30 de agosto 2016
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El congreso número 39 de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) emitió una “resolución de urgencia” sobre los derechos civiles y políticos en Nicaragua al considerar que el comandante Daniel Ortega instaura “un régimen de partido único que pretende perpetuarse en el poder comprometiendo el desarrollo” del país.
La FIDH (integrada por 178 organizaciones de derechos humanos de más de 100 países, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH) afirma que cerrarle la vía electoral a la Coalición Nacional por la Democracia por medio de un fallo del Poder Judicial y la destitución de los 28 diputados del Partido Liberal Independiente (PLI), se evidencia la “orientación a beneficiar al partido de gobierno”.
La organización sostiene que el régimen sandinista elimina de esta forma la disidencia en la Asamblea Nacional y deja el camino libre para el control total de este ente por parte del Frente Sandinista en las próximas elecciones del 6 de noviembre, que la oposición inhibida ha calificado de “farsa”.
Sin embargo, el gobierno del comandante Ortega presentó al cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua un “libro blanco” sobre el proceso electoral, en el que niegan la falta de competencia, pluralismo y transparencia en los comicios generales.
Sucesión familiar
La FIDH también se refirió a la candidatura de la primera dama Rosario Murillo, quien es la fórmula presidencial del comandante Ortega. El organismo que defiende los derechos humanos sostiene que Murillo como candidata a vice presidenta crea “las condiciones para que se dé una sucesión familiar en el poder, atentando contra principios democráticos esenciales”.
“Estos actos contravienen el pluralismo político, el carácter republicano de la forma de Estado y de gobierno, así como la democracia representativa, establecidas en la Constitución de Nicaragua y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por este país”, señala la FIDH en un comunicado firmado este 27 de agosto desde Johanesburgo, Sudáfrica, donde fue celebrado el Congreso.
El congreso determina que “en vista” de todas estas condiciones creadas por el régimen del comandante Ortega, en el país se consolida un “Estado Autoritario”, lo que para ellos constituyen “graves violaciones a los derechos humanos”.
También apelan a los diferentes poderes del Estado de Nicaragua (todos controlados por el comandante Ortega) que respeten la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos para garantizar “autonomía e independencia”.
La FIDH además alienta a la comunidad internacional, Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) a “monitorear permanentemente la situación de los derechos humanos en Nicaragua”.
“Particularmente, exhortamos al Secretario General de la OEA que presente el Informe sobre Nicaragua en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, enfatiza la FIDH, en referencia al informe que es realizad por Luis Almagro.
Otra resolución por el Canal
El congreso de la FIDH emitió otro comunicado sobre Nicaragua y el Canal Interoceánico. El organismo resume que el proyecto fue aprobado en secreto a través de la Ley 840, sin debate, sin la consulta a la población que establece el procedimiento de formación de la ley en la legislación nicaragüense.
“Tampoco se realizó el proceso de consulta libre previa e informada que establece el Convenio 169 de la OIT”, resalta el organismo, en referencia al tratado internacional que defiende los derechos de los indígenas.
La FIDH advierte de “los graves riesgos sociales, económicos y ambientales” que de ejecutarse el proyecto provocarían daños irreversibles al medio ambiente, ampliamente señalados en diferentes estudios y foros por expertos nacionales e internacionales, junto a la represión policial y militar contra las protestas, así como la permanente militarización e intimidación.
“Todos estos actos constituyen graves violaciones de derechos humanos que permanecen en la impunidad por lo que deben ser debidamente investigados y sancionados los responsables por el Estado de Nicaragua”, dice la FIDH.
