19 de marzo 2023
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La orden de detención que la Corte Penal Internacional (CPI), emitió esta semana en contra de Vladímir Putin, presidente de una potencia nuclear, muestra que la justicia global eventualmente podrá alcanzar a los responsables de violar los derechos humanos en un país como Nicaragua. Tanto quienes emiten las órdenes desde la presidencia de la República, como los mandos medios que las obedecen.
“Nicaragua está en la mira y la atención de la comunidad internacional, centrada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tomó la posición de decidir que un organismo como este existiera”, declaró desde Costa Rica Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren).
La resolución 49/3 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, adoptada el 31 de marzo de 2022, decidió establecer un grupo de tres expertos en derechos humanos, que tendría un mandato de un año de duración, para investigar la vulneración a los derechos humanos ocurrida en Nicaragua a partir de abril de 2018, y promover la rendición de cuentas para aquellos señalados de cometer esos abusos y violaciones.
El resultado de eso es un informe que confirmó la comisión de crimenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua, llevando a que el régimen orteguista fuese comparado con el de la Alemania nazi, cuyos líderes sobrevivientes fueron enjuiciados en Nüremberg.
El abogado Juan Carlos Arce, integrante del Colectivo de Derechos Humanos ‘Nicaragua Nunca Más’, opinó que “el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos es de una enorme trascendencia para la denuncia de esta represión que ha sido imparable, y que le dice al mundo que en Nicaragua siguen ocurriendo crímenes de lesa humanidad”.
Para su colega Gonzalo Carrión “el trabajo del Grupo de Expertos ha sido extraordinario, y servirá para que el pueblo de Nicaragua -en especial las víctimas- puedan conocer la verdad cuando llegue el momento de rendir cuentas. Cuando eso pase, el Grupo de Expertos servirá como una gran contribución a esa gran demanda de verdad y justicia”.
“Si el Consejo decidió crear un organismo como este, es porque la situación en muy grave, y es por eso que la comunidad internacional sigue teniendo el caso de Nicaragua en la mira”, añadió el experto de origen alemán, señalando que el hecho que exista un mecanismo para Ucrania similar al de Nicaragua, “demuestra que la comunidad internacional presta atención a ambas situaciones”.
Se espera que grupo de expertos sea renovado
Es por eso, que considera que hay una probabilidad “relativamente alta”, de que en la reunión del Consejo de Derechos Humanos del próximo 4 de abril, el Ghren vea renovado su mandato por un nuevo período, “dado que la situación en Nicaragua lo amerita; que hay una declaración de 55 países que apoya el mandato, y otros países que apoyan la extensión del mandato”, añadió.
A criterio del experto, el nuevo mandato les permitiría desarrollar una línea de investigación que les lleve a determinar la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, y los campesinos de Nicaragua. La tarea, tal como lo estipula el mandato actual del grupo, incluye “identificar a los responsables”, de cara a una futura rendición de cuentas.
La extensión del mandato también debería permitirles investigar las implicaciones económicas, sobre todo las que pudieran estar ligadas con actos de corrupción; ampliar en las violaciones que han documentado, y profundizar en cuanto a los mandos medios implicados en la violación de derechos humanos.
La colombiana Ángela María Buitrago, miembro del Ghren, explicó que la comunidad internacional puede ejercer el Principio de Protección, con base en las recomendaciones del informe que elaboró el Grupo de Expertos, para evitar que se sigan cometiendo delitos de lesa humanidad.
“Queda que la comunidad internacional tome acciones efectivas para impedir no sólo la comisión de nuevos delitos, sino para promover acciones de investigación y sanción con respecto a las personas señaladas en el Informe”, aseguró, añadiendo que “se han identificado acciones, tanto de Daniel Ortega como de Rosario Murillo, que llevaron a determinar la responsabilidad en esta cadena de crímenes de lesa humanidad”.
Todas las instituciones del Estado de Nicaragua que puedan estar involucradas -incluyendo el Ejército Nacional- serán parte de la investigación (también en la segunda fase del mandato), profundizando en algunos ejes que ya hemos identificado”, complementó Simon.
La justicia es universal
Aunque los perpetradores de crímenes contra los derechos humanos en un Estado como el de Nicaragua puedan sentirse relativamente seguros, porque el país no es suscriptor del Estatuto de Roma, con el que se constituyó la Corte Penal Internacional, eso no significa que no haya posibilidad de llevarlos ante la justicia internacional, explicó Buitrago, detallando que en el informe se hace relación a dos mecanismos para lograrlo.
El primero es “la activación de la jurisdicción universal, mecanismo que tienen muchos países de la región, que permite investigar la vulneración de derechos en otros países”. Citó también la existencia de “un mecanismo por pasiva”, que significa que quienes tienen doble nacionalidad puedan acudir al país de su otra nacionalidad, para denunciar estos hechos.
De forma adicional, mencionó que “estamos viendo que también se pueden activar las jurisdicciones donde hay nicaragüenses que están siendo afectados a través de decisiones que se constituyen en delitos transnacionales, lo que permite iniciar acciones legales en los países correspondientes”.
Simon explicó que “al haber concluido que el Estado de Nicaragua puede haber estado violando la Convención Contra la Tortura, cualquier país que sea parte de la Convención puede demandar al Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia”, y aunque el país no es firmante del Estatuto de Roma, hay varias posibilidades para abrir la jurisdicción de la Corte, de modo que se pueda determinar la responsabilidad penal de los individuos.
De manera retroactiva, señala que “una vez que haya un cambio de Gobierno en Nicaragua, se puede remitir el caso a la Corte, y eso es algo que todos los violadores de los derechos humanos que están en funciones como jefes de Estado, deben tomar en cuenta”.
Un precedente a considerar es el caso de Myanmar, con relación a Bangladesh, donde “la Corte Penal Internacional declaró que cuando haya actos que tengan efectos transfronterizos, y esto afecte a un país que sea parte del Tratado de Roma, este país podrá presentarlo ante la jurisdicción de la CPI”.
Buitrago opina que “el sistema regional es fundamental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos juega un papel preponderante. Si se unen todos los instrumentos, puede haber una decisión para establecer la responsabilidad estatal y la responsabilidad individual”.
En ese sentido, recordó que “la CIDH abre la puerta a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, termine profiriendo una decisión en torno a las acciones que realizó -y realiza- el presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo, y todas las estructuras que facilitan esta crisis humanitaria”.
