14 de diciembre 2022
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La causa judicial contra el obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos estará a cargo de la jueza Karen Vanessa Chavarría Morales y el fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña, quienes han sido los verdugos de otros presos políticos, entre ellos sacerdotes y periodistas.
De acuerdo con el expediente del caso, bajo el número de asunto 026463-ORM4-2022-PN, la acusación contra Álvarez fue radicada en el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia en Managua, cuya titular es Chavarría.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a monseñor Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, mismos cargos por los que la dictadura ha condenado a más de 40 presos políticos.
Después de 116 días secuestrado bajo “casa por cárcel” de facto, el régimen presentó este martes al líder religioso, de 56 años, con evidente pérdida de peso. Álvarez es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.
La jueza y el fiscal del caso cuentan con amplios antecedentes de subordinar sus decisiones judiciales a la voluntad del orteguismo. Ambos coincidieron en 2021 en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).
Chavarría, la jueza que encarceló a Cristiana Chamorro
El 2 de junio de 2021, la jueza Chavarría Morales ordenó el allanamiento y captura de la aspirante presidencial y expresidenta de la FVBCh, Cristiana Chamorro Barrios, quien —según encuestas independientes— podía vencer al presidente Ortega en unas elecciones justas y transparentes.
Chavarría Morales fue sancionada por Estados Unidos el pasado 9 de marzo, cuando fue agregada a la lista de actores corruptos y antidemocráticos conocida como “Lista Engel”. A la jueza, el Gobierno estadounidense la señala de “abusar de su autoridad y subvertir procesos legales para actuar en contra de opositores políticos al régimen, e inhabilitar candidatos opositores”.
Desde 2018 hasta la fecha, Chavarría se ha encargado de procesar y condenar a más de 50 presos políticos, entre ellos Irlanda Jerez, Ruth Matute, Jaime Navarrete, María Adilia Peralta, Sergio Beteta y los hermanos Santiago y Cristian Fajardo.
La jueza está a cargo también del caso contra el sacerdote Enrique Martínez Gamboa, de 64 años, quien fue secuestrado por el régimen en octubre pasado y luego acusado de los supuestos delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”.
Fiscal Rugama Peña, el perseguidor de los periodistas
Rugama Peña es uno de los fiscales a cargo de la persecución contra la prensa independiente y ha sido señalado de amenazar a periodistas en los interrogatorios realizados en junio de 2021, durante la fabricación del caso por lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
El fiscal fue policía y ha estado siempre vinculado a las estructuras del Frente Sandinista.
Rugama Peña junto a los fiscales Carlos Rafael Espinoza Castilla y Giscard Antonio Moraga Guillén conformaron el equipo del Ministerio Público que estuvo a cargo del caso contra la FVBCh. En este juicio resultaron condenados: Cristiana Chamorro Barrios y su hermano Pedro Joaquín, los trabajadores de la Fundación, Walter Gómez y Marcos Fletes, y el conductor Pedro Vásquez.
El pasado 21 de septiembre, el fiscal acusó a cuatro sacerdotes y tres laicos por los supuestos delitos de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”. Estos ciudadanos acompañaron a monseñor Álvarez durante los 15 días que permanecieron sitiados por decenas de antimotines en la casa cural de la Diócesis de Matagalpa.
Los siete acusados fueron: los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano, el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y el reportero gráfico Sergio Cadena Flores.
Rugama estuvo también a cargo de la acusación contra el sacerdote Oscar Danilo Benavides Dávila, señalado supuestamente de “conspiración” y “propagación de noticias falsas”. El religioso fue secuestrado por agentes policiales el domingo 14 de agosto.
