los delitos de terrorismo, tenencia y portación de armas de fuego y municiones, y este lunes fue leída la sentencia.
La jueza segunda de distrito penal de juicio de Managua, Adela Cardoza, condenó a 24 años a Wilmer Martínez, líder del grupo, y a 20 años a Ervin Zamora, Daniel Sánchez y Junior Sánchez.
Mientras que a Juan Carlos Bermúdez, José García, Wilfredo Orozco, Mauricio Paniagua y Yudielka Flores les fijó una pena de 15 años.
La jueza declaró a los acusados culpables de levantar tranques o bloquear las vías en la ciudad de Tipitapa en el marco de las protestas contra el Gobierno, donde además de impedir la libre circulación y movilización, cobraban peaje o amenazaron con matar a los que accedían a sus exigencias.
Ningún policía o paramilitar acusado
El Gobierno de Ortega ha admitido el proceso judicial contra unos 200 ciudadanos acusados de diversos delitos que los organismos de derechos humanos afirman que han sido "fabricados" para criminalizar la protesta cívica contra el régimen. Los primeros presos políticos condenados fueron los jóvenes creole Brandon Lovo y Glen Slate, procesados por el asesinato del periodista blufileño Ángel Gahona, el 21 de abril. El proceso fue ampliamente criticado por sus vicios e irregularidades, que han impuesto un patrón en la cómo el sistema de justicia sirve al régimen.
A seis meses del estallido de las protestas, la asociación Madres de Abril, que reúne a los familiares de los asesinados, sostiene que ningún policía o paramilitar ha sido juzgado por algún delitos, mientras el régimen persigue a los manifestantes, los encarcela, tortura y condena a prisión.
A principios de agosto, la Fiscalía acusó al exmilitar Pierson Gutiérrez Solís, de 42 años, por homicidio y y portación ilegal de arma de fuego, en el caso del asesinato de la joven brasileña Rayneia Gabrelle Da Costa Lima Rocha, estudiante de sexto año de medicina en la Universidad Americana (UAM) y residente en el hospital Carlos Roberto Huembes.
En poco más de media hora y a puerta cerrada, el juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua realizó el juicio contra Gutiérrez Solís, quien se declaró culpable de disparar contra el vehículo de Lima la noche del 23 de julio, con lo cual el juez dio por cerrado el caso. La Fiscalía pidió 16 años de prisión para Gutiérrez Solís, mientras que el abogado defensor solicitó 11 años.
Comienza juicio contra Amaya Coopens
Un juez de Nicaragua dio por iniciado el juicio contra la líder estudiantil Amaya Eva Coppens, de nacionalidad belga y nicaragüense, acusada de terrorismo y otros delitos.
Junto con la líder estudiantil son juzgados los alumnos universitarios de la ciudad de León (noroeste) Sergio Midence, Tatiana Martínez Pérez, Franklin Morales García, María Mercedes Chavarría y Byron Antonio Romero Sánchez, informó el Poder Judicial, a través de medios del Gobierno.
El juicio se realiza en el Complejo Judicial de Managua, bajo la dirección del juez Julio César Arias, titular del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua.
En las afueras del edificio, al norte de Managua, un grupo de habitantes de la ciudad vecina de Ticuantepe realizó un plantón en apoyo del maestro de secundaria Juan Bautista Guevara, cuyo juicio estaba previsto para este mismo miércoles, también a puertas cerradas, pero el Poder Judicial no informó sobre su caso.
Tanto los estudiantes de León como el maestro de Ticuantepe, se mantienen bajo arresto desde inicios de septiembre. Los acusados forman parte de una lista de al menos 459 nicaragüenses que las organizaciones humanitarias consideran "presos políticos". El Gobierno reconoce más de 200 reos y los califica de "terroristas" y "golpistas".
