9 de octubre 2020
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Antes de ser asesinada, la niña de iniciales Y.G.D.C, de cuatro años, fue violada y golpeada por su tío, según confesó él mismo tras ser detenido e interrogado por la Policía Nacional. El hecho ocurrió en una comunidad de El Tula-La Dalia, en Matagalpa, pero en Nicaragua no es un caso aislado.
Según los datos recogidos por el Observatorio Voces, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, hasta el tres de octubre de 2020, han sido asesinadas 61 mujeres, y de esa cifra, 11 corresponden a niñas y adolescentes. Estos datos revelan que este año ha sido el más violento desde 2014, que se registraron 70 asesinatos, pues en nueve meses se alcanzó la cantidad de femicidios cometidos en los años anteriores.
Los datos de la Policía Nacional también evidencian que la violencia sexual no se ha detenido. Pues hasta el siete de agosto pasado, esta institución reconoció 532 denuncias por violación, 200 más de las admitidas en 2019. Y más de la mitad de denuncias por abuso sexual y estupro que se registraron en los anuarios estadísticos de 2018 y 2019.
Abuso sexual, violencia y violaciones en entorno familiar
Este incremento de violencia revela que ni siquiera la emergencia sanitaria mundial por la covid-19 detuvo a los agresores y femicidas. Más bien, detallan las expertas, el autoconfinamiento y el desempleo vulneró más a las mujeres, niñas y adolescentes, porque las obligó a compartir espacios.
“El hecho de que se estén (la niñez y la adolescencia) quedando en casa es otro factor de riesgo porque igualmente los abusadores se están quedando y si son las mamás las que tienen que salir a trabajar, significa que se están quedando prácticamente a merced del abusador y sabemos que uno de los espacios de mayor ocurrencia ( de violencia) es la casa”, señala Lorna Norori, del Movimiento Contra el Abuso Sexual.
De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional, en los últimos tres años, el 76% de delitos de violencia que incluyen violaciones, abuso sexual, estupro, acoso sexual e intimidación o amenazas contra la mujer fueron cometidos las casas de las víctimas y solo el 17% de estos delitos ocurrieron en la vía pública.
Por su parte, el anuario estadístico de violencia, de 2019, publicado por la Corte Suprema de Justicia, señala que durante ese año ingresaron a los juzgados 6826 casos por delitos de violencia, abuso sexual, violación, estupro e intimidación o amenazas contra la mujer, de los cuales fueron resueltos el 84%. Este dato es un 97% superior a los casos que fueron ingresados en el 2018, cuando estallaron las protestas cívicas y el Gobierno inició la persecución y captura de quienes se unieron a las manifestaciones.
No obstante, los datos sobre violencia que informan las autoridades del país ya sea través de la Policía Nacional o del Instituto de Medicina Legal son cuestionados porque muchos no coinciden y muchos delitos no son clasificados a como corresponden. A pesar de eso, desde hace años se ha visto un incremento de casos de violaciones y abuso sexual.
"Medicina Legal venía haciendo sus informes y venían diciendo que había un incremento. A inicios de 2017 dijeron hasta el 90% de las situaciones de abuso sexual, que se presentaban en el Instituto, eran de niñas y adolescentes menores de 16 años. También, dijeron que estaba atendiendo diariamente hasta 25 valoraciones por delitos sexuales. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, que eran más reales en ese momento, sí venían creciendo (estos delitos)", explica la experta en temas de abuso sexual.
Falta de acciones estatales influye en la violencia
Las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de la mujer y contra la violencia machista consideran que la crisis sociopolítica y la emergencia sanitaria por la pandemia provocó que los esfuerzos y las miradas estén enfocados en otras áreas, y no en la prevención de la violencia. Incluso, detallan, los espacios destinados a atender los delitos contra las mujeres, niñas y adolescentes fueron suspendidos y leyes como la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, que establecía fuertes sanciones contra los abusadores fue reformada.
“Hace unos días emitieron, a través de un decreto publicado en La Gaceta, un protocolo de atención de abuso sexual para la niñez y la adolescencia y no es nada más que un documento con todo lo que dice la ley 779 sobre el modelo de atención integral. Y realmente para qué si no están si no tienen el personal preparado, si no están destinando recursos, si no se están preparando”, cuestiona la experta.
Esta falta de preparación también se ha visto en la reactivación de las Comisarías de la Mujer, señala, pues no han seguido el concepto de atención y acompañamiento que tenían antes.
“El hecho de que haya Comisarías no significa que hay una verdadera respuesta, porque Comisaría de la Mujer no es un cuartito de dos metros donde hay dos personas atendiendo, la Comisaría ha sido todo un proceso donde hay un personal especializado, en el que se invirtió en su formación para que atendieran debidamente su problemática y --afirma-- en realidad lo que hay ahora no tiene nada que ver con lo que eran la comisaría”.
