12 de febrero 2021
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La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunciaron que 113 de las 328 muertes por la represión y matanza oficial contra el estallido de las protestas ciudadanas en abril de 2018 fueron “ejecuciones extrajudiciales”.
En su informe “¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua”, presentado este jueves, la FIDH y el CENIDH analizan los 113 asesinatos y resaltan que estos se produjeron sistemáticamente en operativos “coordinados entre entidades estatales y paraestatales” del régimen de Daniel Ortega.
“La documentación de los casos permite establecer que en los operativos desplegados desde el 18 de abril de 2018 participaron de forma conjunta y separada agentes estatales y paraestatales con el conocimiento, tolerancia y dirección de las máximas autoridades del Estado, donde cada uno cumplió roles determinantes para la consumación de la muerte”, indica el informe.
Los defensores destacan que 87 de las 113 personas asesinadas “participaban o apoyaban a las personas manifestantes”; 20 “no participaban en las manifestaciones”; y sobre seis de ellas no contaban con información para “afirmar o descartar su participación directa o indirecta en las manifestaciones”.
Los 113 asesinatos analizados por la FIDH y el Cenidh, según el informe, se produjeron: 62 en Managua, 13 en Masaya, 10 en León, siete en Estelí, seis en Jinotega, seis en Chinandega, cinco en Carazo, uno en la Región Atlántico Sur de Nicaragua y tres en territorio hondureño.
Respecto al tipo de ataque en el que se produjeron las ejecuciones, los defensores indican que 33 ocurrieron como consecuencia de ataques a manifestaciones; 27 en ataques a tranques; 33 en ataques focalizados y 15 en ataques indiscriminados.
Entre las víctimas hay un 12% que eran menores de edad
El 67% de estas 113 personas asesinadas, detalla el estudio, se encontraba en rango de edad de entre 18 a 34 años; y un 12% eran menores de edad.
Vilma Nuñez @cenidh :
🎙️Otro patrón es la caracterización de las víctimas por edad, que pone en evidencia que la represión estuvo orientada hacia los jóvenes, en edad escolar y universitaria, y sin afinidad política.#SOSNICARAGUA pic.twitter.com/l7S7tv6cEE
— FIDH (@fidh_es) February 11, 2021
En cuanto a los vínculos políticos, los defensores afirman que solo 11 de las 113 víctimas “estableció que existía militancia o afinidad política directa, a través de familiares, con el partido de Gobierno y cuatro con partidos de la oposición”.
"Los responsables" de ejecuciones extrajudiciales
Señala, con relación al perfil de los responsables, que la muerte de 28 de las 113 personas son atribuibles a operativos ejecutados por agentes estatales; 33 a operativos ejecutados por agentes paraestatales y 45 a operativos realizados conjuntamente por agentes estatales y paraestatales.
Los defensores resaltan que en el caso de siete de las 113 muertes analizadas aún no se ha logrado establecer si fueron ejecutadas por agentes estatales o paraestatales, tampoco si estos actuaron en forma conjunta o separada.
Entre los responsables de dichas ejecuciones extrajudiciales, indica el informe, se encuentra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, máxima autoridad de Gobierno, de las fuerzas de seguridad del país y secretario general del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Añaden que la vicepresidenta Rosario Murillo, el director de la Policía Nacional de Nicaragua, Francisco Díaz Madriz, y la exministra de la Salud, Sonia Castro, también son —en grados distintos— responsables de estos “asesinatos extrajudiciales”, los cuales afirman clasifican como “crímenes de lesa humanidad".
La FIDH y el CENIDH denuncian que las múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, que han ocurrido desde el 18 de abril de 2018 “continúan en la impunidad”.
Los defensores señalan que, hasta la fecha, la represión estatal continúa “con sutiles modificaciones", pero con “el mismo propósito de control, neutralización y erradicación de las personas consideradas enemigas, y de mantener un ambiente de terror generalizado como elemento central para lograr el control de la población e inhibir cualquier expresión que se considere una amenaza”.
Ambas organizaciones explican que “la modalidad de represión de las estructuras paraestatales”, durante 2019 y 2020, se convirtieron en “selectivas”, ejecutando asedios, hostigamientos, restricciones de acceso a universidades públicas, secuestros “exprés” o arrestos ilegales.
🎙️Jimena Reyes de @fidh_es
Son las mismas estructuras que asesinaron en 2018 que hoy en 2021 aterrorizan a la sociedad civil, a periodistas, a representantes de la iglesia, a la oposición política, vigilándolos, deteniéndolos de forma arbitraria y hostigándolos#SOSNICARAGUA pic.twitter.com/vDbZwCKBlP
— FIDH (@fidh_es) February 11, 2021
El informe resalta que aún hay más de un centenar de presos políticos que continúan “siendo víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Señalan también que la represión gubernamental se ha agravado con el avance de la pandemia de la covid-19 y, en 2021, con la implementación de un “paquete de leyes liberticidas... que acentúan las restricciones de los espacios sociales y, en particular, la posibilidad de criticar al Gobierno, dificultando mucho el trabajo de las oenegés y personas defensoras de derechos humanos, además de obstaculizar la presencia de la oposición en las elecciones de noviembre de 2021”.
Los defensores consideran que Nicaragua “no podrá salir de la crisis actual si los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Ortega Murillo permanecen en la impunidad”. Por tanto, reiteraron sus demandan de respeto a los derechos humanos, el “cese de la represión” y “libertad inmediatamente para los presos políticos”.
Un “aporte a la verdad”
Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconocieron la importancia de informes como el de la FIDH y el CENIDH. Durante la presentación del informe, la comisionada Antonia Urrejola --relatora especial para Nicaragua en la CIDH-- afirmó que la investigación de ambas organizaciones de la sociedad civil representa un “aporte concreto al establecimiento de la verdad colectiva”.
Urrejola destacó que el trabajo del CENIDH y la FIDH ayudan a determinar responsabilidades, identificar las ejecuciones extrajudiciales como delitos de lesa humanidad, identificar a las víctimas y describir a los perpetradores, desde las bases hasta las más altas jerarquías.
La comisionada especial de la CIDH apunta que la identificación y análisis específico de los asesinatos extrajudiciales demuestra la gravedad de las violaciones a derechos humanos que se ha venido cometiendo en Nicaragua, por lo que considera que el informe es un “aporte extraordinario" en la búsqueda de la verdad y la justicia.
