30 de mayo 2023
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Los familiares de la presa política Brenda Lee Baldelomar Alemán, de 48 años, están preocupados por su salud y la incomunicación a la que ha sido sometida durante 43 días de encierro, desde el 17 de abril, cuando fue secuestrada por la Policía a dos cuadras de su casa, en Chinandega.
Baldelomar es una de las más de 30 personas que fueron capturadas en abril, mediante redadas ejecutadas por la Policía orteguista en las vísperas del quinto aniversario de la Rebelión Cívica de 2018. La opositora, que años atrás había pertenecido al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), fue llevada al Distrito III de la Policía, en Managua, y el 7 de mayo fue trasladada a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, detalló su hijo, Hants Baldelomar.
Esta semana, agentes policiales solicitaron a los familiares de Baldelomar inyecciones, pastillas y un jarabe para tratar una enfermedad respiratoria, por lo que su hijo teme sea algo más grave, como neumonía. La angustia también crece porque no sabe si está recibiendo una atención médica adecuada. Asimismo, señaló que su mamá es hipertensa, tiene problemas en el oído y padece de migraña.
“No nos dan nada de información. No tiene visita, no tiene nada”, denuncia el hijo de la presa política, quien se encuentra en el exilio. Agrega que desde el 2018 son asediados por la Policía, cuyas patrullas pasaban horas estacionadas afuera de la vivienda, pendientes de cualquier movimiento y tomando fotografías.
La misma Baldelomar denunciaba en sus redes sociales el asedio que vivían en Chinandega, donde ella se había destacado como líder local, desde su involucramiento en las protestas cívicas de 2018.
Sin defensa privada
La Fiscalía acusó a Baldelomar el pasado 24 de abril en conjunto con otras seis personas, entre ellas, el arquitecto mexicano-nicaragüense Arnoldo Horacio Guillén Monterrubio, de 62 años, desterrado por el régimen orteguista, supuestamente por repartir pegatinas azul y blanco, en Corinto, Chinandega.
En el expediente número 007008-ORM4-2023-PN del caso no se especifican los delitos que les imputaron al grupo, lo cual es otra barrera para denunciar los procesos de presos políticos, han señalado defensores, ya que no se cuenta con el delito explícito. Es ocultado por el Poder Judicial en el Sistema Nicarao.
Baldelomar explicó que desconocen la situación jurídica de su mamá porque no han tenido derecho a visitas en El Chipote. Y el abogado que representaría su caso, decidió retirarse, tras que la Corte de Justicia, anulara las credenciales para ejercer como abogados a 27 personas, entre excarcelados políticos y defensores, como la abogada Yonarqui Martínez.
Para su hijo la captura de Baldelomar es en represalia a su constante activismo en Chinandega y su involucramiento en la demanda de democracia, lo que no representa delito, por eso demanda su libertad inmediata.
Según la lista de abril del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en ese mes se reportaron 55 detenciones por motivos políticos. De esas, al menos 34 personas siguen en prisión. Están incomunicadas con sus familiares, sin acceso a defensores privados, y con múltiples violaciones al debido proceso. En algunos casos se conocen que las audiencias iniciales se desarrollarán este miércoles 31 de mayo.
El Mecanismo asegura que en esta nueva cacería prevaleció el patrón de “desaparición forzada por ocultamiento de paradero luego de la detención”. Después que la persona es secuestrada, el Estado oculta su ubicación por varios días o semanas.
“Durante ese tiempo, el Estado no brinda comunicación oficial confirmando paradero ni permite a familia ni defensa técnica ver a la persona. A consecuencia de esta conducta, la persona detenida y que se encuentra desaparecida queda fuera del amparo de la ley, con lo que se le impide el recurso a remedios judiciales y garantías de protección y se la pone en una situación de total indefensión”, indican.
Esta incomunicación ha sido recurrente en la política de tortura infringida a los reos de conciencia por parte del régimen orteguista. La Policía únicamente recibe la comida y artículos de higiene personal para los nuevos reos de conciencia, sin dar mayores detalles sobre su situación, que tomando como referencia las acusaciones de anteriores presos políticos, este nuevo grupo podría ser acusado por “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
