2 de mayo 2019
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Bryan Alemán fue recapturado por la Policía y trasladado con violencia a la delegación de Masaya el pasado 19 de marzo, cuatro días después de ser excarcelado por la dictadura. En la estación policial, los agentes le advirtieron que si no colaboraba informando quiénes continúan liderando las protestas exprés en esa ciudad, no lo dejaran tranquilo a él ni a su familia.
“Yo les dije que no sabía nada, que apenas estaba saliendo de la cárcel. Ellos me dijeron: ‘¿No querés colaborar? Entonces te vamos a montar otra bronca. Te vamos a poner otro cargo para que no salgás’. Yo les dije: ‘Hagan lo que ustedes quieran, no sé nada de lo que me están preguntando’. Se enojaron y me dejaron preso cuatro días”, relata el joven de 20 años.
Alemán fue capturado por primera vez en julio de 2018, y estuvo ocho meses en la cárcel La Modelo, de Tipitapa. Su proceso judicial sigue abierto, acusado por terrorismo, portación ilegal de armas de fuego, robo agravado, secuestro simple y supuesta participación en la quema de la Alcaldía de Masaya.
Suman delito
Al salir de prisión, este 23 de marzo, su abogada le informó que ahora también lo acusan por tentativa de homicidio contra Julio César Amador García, y que debe comparecer a la audiencia inicial este 14 de mayo.
“Me quieren meter esta causa por puro gusto, porque no colaboré con ellos. Eso que dicen nunca pasó, yo ni conozco a ese señor”, denuncia Alemán.
Verónica Nieto, su abogada, coincide en que la nueva acusación comprueba que el Gobierno no tiene intención de liberar a los presos políticos, y estima que la apertura de nuevas causas busca reencarcelarlos por delitos comunes.
“Los presos políticos excarcelados sienten que solo cambian de lugar, pues son acechados por la Policía y por civiles que pasan en moto. Ese asedio es la continuación de la tortura sicológica”, agrega.
Bryan es el primer preso político que, tras su excarcelación, es acusado por otro delito, que obstaculizaría su libertad total a través de los acuerdos firmados entre la Alianza Cívica y la dictadura, en la mesa de negociación que está en impase.
Entre el 27 de febrero y el 16 de abril, unos 240 presos políticos han sido excarcelados bajo régimen de convivencia familiar o casa por cárcel. Los últimos (unos 70) aparentemente en libertad plena, pero ninguno tiene constancia.
“Nos quieren meter otra causa solo para dañarnos más, no nos están dejando en paz”, reclama Alemán. Su abogada sostiene que la nueva causa también debe considerarse política.
Nueva estrategia
Además de abrir nuevos procesos a los excarcelados, la dictadura también está acusando por delitos comunes a otros manifestantes.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro, analiza que el objetivo es reducir la visualización de estos procesos, para que los ciudadanos no sean incluidos en las listas de reos de conciencia.
En las últimas dos semanas, Montenegro ha recibido unas 80 denuncias de manifestantes acusados por robos, posesión de drogas u otros delitos comunes, sin que la mayoría figure en las denuncias de los organismos de derechos humanos.
“A la mayoría se le imputa delitos comunes que consideramos no son comisiones reales”, afirma. A juicio de Montenegro, la nueva estrategia en la criminalización de la protesta es endosar delitos comunes contra quienes facilitaron agua, comida o medicamentos durante las protestas.
Montenegro explica que el registro ya se dificulta porque los familiares optan por no visibilizar la causa política y seguir el proceso bajo la figura de delito común.
“Si esto no se detiene habrá un subregistro de presos políticos juzgados por causas comunes. Se vuelve imperceptible”, lamenta.
El caso de “La Loba”
Edward Enrique Lacayo, conocido en Masaya como “La Loba”, fue capturado por civiles encapuchados el 15 de marzo en El Ostional, Rivas, cuando huía hacia Costa Rica. “La Loba” fue líder de las protestas en Monimbó, y tras la “Operación Limpieza”, en julio de 2018, se ocultó para no ser capturado. Ahora, la Policía asegura que lo detuvo con seis tacos de cocaína y lo acusa de narcotraficante.
Montenegro, su abogado, afirma que “La Loba” solo cargaba su ropa y que no fue detenido por policías, sino por civiles encapuchados “que no están facultados por la ley para hacer detenciones”.
Esthela Rodríguez, madre de Edward, agrega que él es inocente y lo acusan por venganza. Ella también ha tenido que salir de Masaya. “Cuando supe que lo capturaron y que acusaban de falsedades, pegué gritos, fue horrible lo que sentí, es indescriptible. No se mide, hasta la fecha sigo en shock”, relata.
Rodríguez denunció el caso ante la CPDH y confirmó que su hijo está en La Modelo, junto a presos comunes. “Tengo miedo que me lo manden a matar”, dijo.
Montenegro lamenta que los presos políticos permanezcan como “fichas de tablero” en la negociación política.
