16 de julio 2022
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La dictadura orteguista continuará la próxima semana con su campaña de cancelación de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), al anunciar la ilegalización de otras diez fundaciones y asociaciones, con lo que superará el millar de oenegés anuladas en lo que va de 2022.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, introdujo una nueva iniciativa de decreto para ilegalizar esas diez oenegés, entre las que destacan la Asociación para el Desarrollo Agropecuario de Nicaragua (Expica), la Asociación Nacional de Asegurados (Anase) y la Fundación Museo Archipiélago Solentiname.
Completan la lista: la Asociación Academia para el Desarrollo Humano Alternativo (Asadehualt), la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Calidad (Funprodeca), la Asociación Nicaragüense de Cirugía Oral y Maxilo Facial (Ancom), la Asociación Industrial Farmacéutica Nicaragüense (IFN), la Asociación de Pequeños Comerciantes de las Zonas Francas de Nicaragua (Apcrozfanic), la Asociación Odontológica Técnica de San Benito (Aotsbe) y la Asociación Pro-Salud, Educación y Desarrollo Social Nuestra Señora de Guadalupe.
Mismos argumentos
Con la aprobación del decreto —prevista para el próximo lunes 18 de julio— se elevará a 1006 el número de oenegés ilegalizadas en lo que va de 2022. Además, llegará a 1080 OSFL canceladas, desde 2018 hasta la fecha.
El régimen acusa a los organismos de no registrarse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación (Migob) e incumplir con la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que entró en vigor el pasado 6 de mayo, “obstaculizado el control y vigilancia” que realiza el Migob.
Según el diputado Rodríguez, promotor de las cancelaciones masivas de oenegés, se trata de un “ordenamiento” dirigido a combatir el lavado de activos y a castigar a las organizaciones que se involucraron en las protestas de 2018, que el régimen define como un intento de golpe de Estado.
Las organizaciones canceladas no tienen derecho apelar la decisión del Parlamento y, en muchos casos, los exdirectivos han denunciado que el Migob estableció trabas para que cumplieran con todos los requisitos que mandatan las leyes, incluyendo la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, señalada por abogados de ser una norma inconstitucional.
Defensoras de derechos
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló, entre este miércoles y jueves, la personería jurídica de 200 oenegés, con lo que elevó a 1070 oenegés anuladas desde finales de 2018 hasta la fecha.
Más del 30% de las 1070 OSFL canceladas, hasta el momento, se enfocaban en diversas áreas del desarrollo, mientras que más del 15% ejecutaban proyectos sociales y atendían a comunidades desfavorecidas y grupos de riesgos.
El régimen ha clausurado oenegés ambientalistas, educativas, defensoras de los derechos de la niñez, derechos humanos, mujer, adolescentes, derechos indígenas, la cultura, emprendimiento, democracia y de salud, sin importar el impacto que esto ha generado a sus beneficiarios.
