23 de julio 2024
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Grupos armados progubernamentales y otras organizaciones afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron “violaciones y abusos graves de los derechos humanos contra miembros de la Iglesia católica que habían participado en las protestas de 2018 y habían sido críticos del Gobierno”, determinó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, presentado este 22 de julio de 2024.
“Algunas de estas violaciones y abusos constituyen, a su vez, los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, deportación y persecución por motivos políticos”, concluyó el informe.
Los expertos señalaron que las violaciones y abusos afectan “los derechos a la libertad y la seguridad de la persona, las garantías procesales y un juicio justo, no ser sometido a actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la reunión pacífica y una nacionalidad, así como de los derechos a las libertades de opinión, expresión, conciencia, pensamiento y religión y circulación”.
Además, precisaron que la represión contra miembros de iglesias evangélicas “demuestra que el espectro de los perfiles de víctimas ha pasado a ser aún más amplio”, abarcando no solo a personas consideradas opositoras o críticas, “sino también a personas vinculadas con grupos que tienen capacidad de movilización social autónoma”, por considerarlas “una potencial fuente de riesgo al status quo que el Gobierno estableció en Nicaragua”.
Pretenden eliminar voces críticas
EL GHREN detalló que, desde 2018, el Gobierno “ha venido implementando un plan discriminatorio con el fin de eliminar todas las voces críticas y cualquier amenaza al control del Estado”.
“Con la deportación y privación arbitraria de la nacionalidad de miembros de la Iglesia católica, el Gobierno buscó silenciar a aquellos que públicamente habían manifestado su desacuerdo con las acciones del Gobierno”, indicaron.
También denunciaron que, con el cierre de las iglesias de otras confesiones cristianas, el Ejecutivo orteguista “buscó anular la capacidad de convocatoria y movilización social que pudiera amenazar su poder”.
Mencionaron que con el fin de acallar las voces críticas y “limitar la influencia que tienen la Iglesia católica y otras iglesias cristianas en la sociedad nicaragüense”, el Gobierno “estableció y siguió una estrategia basada en violaciones sistemáticas” de los derechos humanos contra sus miembros, que incluyen detenciones arbitrarias, deportaciones, “así como el cierre de organizaciones sin fines de lucro que apoyaban socialmente a personas en condiciones de vulnerabilidad, universidades donde se ejercía libremente el derecho a la libertad de pensamiento y conciencia e iglesias de otras confesiones cristianas con gran poder de convocatoria”.
Torturas y tratos crueles
Los expertos documentaron una serie de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes a sacerdotes católicos y líderes de otras denominaciones cristianas cuando estuvieron prisioneros en las celdas del complejo policial Evaristo Vásquez de la Dirección de Auxilio Judicial (El Nuevo Chipote) y del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro (La Modelo).
"Estos actos incluyen: largos interrogatorios; amenazas; desnudez forzada; prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes; luz artificial continua; y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes", mencionan.
El Grupo de expertos concluyó tener "motivos razonables" para creer, que, en algunos casos, todos los tatos sufridos en la prisión "alcanzaron el umbral de la tortura, debido a su combinación, carácter prolongado, la presencia de otros factores estresantes o vulnerabilidades y los graves daños psicológicos y físicos que provocaron sobre las víctimas".
Entre abril de 2018 y marzo de 2024, el GHREN logró documentar 73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, de los cuales 69 eran hombres y 4 mujeres.
“Entre las personas detenidas se encontraban sacerdotes, pastores y miembros de iglesias evangélicas, seminaristas, personas laicas que realizaban trabajo periodístico y/o artístico en defensa de los derechos humanos en organizaciones religiosas y feligreses”, refiere el documento.
Violación del derecho de miles de feligreses
En el nuevo informe, el Grupo de Expertos señaló que la consecuencia de las acciones del Estado “fue la disuasión de cualquier nueva iniciativa de crítica y expresión pública contra el Gobierno, organización o movilización, incluso nuevas iniciativas de mediación”.
Advirtieron que las violaciones y abusos “lograron suprimir, a largo plazo, cualquier voz crítica y organizada de religiosos, feligreses o laicos en Nicaragua”.
“La persecución de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas también violó el derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su derecho a la libertad de religión, con efectos en otros derechos como la libertad de conciencia, expresión y opinión”, afirmaron.
Sostienen que las prohibiciones gubernamentales de celebración de actos religiosos públicos y masivos y la criminalización por manifestar la pertenencia a una iglesia “generaron temor en la población”.
“Muchos sacerdotes y religiosos han huido de Nicaragua y miles de feligreses han dejado de asistir a misas y cultos por miedo a ser hostigados por la Policía y luego criminalizados”, explicaron.
63 víctimas y pruebas documentales
Para la elaboración del informe, el GHEN entrevistó a 63 personas (38 hombres y 25 mujeres) “afectadas directa e indirectamente por ser miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas”.
Examinaron “cientos de fuentes secundarias y abiertas como publicaciones en línea, blogs, foros, videos en YouTube y otras plataformas de redes sociales donde se publica de forma abierta o semipública (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram, entre otras), para corroborar y contextualizar la información recabada, incluyendo documentos confidenciales”.
Precisaron que algunos testimonios recabados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Meseni), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), entre otros, fueron utilizados para este informe “con el consentimiento de las personas entrevistadas, a fin de evitar una posible revictimización”.
El GHREN, creado por la ONU, había anunciado en marzo de 2024 que seguiría ampliando el segundo informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde marzo de 2023 hasta febrero 2024.
