4 de mayo 2017
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El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exige al Estado de Nicaragua la reparación de daños económicos, psicológicos y de derechos de acceso a la justicia a la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta, por faltas en la investigación del asesinato de su esposo Francisco García Valle, hace 14 años, en Bluefields, es un "mensaje contra la impunidad y un llamado para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos" que debe atender el Estado, según Acosta y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La Corte falló a favor de Acosta con una sentencia que incluye una serie de medidas para que el Estado de Nicaragua retome la investigación a los señalados como autores intelectuales del asesinato de García, ocurrido en 2002, raíz de la denuncia de Acosta por la venta ilegal de los paradisíacos Cayos Perlas a manos de un ciudadano griego. Además, la Corte con sede en San José, Costa Rica, solicita al Estado un conjunto de garantías para establecer un protocolo de protección a los defensores de derechos humanos.
La abogada Wendy Flores, abogada del Cenidh, resaltó la importancia del fallo de la Corte frente al contexto actual, en el cual lamentó que "los defensores de derechos humanos son difamados y expuestos públicamente por los mismos autores políticos o por personas que deberían ser investigadas porque generan un ambiente de hostilidad en contra de los defensores de derechos humanos".
Persiste hostilidad contra defensores de derechos humanos
Acosta, por su parte, recordó que durante la investigación por el asesinato de su esposo, hace más de catorce años, el mismo juez a cargo del proceso se "confabuló" con quienes sospecha fueron los autores intelectuales del asesinato de García para acusarla a ella de supuesta encubridora y sospechosa del delito. El juez era Julio Acuña, quien aún ejerce en el departamento de Río San Juan.
Durante una entrevista en el programa de televisión Esta Noche, Flores y Acosta coincidieron en que la falta de acceso a la justicia, como la sufrida por la exdirigente caribeña, y la hostilidad en contra de los defensores de derechos humanos persisten bajo el gobierno actual, en quien recaen las demandas de la Corte Interamericana.
"El Estado debe orientar a la Procuraduría de Derechos Humanos la garantía del protocolo de protección de los defensores, y también al Ministerio Público para que investigue a los autores intelectuales del asesinato de mi esposo, señalados desde el día uno, aunque luego se me quiso involucrar a mí", reclamó Acosta.
En 2002, García fue encontrado en su casa de habitación golpeado, con señales de tortura y muerto por un disparo en el corazón. En ese momento, Acosta era la apoderada legal de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas y del territorio Rama Kriol, perjudicados por la venta ilegal de los Cayos Perlas y otras propiedades, por las cuales se responsabilizó al griego Peter Tsokos y su abogado Peter Martínez.
Las investigaciones policiales determinaron que el arma que se usó para asesinar a García pertenecía a Martínez, sin embargo, el único procesado fue su empleado Iván Argüello Rivera, condenado en 2004 a 23 años de prisión.
Estado debe dar garantías a defensores
Acosta considera que "es un reto para el Estado de Nicaragua autocorregir los problemas y las situaciones que generan impunidad en este país". Además, estima que el fallo también "es un llamado al mismo sistema para que los ciudadanos no tengan que pasar por el calvario que pasé yo, ni tener que ir fuera (a buscar justicia)".
Flores agregó que la sentencia de la Corte también demuestra que "el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia, la protección de los defensores de derechos humanos".
En este sentido, Flores recordó que Nicaragua tiene al menos otros cuatro casos pendientes, que son el respeto a las garantías y derechos políticos del partido regional indígena, Yatama; las violaciones al debido proceso y el acceso a la justicia en el caso del asesinato del joven Jean Paul Genie; el reclamo de respeto a la propiedad de los pueblos indígenas por la comunidad de Awas Tingni, y las medidas provisionales por las amenazas en contra de los defensores de derechos humanos que reclaman la invasión de colonos en la propiedad comunal indígena en el Caribe Norte, que ha obligado al desplazamiento de miles de familias y ha causado la muerte de decenas de miskitos.
